Mónica Robaina / Sudestada / @juanalacrazi

El militar retirado Dardo Barrios, encargado de las sesiones de tortura en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y agente de Inteligencia Militar (S2) entre 1972 y 1976, se presentó ayer ante la Justicia de Maldonado, tras ser extraditado desde Paraguay, donde se encontraba prófugo.

Sus abogados, habituales defensores de ex militares vinculados con delitos de lesa humanidad, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el represor quedó libre, aunque no puede salir del país. Por esa razón, fijó domicilio en el Círculo Militar.

El Zorro Barrios, denunciado por haber torturado a decenas de jóvenes durante la dictadura, está vinculado con los asesinatos del militante nacionalista Francisco Chocho, del integrante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, Eduardo Mondello, y sindicalista de la construcción y edil suplente comunista, Horacio Gelós Bonilla.

Sobre las primeras horas de la tarde salió del Juzgado de 10 ° Turno de Maldonado con aire compungido. Rodeado de custodias policiales, algunos de ellos encapuchados, el ex militar subió a la camioneta que lo condujo a la libertad. Había llegado al Centro de Justicia fernandino poco antes del mediodía, extraditado desde Paraguay a pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

El Zorro debía responder únicamente por las torturas que, en el marco de una convocatoria nacional realizada por la organización Crysol, denunciaron en 2011 casi 20 ex presas y ex presos detenidos en el Batallón de Ingenieros N° 4 de Maldonado, entre 1972 y 1976.


El Zorro, ayer, al salir del juzgado. Foto: Gentileza Daniela Mesón

Según los testimonios y documentos recopilados por Perciballe, durante esos años Barrios se dedicó a infringir apremios físicos a decenas de jóvenes, casi todos de 18 a 25 años, militantes del Comité de Resistencia Antifascista (Craft), del Movimiento Marxista, la Unión de Juventudes Comunistas y el MLN, que hacían propaganda contra la dictadura mediante pintadas y volanteadas.

El Zorro apenas pasaba los 20 años de edad, pero ya contaba con un impresionante entrenamiento para ordenar o realizar sesiones de tortura (plantones, picanas, violaciones, submarinos) hasta que los médicos del batallón evaluaban las secuelas de los apremios y determinaban “si era posible seguir con los tormentos”.


El campito paraguayo y los pulmones

Ahora, el represor tiene 67 años y luce una imagen de paisano desaliñado. Quizás porque, según señaló en el juzgado, se dedica a “arreglar” los “1.600 metros de pasto” que posee junto a su casa de Villa Florida, localidad del departamento paraguayo de Misiones, donde fue detenido el 4 de diciembre pasado.

Quizás pensando en la posibilidad de una prisión domiciliaria, El Zorro alegó ante la Justicia que es hipertenso y que, por ser fumador, sólo le funciona el 20% de los pulmones, según las actas judiciales a las que accedió Sudestada.

Barrios aseguró que su detención en Villa Florida le sorprendió. “No sabía por qué estaba requerido. Yo no estaba prófugo, y acepté que la extradición fuera rápida”, lanzó, aunque su pedido de captura internacional trascendió en mayo de 2018, cuando el fiscal Perciballe pidió procesar a seis oficiales y funcionarios del batallón por torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura cívico-militar.

Eso fue todo lo que Barrios declaró, gracias a la estrategia de la defensa a cargo de la abogada del Centro Militar, Graciela Figueredo, y de Emilio Mikolic, expertos en defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad.

Los dos abogados solicitaron la clausura y el archivo de la causa por prescripción. Cuando el fiscal Luis Pacheco -subrogante de Perciballe durante la feria judicial- les recordó que para la fiscalía tales delitos son imprescriptibles, Figueredo y Mikolic solicitaron una declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 (interpretativa de la ley de caducidad) y así obligaron a detener el proceso hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El máximo órgano judicial podría tardar unos seis meses en expedirse. Pero también puede acogerse al artículo del Código General del Proceso (CPP) que permite acelerar el trámite por “resolución anticipada”, cuando “ya existe jurisprudencia sobre otra acción de inconstitucionalidad similar a la que se evalúa, o cuando existe la convicción de que la defensa utilizó el recurso para postergar un fallo”.

En este caso, se trata de la misma estrategia dilatoria que han presentado otros indagados por crímenes de la dictadura, patrocinados por estos mismos abogados. Esta vez, el fiscal Pacheco resolvió aplicar por analogía una modificación del nuevo CPP que habilita a dictaminar medidas cautelares, antes de suspender el proceso por excepción de inconstitucionalidad. Como no existe un procesamiento, no pudo ejecutarse la medida cautelar de privación de libertad, explicó Pacheco en rueda de prensa.

No obstante, la jueza del caso, Ana María Guzmán, acogió su pedido e impuso a Barrios “el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento del tribunal”, la “prohibición de ausentarse de Montevideo sin autorización” judicial, y “el cierre de fronteras con retención de los documentos de viaje”, que quedarán en custodia en la Jefatura de Policía de Maldonado.


Malestar entre los denunciantes

Para los doctores Gonzalo Peloche y Leonardo "Gino" Pereira, abogados de los denunciantes, la jornada judicial tuvo un desenlace previsible aunque no perdían esperanzas de lograr un procesamiento inmediato para el jubilado militar. En Crysol, organización de ex presos políticos que promovió la denuncia y que ayer convocó a una movilización frente al juzgado, reinaba un fuerte malestar y gran desazón, que se podía comprobar al escuchar algunos de los insultos que recibió el represor.


