¿Qué balance realizaría en torno a lo que se ha hecho en la temática Derechos Humanos e Impunidad en la actual administración desde el Ministerio de Defensa?
No me corresponde hacer balances o juicio de gestión. Pero me hago cargo de cosas de mi gobierno. Sin embargo es imperioso recordar que en el Informe de Seguimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace sobre el caso Gelman. Allí se hace hincapié en ciertos obstáculos para el fiel cumplimiento de dicha sentencia. Si bien el calibre grueso es contra la Suprema Corte de Justicia, que está en franca omisión, hay componentes de la misma que corresponderían.
Por diversas razones fundadas la Corte afirma que el Estado uruguayo tiene medidas a cumplir con avances y otras están pendientes de ejecución. Recordemos las obligaciones que dispone la Corte IDH y deduzcamos todos el balance que se desprende de ello. La Corte IDH hace señalamientos muy estrictos. Creo que en esto el Ministerio de Defensa Nacional tiene inevitables responsabilidades pendientes.

¿Cuáles son?
La obligación de adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales.
También la obligación de implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicialdel Uruguay.
En tercer lugar la obligación de continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Irureta Goyena.
Por último, la obligación de investigar los hechos del presente caso y determinar las correspondientes responsabilidades y obligación de garantizar que la Ley deCaducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), al carecer de efectos, no vuelva a representar un obstáculo.
En mi modesta opinión, toda fuerza armada tiene registros estrictos de lo que se planifica, luego se ejecuta y luego se archiva. Información tiene que haber. Debemos conseguirla, a partir de la voluntad política, la persistencia y el juego de pruebas. No puede ser que los cuarteles de la patria sigan siendo campos clandestinos de la muerte. No honra a los Oficiales, ni a su mando político.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos en esta materia para el próximo gobierno?
Me recuerda un cuento de Mauricio Gatti, que fue éxito editorial y salió desde la cárcel de Punta Rieles, cuando la calidad plástica de Mauricio le explicaba a su hija los motivos de su detención: En la selva hay mucho por hacer.
Los gobiernos del Frente Amplio quebraron la impunidad. Demostraron que se podía investigar a pesar de la Ley de Caducidad. Que no hubo ni motines, ni acuartelamientos. Que toda la negativa blanqui-colorada, incluso y a pesar de resoluciones de la CIDH como la 29/92 (dribleada por toda la diplomacia política de la época) fueron inútiles frente a una lógica que tiene el derecho humanitario y la memoria. Que tarde o temprano la justicia avanza, y se conoce la verdad.
La mordaza(o la sanción) a jueces como Reyes, Cavalli o Recarey eran trabas que surgían de la colaboración del poder político con una visión reaccionaria de una parte del Poder Pudicial. Lamentablemente hay resabios de ello que pugnan por trabar y trabar. Por lo cual, se necesita una coherencia y voluntad política de avanzar de cualquier forma para saber toda la verdad y para garantizar la independencia y autonomía de los magistrados, jueces y fiscales.
El Poder Ejecutivo no puede avanzar sobre el Judicial pero debe garantizar la plena vigencia de su autonomía y velar por el fiel cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de DDHH.
Algunos dicen, ya está, se acabó, no jodan más con los DDHH y dejen tranquila la cosa.
Es importante reiterar: perdonarán o no, olvidarán o no, las víctimas y sus familias. El Estado democrático solo debe asegurar la plena vigencia de la justicia.
Para una fuerza progresista y humanista solo puede actuar en coherencia con el compromiso con la verdad y la justicia, como ha afirmado el Presidente electo TabaréVázquez.

¿Cómo percibió las declaraciones de Eleuterio Fernández Huidobro respecto a Serpaj?¿Qué interpretación le da usted?
Las declaraciones de Fernández Huidobro sobre SERPAJ son inadecuadas para un ministro. Son infamantes proviniendo de un compañero de izquierda con la trayectoria de quien es. No tienen nada que ver ni con la conducta de este gobierno ni con la tradición democrática del Frente Amplio. Ninguna de las biblias lo ampara: ni la Constitución, ni el Programa del FA.
SERPAJ ha sido y es una organización demasiado importante en la defensa de los DDHH como para que se la insulte de esa manera. Todos recordamos al ayuno que encabezaron Luis Pérez Aguirre y Ademar Olivera para clamar por la Amnistía General e Irrestricta, el 25 de agosto de 1983 coronado por la primera gran caceroleada anti dictadura. Es un jalón de la lucha que seguramente para algunos no ha tenido suerte de inventario. Precisamente, quienes desde varios frentes intentábamos acumular fuerzas como sea, apreciamos esta valiente actitud. Nunca pensamos que eran un monigote financiado por el imperio.
Fernández Huidobro ha tenido siempre un cruce con el tema DDHH y siempre se ha empecinado por desconocer el profundo valor revolucionario y democrático de esa plataforma. Es una concepción maniquea y militarista de la política.
En otra línea, podría haber disentido amablemente con las consideraciones planteadas. Si él cree que es un gesto humanitario promover las sugerencias de la Cruz Roja a fin que los reos de lesa humanidad con mucha edad pasen a cárcel domiciliaria, lo puede defender con altura y admitiendo que pueden haber varias lecturas. No necesita, repito, en este tema tan delicado, atacar de esa manera. A nadie. Porque quien es humanitario para unas cosas, debe tener un grado de humanitarismo para todo.
Por otro lado, en un alarde irónico, solicitar permiso a SERPAJ para torturar y entonces sí conseguir información es inadecuado para un ministro. Ningún funcionario público puede estar proponiendo o sugiriendo como hipótesis la comisión de un delito grave, y la tortura lo es (aunque no esté tipificada por el Código Penal) con cualquier fin. No se debe torturar a nadie. Con permiso o sin permiso de nadie. Es un delito grave, tiene una historia brutal (que el ministro conoce) y no puede banalizarlo de esa manera.