Algunas de las denunciantes el día que se presentó la demanda, en octubre de 2011. Foto: Dónde están.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a realizar una “visita virtual” a Uruguay para conocer los motivos de la falta de acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia y tortura sexual durante la dictadura.

La solicitud fue planteada durante una audiencia pública sobre el tema que se realizó este jueves, 10 años después de la presentación de la denuncia judicial en los estrados judiciales uruguayos. Hasta el momento, el proceso continúa en una fase inicial, con un solo condenado, el coronel Asencio Lucero, ya fallecido.

Durante la audiencia la CIDH también se comprometió a dar apoyo técnico a las denunciantes a fin de acompañar el proceso judicial que se lleva a cabo en Uruguay.

“El tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”, dijo durante la audiencia Blanca Luz Menéndez, una de las denunciantes.

Las 14 mujeres que participaron de la instancia estuvieron acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República. De la audiencia también participaron representantes del Estado uruguayo y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al momento de la detención, las denunciantes eran militantes de distintos partidos políticos y gremios y estuvieron detenidas en diferentes puntos del país. “La consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados, sino que, así como en muchos otros contextos represivos y de conflicto, la violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujer”, expresó CEJIL en un comunicado.

El Estado uruguayo, a través de la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Marina Sande, manifestó que el país “reconoce, condena y repudia los abusos y aberrantes crímenes” de la dictadura y sostuvo que desde la recuperación democrática el país “ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crímenes”.

Sande destacó la labor que realiza la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad respecto a la “búsqueda de los restos de los desaparecidos” y la persecución penal de los responsables de los crímenes de la dictadura, aunque en realidad omitió señalar que la Ley N° 19.822 le encomendó en 2019 las investigaciones sobre el paradero de los detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

La funcionaria también sostuvo que en el caso de violencia y tortura sexual la Justicia ya había “finalizado las investigaciones que permitieron alcanzar un conocimiento fáctico de la situación así como identificar a los responsables”.

Sin embargo, la realidad es que más de 100 personas entre oficiales militares, médicos, psicólogos y personal de tropa fueron denunciadas, pero solo una de ellas - el capitán Asencio Lucero, ya fallecido- fue procesada, no por torturas ni violencia sexual, sino por reiterados delitos de privación de libertad.

El Estado también anunció que este viernes 19 de marzo se realizará una audiencia indagatoria para avanzar con la investigación de otros dos acusados. “Esta convocatoria, pendiente desde 2018 y realizada con inmediatez a la instancia internacional, es una evidencia más de que el impulso procesal es posible si el Estado quiere”, consideró CEJIL, organización de derechos humanos representada en la audiencia por Maria Noel Leoni y Flor de María Meza.

“Hemos sido sometidas a procesos de re-victimización. Nos han hecho declarar varias veces y revivir las situaciones de violencia y violaciones sexuales”, dijo Jaqueline Gurruchaga, otra de las denunciantes durante la audiencia.

Para CEJIL, contrariamente a lo expresado por los representantes del Estado uruguayo, su respuesta “fue deficiente. Sin perjuicio de reconocer y condenar la gravedad de los hechos, el Estado, a través de representantes del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, omitió asumir responsabilidad por las causas en la dilación en la justicia o por la ausencia de políticas en materia de verdad, justicia y reparación y no avanzó compromisos y propuestas específicas que pudieran dar respuesta a los reclamos de las víctimas”.

Estas dilaciones procesales, “muchas veces consecuencia de los múltiples recursos presentados por las defensas, fueron justificadas por el Estado como el ejercicio de derechos y formalidades procesales que deben respetarse, aún cuando coincidieron que perseguían generalmente fines manifiestamente dilatorios”.

“Lo que el Estado le dice a las denunciantes es que lo que les queda es esperar y seguir teniendo paciencia”, mientras sus victimarios “abusan de figuras procesales que el propio Estado entiende tienen fines dilatorios”, expresó Leoni.

Por su parte, la presidenta de la CIDH y relatora para Memoria, Verdad y Justicia, Antonia Urrejola, dijo que asegurar el acceso a la Justicia en este caso “es un reto urgente. Ha pasado mucho tiempo y los avances en las investigaciones son muy lentos”.

Urrejola recordó que los crímenes de violencia sexual y conflictos armados fue “invisibilizado” durante muchos años en los países de América Latina. La comisionada dijo que la violencia sexual fue utilizada como “herramienta política para acallar a los opositores, a la disidencia” por las dictaduras del continente y expresó su deseo de que “este sea un espacio de escucha para esos silencios que ustedes llevan tanto tiempo queriendo que sean oidos”.

Mirá el video de la audiencia completa: