Hay 55 pedidos de procesamiento, algunos desde hace años, por asesinatos, torturas y violencia sexual cometidos en dictadura. Cinco fallecieron antes que la Justicia se expidiera
El Observatorio Luz Ibarburu denuncia la falta de resolución de la Justicia penal en más de medio centenar de pedidos de procesamiento con prisión en casos de homicidios, torturas y violencia sexual, cometidos por policías, militares y civiles en el marco del terrorismo de Estado, entre 1972 y 1983.
Para las organizaciones sociales que forman este observatorio esta demora es "injustificada en la mayoría de los casos" y "revela el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado uruguayo, en particular de las que surgen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman".
Por esta razón, las organizaciones de defensa de los derechos humanos volvieron a reclamar que se adopten "medidas legislativas, administrativas y políticas para que no continúe la impunidad".
En setiembre de 2016 la fiscal Ana María Tellechea pidió el procesamiento de los coroneles retirados Julio Litovsky y Héctor Conrado Lascano por la muerte debido a las torturas de Pedro Ricardo Lerena Martinez, ocurrida el 29 de setiembre de 1975 en el Regimiento de Caballería N° 9.
Lerena, empleado de la Caja Rural y militante del MLN, fue detenido en mayo de 1975 y entonces comenzó un periplo por cuarteles y centros clandestinos de detención hasta su muerte cinco meses después.
El certificado de defunción firmado por el médico militar José Mautone estableció el ahorcamiento como causa de muerte y la versión de la Justicia militar fue que lo habían encontrado colgado en su celda. Sin embargo, los testimonios de varios familiares aseguran que el cuerpo tenía fracturas, quemaduras y otros signos de tortura y un examen realizado por los antropólogos forenses prueba que Lerena sufrió fracturas antes de morir
También en setiembre de 2016 la fiscal Tellechea pidió el procesamiento de los militares retirados Lawrie Rodríguez Freire, Néstor Casuriaga, Ruben Galarza, Hugo Arocena, Santiago Gadea, Artigas Álvarez Nieto y Alexis Grajales por el homicidio del estudiante de Agronomía y militante del MLN, Hugo De Los Santos Mendoza. La muerte por torturas ocurrió en el Regimiento de Caballería N° 6, el 1º de setiembre de 1976.
En 2006 Lawrie Rodríguez cobró notoriedad por haber ocultado en su casa al coronel retirado Gilberto Vázquez, cuando se fugó del Hospital Militar para evitar ser procesado por delitos de lesa humanidad, en 2006. Este caso está en manos del juzgado penal de 23º Turno, a cargo de Tabaré Erramuspe.
En 2016 Tellechea también solicitó el procesamiento de los militares retirados Armando Méndez, Hermes Tarigo, José Gavazzo, Jorge Silveira, Antranig Ohanessian Alaniz, Diego Cardozo, Orosman Pereira, Arquímedes Maciel, Arturo Aguirre, José Castro Díaz y Alberto Gómez Graña (hoy fallecido)
por el homicidio muy especialmente agravado Walter Arteche, cometido el 19 o 21 de agosto de 1973, en el Batallón de Infantería N° 1, en el departamento de Florida.
José "Nino" Gavazzo
Al día siguiente de su detención le avisaron a la familia que Arteche se había suicidado. La hermana pudo comprobar las marcas de tortura que tenía el cuerpo y, como había sido alumna del médico militar José Mautone, firmante del certificado de defunción, fue a visitarlo. Este caso también está en juzgado penal de 23º Turno.
En 2016 Tellechea pidió el procesamiento de los militares retirados Walter Díaz Tito
y Asencio Lucero (hoy fallecido) por el homicidio muy especialmente agravado del dirigente ferroviario y militante de la Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), ocurrida en el Hospital Militar el 13 de diciembre de 1973.
Coghlan fue torturado en el Batallón de Ingenieros N° 5 y en los Regimientos de Caballería N° 4 y N° 9. Llegó al Hospital Militar con embolia y derrame cerebral donde murió sin atención médica. Este caso también está en el juzgado penal de 23º Turno.
En 2017 Tellechea también solicitó el procesamiento de Lawrie Rodríguez Freire por el homicidio muy especialmente agravado del militante de la OPR 33, Iván Morales. La muerte ocurrió el 21 de noviembre de 1974, en el Regimiento de Caballería N° 6.
Morales había venido a Montevideo para visitar a su mujer y conocer a su hijo recién nacido y fue secuestrado en un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), lo trasladaron a la Dirección de Información e Inteligencia (DNII) y luego al Regimiento de Caballería número 6.
Por otra parte, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, ratificó el pedido de procesamiento que Tellechea realizó hace dos años de los militares retirados Líber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Balestrino (h) y Daniel Blanco por el homicidio “muy especialmente agravado” por torturas del militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Oscar Fernández Mendieta ,ocurrido el 24 de mayo de 1973.
Los responsables del interrogatorio y la tortura que determinó la muerte de Fernández Mendieta argumentaron que se cayó de una escalera en un intento de fuga y se golpeó en la cabeza. Los médicos militares Julio Rossi Salinas, Juan Navarro y el médico policial Hugo Bosch firmaron una autopsia que atribuyó falsamente la causa de muerte a un infarto de miocardio. Este caso también está en un cajón del juzgado penal de 23º Turno, a cargo de Erramuspe.
