Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter

“Cuando sucedieron ciertos hechos –dijo el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún– yo era un niño”.

Amplió luego su diagnóstico: “Hoy tenemos ingresando a la escuela militar chiquilines que nacieron en el Siglo XXI. Tenemos que tratar de buscarle una solución que le dé paz, tranquilidad, y que reconforte a todos los que puedan estar, y están seguramente muy dolidos”.

Se refería a los familiares de detenidos desaparecidos quienes hace casi cinco décadas –ya junto a cientos de miles de personas– reclaman saber la verdad, que se haga justicia, tener memoria de lo sucedido y que nunca más se repita el terrorismo de Estado.

“Creo que camino hay –especuló el militar–, soluciones que se han encontraron en el exterior y que fueron muy buenas”. Se enfocaba así, por ejemplo, en la salida política que aplicó Sudáfrica al crear en 1996 la Comisión para la Verdad y la Reconciliación: “ese es un modelo”, afirmó Erramún.

En pleno Apartheid, el 21 de marzo de 1960, la Policía sudafricana abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en Sharpeville. De esa manera mataron a 69 personas (hombres, mujeres, niños) e hirieron a otras 180. Unos días después el gobierno realizó más de once mil detenciones, proscribió al Congreso Nacional Africano y al Congreso Panafricano, lo que determinó exilio y clandestinidad como eventuales formas de evitar la captura y el asesinato.

El 16 de junio de 1976 el régimen acribilló a balazos a unas 700 personas –la mayoría adolescentes– e hirió a más de mil en Soweto (asentamiento destinado a africanos negros), como forma de detener una manifestación estudiantil contra medidas de educación implantadas por el gobierno.

Durante décadas se aplicó el terrorismo de Estado, lo que implicó asesinatos, torturas, violaciones, desaparición de personas, es decir las mismas prácticas que se emplearon en Uruguay, y a las que los militares como Erramún no llaman por su nombre, prefieren hablar de “ciertos hechos”.

Por las dudas, este nuevo jerarca del Estado Mayor que en 2016 decidió ir al velorio del dictador Gregorio Álvarez, y en coche oficial, dijo a los periodistas que “ya no hay archivos” en las Fuerzas Armadas, y que solo se pueden buscar “testimonios” de personas a las que se debe dar “garantías” de que no tendrán que afrontar consecuencias judiciales: “una solución lógica, sensata”, la catalogó. Tan “buena” como él considera a la “solución sudafricana”.

Como consecuencia del modelo asumido en Sudáfrica en 1996, se declaró amnistía para graves violadores de los derechos humanos, y por ejemplo las matanzas de Sharpeville y Soweto, como tantos otros crímenes, quedaron impunes.

Puede decirse que se privilegió la búsqueda de la “verdad”, eludiendo a la “justicia”, y que se hizo un esfuerzo por preservar la “memoria” –actos simbólicos, reconstrucción histórica, difusión masiva–, pero se quedó muy lejos de que el Estado respetara las “garantías de no repetición” de actos delictivos contra la humanidad como los que se cometieron durante el Apartheid.

El 16 de agosto de 2012, agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica acribillaron a balazos a 34 trabajadores que organizaron una manifestación para reclamar mejores salarios y condiciones de vida a la empresa Lonmin, explotadora de platino en las minas de Marikana. Además de los muertos, hubo 79 heridos y 259 detenidos. La matanza quedó impune…



Vanessa Barolsky, exinvestigadora de la Comisión para la Verdad y Reconciliación, explicó en 2016 que Sudáfrica es “hoy aún una sociedad muy dividida y en muchos sentidos se ha dividido más con el tiempo”, y que además de la “desigualdad”, se mantuvo la violencia practicada desde el Estado.

“Muchos ni siquiera fueron a la Comisión a pedir la amnistía. Pensaron que eran intocables, enviaron a operarios de menor nivel y no asumieron su responsabilidad, eso generó resentimiento interno sobre la clase de liderazgo político. Muchos de ellos siguieron viviendo en Sudáfrica. Se suponía que iba a haber alguna clase de acusación de figuras claves y máximos responsables, pero no ha habido voluntad política para eso. De hecho, hay gente a la que se le ha dado perdón y otros beneficios”, dijo Barolsky al ser entrevistada por el diario El Espectador de Colombia.

La experta recordó que “con los hechos en la mina de Marikana estábamos todos en shock al ver que el estado actual podría llevar a cabo una masacre de este tipo”, y explicó que el gobierno “reprime la información” de los hechos.

Por ello recomendó que los países deben “buscar soluciones propias para sus problemas propios” y también llamó a “hacer ahora negociaciones más duras, para no quedar con asuntos inacabados en el futuro, como nos sucedió a nosotros”.

Garantías y eufemismos del general

El general Erramún parece desconocer que en Uruguay ya existió una supuesta salida como la sudafricana, en realidad más rígida y favorable para los represores –ni siquiera debían concurrir a ninguna comisión de la verdad– y que duró 25 años…

La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado cobijó a los homicidas, torturadores, violadores, quienes aún con esas “garantías” –que ahora vuelve a reclamar Erramún– jamás aportaron un solo dato para contribuir a la verdad. Por el contrario, plagaron el escenario de mentiras, las que fueron rebatidas por el trabajo de organizaciones de derechos humanos, investigaciones periodísticas y por unos pocos integrantes del sistema de justicia.

De acuerdo al derecho internacional las amnistías “propician la impunidad e impiden a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales de investigar y procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos”.

“Las amnistías son particularmente incompatibles con delitos que representan serias violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otras”, en opinión la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (sentencia Caso Barrios Altos vs Perú).

Las garantías de no repetición buscan justamente erradicar escenarios propicios para la impunidad, porque no debe alimentarse la idea de que un Estado puede cometer crímenes contra la humanidad amparándose en mecanismos para evitar ser responsabilizado por sus graves violaciones a los derechos humanos.

Tales garantías incluyen la medida de “revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos”. Y es por ello que luego de 25 años de impunidad el Estado uruguayo erradicó la ley de caducidad, que ahora un jerarca militar –niño cuando ocurrieron “aquellos hechos”– desea reinstalar usando eufemismos clásicos de la jerga represora y empaquetando la maniobra bajo el título de “modelo sudafricano”.