Pablo Alfano

El jueves 30 de noviembre, a las 18.30 horas, en la calle Gaboto 1681 esquina Cerro Largo, se colocará una Placa de Memoria por Adán Abel Ayala Álvarez, militante político, quien fue el primer desaparecido en democracia y fuera secuestrado por el “Escuadrón de la Muerte” el 17 de julio de 1971.

Ayala era funcionario de Sanidad Policial, una dependencia que, en el momento de su desaparición forzada, funcionaba en el edificio de Gaboto y Cerro Largo, en Montevideo, donde un colectivo formado por sus familiares y varias organizaciones sociales colocarán la placa (1).

En julio de 2020 la Justicia Penal confirmó que, durante el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco, se creó y financió un aparato represivo clandestino conocido como “Escuadrón de la Muerte” dirigido desde el Ministerio del Interior, que se encargó de secuestrar, torturar y asesinar a personas vinculadas a organizaciones de izquierda. 

Durante todo 1971 había democracia, pero se vivía un extraño clima electoral y Miguel Sofía uno las caras más conocidas del “Escuadrón de la Muerte” ya mantenía contactos con el paraguayo Ángel Closa Cuevas, agente de la dictadura de Alfredo Stroessner, amigo del subsecretario del Interior de Uruguay, Armando Acosta y Lara, ideólogo de este comando que se dedicaba a asesinar a militante vinculados con la izquierda.

Fue durante 1971 que de la mano de este grupo formado por militares, policías y civiles desaparecieron Abel Ayala (17/7/71) y Héctor Castagnetto (17/8/71) y que asesinaron a Manuel Ramos Filippini (31/7/71), todos a manos del “Escuadrón de la Muerte” que meses después, en febrero de 1972, también cometía el homicidio de Ibero Gutiérrez. 



Abel Ayala nació el 29 de julio de 1943 en uno de los barrios más humildes de Rivera. En la escuela, y pese a las grandes dificultades económicas que atravesaba su familia, fue un alumno destacado, sabedor que el estudio podía sacar de la miseria a su familia.

En 1964 se mudó a Montevideo y se alojó en un hogar de estudiantes, ubicado en la zona del Cerrito de la Victoria. En ese entonces, comenzó a trabajar en el Servicio de Sanidad Policial como agente de segunda, mientras estudiaba en la Facultad de Medicina con la finalidad de cumplir su sueño de ser médico.

Un trabajo de recopilación elaborado por el Equipo de Investigación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente aportó información sobre el destino de Abel Ayala, luego de haber sido secuestrado la noche del 17 de julio de 1971.



La investigación establece que Ayala fue detenido mientras iba a entregarle un libro a una amiga y compañera de trabajo. Lo que realmente sucedió con el joven aún no se sabe con exactitud, aunque las confesiones del ex fotógrafo policial Nelson Bardecio, extraditado desde Argentina en 2009, aportan elementos acerca de la responsabilidad de la Dirección de Información e Inteligencia, de militares y de civiles en la desaparición.

Las revelaciones de Bardecio también apuntan en el sentido que Ayala fue asesinado al día siguiente de su secuestro, y que sus restos fueron arrojados al Río de la Plata.

Enterada de la desaparición de Ayala, su madre Lourdes Alves viajó desde Rivera hasta Montevideo para seguir de cerca la investigación sobre su hijo y manifestó públicamente que no compartía las afirmaciones emanadas de fuentes policiales que atribuyeron en aquel entonces la desaparición al vínculo con una organización de izquierda armada.

Recién a fines del año 2009, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno, a cargo de la jueza Graciela Eustachio procesó con prisión por “homicidio muy especialmente agravado” el ex fotógrafo policial Nelson Bardesio y el ex agente Pedro Freitas, por la muerte y desaparición de Héctor Castagnetto.

La jueza no se pronunció con respecto al otro imputado, Miguel Sofía, por no que no había comparecido y dictó una orden de captura internacional. Años después, Sofía fue detenido y juzgado por la muerte del joven Héctor Castagnetto, secuestrado y desaparecido el 17 de agosto de 1971.


Sofía por primera vez en el juzgado en enero de 2019                             Foto: Gastón Britos/FocoUy

Para la jueza Eustachio surge “suficientemente probado en el expediente la existencia en nuestro país de grupos parapoliciales y paramilitares (...) que actuaban clandestinamente y en forma sistemática efectuaban atentados, secuestros, torturas y homicidios, amparados por el gobierno de esa época. (...) Estos grupos tenían por objeto la represión al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y actuaban sin riesgo alguno para sus integrantes, teniendo a su disposición todos los medios del Estado”.


1) Convocan: Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Colectivo de familiares y compañeros de Abel. Apoyan: FEUU, PIT-CNT, Jacarandá y Crysol.