Sin los votos del Partido Colorado, este nuevo diseño de la Inteligencia del Estado deberá ser aprobado en el Senado antes del 26 de octubre, ya que prevé la creación de un nuevo cargo
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, sin los votos del Partido Colorado, un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que será coordinado por cuatro ministerios (Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas) tendrá control parlamentario y supondrá la creación de un cargo de director nombrado por el presidente de la República.
Además, este proyecto de ley prevé la creación de una comisión bicameral parlamentaria que fiscalizará el funcionamiento del nuevo sistema y estipula sanciones, que pueden llegar a la destitución, para los legisladores que revelen información secreta.
Esta iniciativa pasó a la Cámara de Senadores y como prevé la creación del cargo de director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado deberá ser aprobada antes del 26 de octubre, tal como establece la Constitución. Esto se debe a que a que luego de esa fecha comienza el año electoral y no se pueden aprobar leyes que impliquen la creación de nuevos cargos.
Los 12 diputados del Partido Colorado no votaron el proyecto de ley por varios motivos. Si bien aseguran que la idea es atendible, los colorados consideran que el nuevo cargo de dirección que se crea al tener que coordinar con cuatro ministerios, entorpecerá la labor de la comisión parlamentaria que, llegado un extremo, deberá convocar a cuatro secretarios de Estado para cumplir con su objetivo.
Otro punto es que el representante colorado en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la cámara baja que aprobó, por unanimidad este proyecto, fue el diputado Fernando Amado, quien recientemente abandonó el Partido Colorado. Por esta razón, los colorados consideran que no estuvieron debidamente representados, según argumento el diputado Ope Pasquet.
La iniciativa contó con el voto favorable de todos los legisladores del oficialismo y de la oposición, con algunas salvedades que expusieron en sala los diputados nacionalistas Pablo Abdala, Pablo Iturralde y Gustavo Penadés.
El diputado Penadés sostuvo que no debe confundirse las tareas de Inteligencia del Estado con el espionaje y argumentó que en su opinión sería mejor que este trabajo fuera coordinado por Cancillería y no por cuatro ministerios, como propone el proyecto.
Por su parte, el miembro informante el diputado frenteamplista José Carlos Mahía destacó que el objetivo del proyecto es crear un “sistema de inteligencia en el cual las distintas áreas del Estado que se dedican a esa actividad, pero lo hacen en forma separada e incluso aislada, lo realicen en forma sistémica”.
Esta iniciativa es, quizás, uno de los más debatidas a nivel parlamentario desde el retorno de la democracia. La idea de crear un sistema global de Inteligencia se gestó durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010).
El 23 de noviembre de 2011 se creó la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado, con el objetivo de iniciar el proceso para alcanzar un nuevo diseño en los servicios de Inteligencia.
El nuevo diseño de la Inteligencia
Así las cosas, y pese al disenso colorado, este proyecto resume años de trabajo de todos los partidos políticos con representación parlamentarias y crea, en su primer artículo, el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE) y establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de fijar la política nacional de Inteligencia con el fin de facilitar la toma de decisiones en el más alto nivel del gobierno.
Por esa razón, se establece la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, un órgano desconcentrado que dependerá del presidente de la República en coordinación con los Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, y Economía y Finanzas. Este nuevo organismo coordinará las actividades de Inteligencia, Contrainteligencia, Inteligencia estratégica de Estado, Inteligencia militar, policial, manejo de fuentes (abiertas o cerradas), entre otros asuntos.
El titular del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado será el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, quien designado por el presidente de la República, con la venia de la Asamblea General por mayoría especial de tres quintos de votos del total de sus componentes. Este jerarca podrá ser un militar retirado o un civil.
El director podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años, contados desde el término de sus funciones, sin perjuicio de que cesará en sus funciones cuando esté designado quien haya de sucederle.
El proyecto establece que "muchas de las actividades de los servicios de inteligencia deben realizarse de forma secreta, puesto que la revelación de fuentes, métodos o recursos, podrían comprometer el logro de los fines buscados. Sin embargo, esto no significa que se opere por fuera de la legalidad; las agencias de inteligencia jamás deben funcionar al margen de las reglas del Estado y los controles democráticos".
Por esa razón, el artículo 25 del proyecto de ley establece que "la Asamblea General podrá crear (según el artículo 105 de la Constitución de la República) una comisión parlamentaria bicameral con el cometido de controlar y supervisar la actuación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado donde participarán legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria".
La iniciativa también establece los procedimientos especiales para la obtención de información por parte de los órganos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. El proyecto señala que debe existir la "debida autorización" para realizar "aquellos actos que puedan afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos". También estipula "los procesos que deben seguir las autoridades de los órganos para que el personal que de ellos depende eventualmente oculte su identidad y actúe de forma encubierta".