Los abogados Gonzalo Peloche y Gino Pereira, junto con María del Carmen Salazar. Foto: Sudestada

También mostraron su indignación los manifestantes del SUNCA que se concentraron para exigir verdad sobre el paradero de los restos de su dirigente Horacio Gelós Bonilla, asesinado tras haber sido torturado, en 1976. “¡Asesino, ya vas a caer! ¡Tarde o temprano vas a caer!”, gritaron, en dos ocasiones: la primera, cuando la Policía les hizo creer que en un auto que circuló hacia la calle Michelini iba el represor.

La segunda, cuando lo vieron subir a una camioneta sin matrícula y escabullirse rumbo a la Jefatura de Maldonado, donde entregó sus documentos de viaje antes de quedar en libertad. “¡Asesino, ya vas a caer! ¡Tarde o temprano vas a caer!”, insistieron.


Los abogados de siempre

El domicilio fijado por Barrios es el Círculo Militar, institución que además de facilitarle una dirección, le ofreció a su principal asesora jurídica como defensora. Graciela Figueredo, quien ayer se molestó cuando algún periodista le preguntó quién era y se mostró reacia a dar su nombre, figura en el staff jurídico del Círculo.

Junto a Rossana Gavazzo y Estela Arab, asumió la defensa de todos los ex militares implicados en el caso Gelman. Además, defendió a José Nino Gavazzo en el caso del Plan Cóndor y a Pedro Barneix en el caso del crimen de Aldo Perrini, y recusó a la ex jueza penal Mariana Mota, por su participación en una Marcha del Silencio.

A Mikolic se lo ubica como el abogado del Gustavo Torena, más conocido como el Pato Celeste, procesado por falsificar documentos para viajar indebidamente al exterior. Pero también fue el defensor de Miguel Dalmao en el caso que investiga la muerte de la militante de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.


Figueredo, Mikolic y Napoleone, ayer, al salir del Centro de Justicia de Maldonado. Foto: Sudestada

Figueredo y Mikolic recibieron la visita de su colega Jorge Napoleone, secretario del intendente nacionalista Domingo Burgueño en la época en que Dardo Barrios trabajaba como jerarca del área municipal de Deportes.

Actualmente, Napoleone es abogado del médico José Luis Braga –otro ex funcionario de las intendencias blancas en Maldonado-, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por esta misma causa judicial. Aunque no estaba entre los citados, Napoleone estuvo toda la tarde en los pasillos del Centro de Justicia, aguardando el desenlace de la jornada.

Caso Chocho quedó afuera por un “error” administrativo

Ana María Chocho, hija del comerciante y militante blanco Francisco Chocho, asesinado en el Batallón N° 4, participó de la movilización en el tórrido mediodía fernandino. Bajo el brazo llevaba una carpeta con documentos del caso y las únicas fotos que mantiene de su padre: una junto a ella, el día en que se casó, y otra acompañado por connotados dirigentes blancos.

Lo recuerda como un hombre grande, fuerte, temperamental. Quizás por eso el día que lo detuvieron, se resistió y dejó un tendal de milicos por el piso. “Por eso le hicieron un submarino y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, aunque el certificado de defunción se realizó sin autopsia y no tiene nada que ver con los hechos”, relató la mujer a Sudestada.

Chocho era taxista y dueño de un restaurante en Maldonado. La noche del 14 de octubre de 1972 fue detenido junto a otras personas y lo trasladaron para ser interrogado en el batallón de Laguna del Sauce. Murió a causa de las torturas que le aplicaron.



Cansada de batallar pero sin perder la esperanza, Ana María agregó que lleva dos años esperando la exhumación de los restos de su padre, para confirmar que murió por torturas. Ahora que Barrios volvió obligadamente a Maldonado, confía en que la abogada del caso, María del Carmen Salazar, logre reactivar la causa.

Salazar fue citada por la jueza Guzmán para ayer, miércoles, pero al llegar al juzgado supo que el caso había quedado fuera de la instancia debido a “un error” en el expediente de extradición. La abogada adelantó a Sudestada que se comunicará con el fiscal Perciballe –quien aún está de licencia- para plantearle la ampliación del pedido de extradición a Paraguay. Con esto, Barrios podría ser interrogado también por el crimen del comerciante y militante del Partido Nacional, que continúa sin resolverse.

Breve semblanza de un torturador

Nacido el 7 de Julio de 1952. Ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1968, del Arma de Ingenieros. Era cadete en 1971, ascendió a alférez en 1972, a teniente en 1976, capitán en 1982 y a mayor en 1989.

Barrios es egresado de la célebre Escuela de las Américas, en Panamá, donde realizó el curso de contrainsurgencia “Internal Security Operations CC-6” entre el 1° de enero y el 5 de febrero de 1971. Allí fue compañero del ex comandante del Ejército Carlos Díaz y del torturador Gustavo Taramasco, entre otros.

En 1972 se desempeñó en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4. Entre 1973 y 1974 trabajó en el Batallón de Ingenieros Nº 1. Volvió como S2 (Inteligencia militar) al Batallón de Ingenieros en 1976 y de allí al Servicio de Información y Defensa hasta 27 de abril de 1982.