La Operación Morgan y el "300 Carlos"
El 24 de julio pasado el fiscal Perciballe pidió el procesamiento de los torturadores José "Nino" Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira y Ernesto Ramas por los delitos continuados de abuso de autoridad. A Silveira se lo acusa, además, del delito de atentado violento al pudor por haber abusado sexualmente de, al menos, de tres mujeres detenidas.
La “Operación Morgan”, que comenzó en octubre de 1975 y se extendió hasta junio de 1976, estuvo dirigido contra el Partido Comunista y la Unión de Juventudes Comunistas y supuso el secuestro y la tortura de cientos de hombres y mujeres en una casa ubicada en la zona de Punta Gorda, conocida como el “300 Carlos 2" y en el centro clandestino de detención “La Tablada”. Este caso está en manos del juzgado penal de 22 º Turno, a cargo de Nelson dos Santos.
El fiscal Perciballe también ratificó el pedido de procesamiento realizado por su colega Tellechea en 2016 de los militares retirados Carlos Rossell, José Walter Bassani, Glauco Yannone y Eduardo Ferro por privación de libertad y abuso de autoridad por el secuestro en Porto Alegre de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y de los hijos de esta Camilo y Francesca Casariego. Este caso también está en el juzgado penal de 23º Turno, a cargo de Tabaré Erramuspe.
El fiscal Perciballe solicitó también el procesamiento de los militares retirados Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Carlos Frachelle Mussio, Mario Manuel Cola Silveira, Homero González, José "Nino" Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira y Ernesto Ramas por los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y privación ilegítima de libertad. En el caso de Silveira, también, pidió el procesamiento por atentado violento al pudor y violación de varias mujeres detenidas.
Todos estos delitos fueron denunciados por militantes torturados del MLN, del PVP y el Partido Comunista en el Batallón de Infantería N° 13 y en el centro clandestino de detención “300 Carlos” entre 1975 y 1978. Este caso está en el Juzgado Penal de 28º Turno a cargo de la jueza Fanny Canessa.
Perciballe pidió el procesamiento de los militares retirados Artigas Rivera Bianchi, Víctor Stocco, Nelson Silveira, Plácido Gregorio Amorín, Julio Antonio Techera y del médico José Luis Braga por torturas a jóvenes militantes del Movimiento Marxista y del Comité de Resistencia Antifascista, cometidas en 1975 en el Batallón de Ingenieros N° 4, de Laguna Sauce.
El fiscal especializado solicitó el procesamiento por homicidio del militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por la muerte del militante del MLN Nelson Berretta, ocurrida el 15 de julio de 1972. A Berreta lo llevaron esposado hasta la calle Capitulares frente al número 1377. Cuando el auto se detuvo, se bajó y se lanzó a correr. No respondió a la voz de alto y le dispararon. Este caso está en el juzgado penal de 27º Turno, a cargo de Silvia Urioste.
En 2017 la fiscal Tellechea pidió el procesamiento de los militares retirados Nelson Coitinho, Hugo Garciacelay y Carlos Casco (hoy fallecido) por el homicidio muy especialmente agravado del militante comunista Julián Basilicio López, ocurrido en el Grupo de Artillería N° 1 “La Paloma”.
Según la Justicia militar López se suicidó. Pidió para ir al baño y mientras lo trasladaban se escapó de la custodia y se tiró al vacío. Otra vez el médico Mautone señaló en el certificado de defunción que la causa de muerte fue un “politraumatismo, con la hemorragia consecutiva”.
La Justicia ordenó exhumar el cuerpo y pidió al Grupo de Arqueología Forense (GIAF) de la Universidad de la República el estudio de los restos. El informe que presentaron los arqueólogos en 2015 descartó la caída como causa de muerte. La pericia estableció que la patología que observaron en la columna vertebral de López hacía muy poco probable que “hubiera podido dar un salto al vacío y/o una vuelta en el aire voluntariamente”. Este caso está en manos del juzgado penal a cargo de Erramuspe.
En 2016 Tellechea pidió el procesamiento de Nelson Heber Coitinho por el homicidio especialmente agravado del militante comunista y obrero de la carne Nuble Yic. Lo detuvieron en su casa el 21 de octubre de 1975,donde estaba recuperándose de un infarto de miocardio. Fue torturado en la casa de Punta Gorda, en la ex “Cárcel del Pueblo” y en el “300 Carlos”. No recibió asistencia médica y el certificado de defunción firmado por Mautone consigna la insuficiencia cardíaca como causa de muerte. Este caso también están en el juzgado }penal de de 23º Turno.
Jorge "Charleta" Gundelzoph
En 2016 la fiscal María Luzzi pidió el procesamiento de José Lemos Pintos y Jorge "Charleta" Guldenzoph por el delito de tortura de más 50 militantes de la Juventud Comunista (UJC) en la sede de la Direccion Nacional de Información e Inteligencia. En junio pasado el fiscal Perciballe ratificó el pedido de Luzzi pero lo hizo por los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad. Este caso está en el juzgado penal de 22º Turno, a cargo de Nelson Dos Santos.