El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia consideró que Uruguay está en el debe frente a la comunidad internacional por la falta de esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado, ocurridos entre los años 1968 y 1985.

Este organismo presentó ayer un documento con un balance de actuación, que también concluyó que se han registrado varios avances en la búsqueda de restos de desaparecidos y en obtener pruebas documentales que permitan continuar las investigaciones para promover acciones judiciales contra los responsables. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia fue creado en 2015 como una de las primeras medidas de gobierno del segundo gobierno de Tabaré Vázquez con la finalidad de colaborar en aclarar los crímenes de lesa humanidad.

Entre algunos avances en estos años de trabajo el grupo destacó la “respuesta a aproximadamente más de 50 oficios judiciales", la exploración con un georradar en tres construcciones del Servicio de Material y Armamento del Ejército. También destacó el desarrollo de un programa informático para la lectura y comparación de acervos documentales, junto con la digitalización de 250 mil imágenes en archivos internos y externos, la indexación de 692.761 imágenes del llamado “Archivo Berrutti” y la elaboración de la Guía de Lugares de Memoria del Pasado Reciente de Uruguay.



Por otra parte, el grupo subrayó que se realizaron excavaciones en casi 90 mil metros cuadrados en los predios de los batallones 13 y 14, una chacra en Pajas Blancas, la chacra La Montañesa en el balneario Salinas y otro predio en el balneario Neptunia. Muchos de estos trabajos permitieron la reciente localización de los restos del militante comunista Eduardo Bleier.

El grupo también señaló en su informe que pese “a contar con el absoluto compromiso del presidente de la República y la colaboración de todos los ministros, la tarea encomendada no estuvo exenta de dificultades. Estas fueron diversas y de diferente naturaleza”.

A esto se le agregaron los permanentes acosos en los predios cautelados, que en muchos de los casos “no llevaron el vallado adecuado”, donde además se comprobó una “permanente” intromisión de personas, drones, semovientes, hurtos y el “plantado de objetos extraños de todo tipo que no ayudaron a realizar el trabajo con la tranquilidad necesaria”.

“El caso más paradigmático fue el hallazgo de un explosivo en el Batallón N° 13. Informado el juez competente, éste resolvió suspender las tareas de búsqueda hasta que no hubiese garantías de que el personal no sufriría lesiones de ningún tipo. La resolución de este asunto quedó solo a cargo del Grupo de Trabajo que luego de un largo periplo en búsqueda de técnicos que no residen en el país, pudo levantar las observaciones dictadas por la sede judicial”, explica el documento.



El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, consideró que Uruguay está en debe con la comunidad internacional en virtud de los compromisos asumidos en materia de crímenes de lesa humanidad.

Michelini señaló las dos principales dificultades para avanzar en la investigación. Una es el transcurso del tiempo que va borrando pistas y la otra es “el pacto mafioso de silencio de los perpetradores, que han sido muy valientes en el momento de matar, torturar y violar a personas indefensas y han sido altamente cobardes en el momento de reconocer sus crímenes”.

Al respecto, Michelini explicó que esta tarea exige cautela y responsabilidad, en tanto también informó que están por finalizar los trabajos que se realizan en los batallones militares 13 y 14, donde ya se han encontrados restos de detenidos desaparecidos.

Buscar y esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos, digitalizar los archivos, garantizar el máximo acceso y actualizar la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad son desafíos que Uruguay deberá considerar “irrenunciables, indelegables y centrales a cualquier política en materia de derechos humanos”, dijo Michelini durante la presentación de este balance.

Michelini dijo que “cuando no hubo esa voluntad, igual la gente se movilizó y golpeó todas las puertas, porque no hay forma de hacerle entender a un hijo que deje de buscar a su madre o a una madre que deje de buscar a su hijo”.

La tarea en manos de la INDHH

La ley N° 19.822, promulgada en setiembre de este año, le encomienda la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), con el objetivo de independizar su gestión de la voluntad política del gobierno de turno, recordó el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, durante la presentación de este balance.

El documento sostiene que “sabemos que se continuará la tarea, pues el esclarecimiento de los crímenes y en particular la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos es un compromiso ético, político y jurídico que nuestra sociedad a sabiendas de la gravedad de los hechos no debe ni puede renunciar”.

El informe del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia fue distribuido entre las organizaciones sociales directamente implicadas en la situación como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT, la asociación de ex presos políticos Crysol y la INDDHH.

Justamente esta semana, el martes 5, el presidente Tabaré Vázquez recibió a los directores de la INDDHH para intercambiar información sobre el proceso de transición de los cometidos que tenía el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.


La presidenta de la INDDHH, Mariana Blengio, y los directores Mariana Motta y Juan Faroppa con Vázquez, en la residencia de Suárez y Reyes. Foto: Presidencia