La Fiscalía penal de Montevideo de 2ª Turno solicitó que se condene a una de las caras visibles de la organización Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza,y al activista Álvaro, Jaume como autores penalmente responsables de un delito de atentado especialmente agravado, con una pena de 24 meses de prisión.

En el mismo dictamen del fiscal Gilberto Rodríguez, al que accedió Sudestada, se solicita condenar al ex secretario general del sindicato de municipales de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela y a los activistas Diego y Eduardo Jaume como cómplices del delito de atentado especialmente agravado, con una pena de ocho meses de prisión.



Todos ellos estuvieron en una protesta realizada el 15 de febrero de 2013 en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras la decisión de trasladar a la ex jueza Mariana Mota de la materia penal a la civil. Mota tenía entonces a su cargo unos 50 casos vinculados a crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar y los acusados participaron de la protesta contra este traslado, en el entendido que implicaba una nueva la postergación de las investigaciones para aclarar asesinatos y desapariciones.



En aquella oportunidad, el entonces fiscal penal Gustavo Zubía (actualmente diputado por el Partido Colorado) pidió el procesamiento por los delitos de atentado y asonada, este último luego fue declarado inconstitucional por el máximo órgano judicial.

Frente a esta nueva solicitud, el abogado Juan Fagúndez, defensor de Varela, Leites, Zabala y Álvaro y Diego Jaume, solicitó que “se decrete la prescripción” del caso. “De considerar vigente la causa” Fagúndez solicitó que se “absuelva a los acusados” porque “no sólo existen filmaciones, fotos, testimonios de los jefes del procedimiento, sino que es claro que en la participación de los hechos acusados participan más de 50 personas”, señala el petitorio de la defensa al que también accedió Sudestada.

Fagúndez señala que se recogió el testimonio de la ex jueza Mota y de varios testigos, entre ellos periodistas y fotógrafos que cubrían la protesta y “de sus testimonios surge claramente que, la visión acusadora toma sesgada y parcialmente el desarrollo de la situación”. “Ninguno de ellos, únicos testigos en la causa, consideró de quienes se encontraban allí lo estaban para atentar contra algún funcionario, y que tampoco reconocieron conductas que se hubieren cometido en tal sentido”, señala Fagúndez.



El 24 de abril de 2015 la Suprema Corte de Justicia (integrada por Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar) declaró inconstitucional el artículo 145 del Código Penal que prevé el delito de asonada.

Luego de un largo periplo judicial, y un año después de que el tribunal especial declarara inconstitucional el delito de asonada, la Suprema Corte de Justicia revisó el caso y falló en sentido contrario: el delito de asonada, por el cual en 2013 habían sido procesados los siete activistas que invadieron la sede del Poder Judicial, pasó a ser constitucional. Ahora, con el nuevo pedido fiscal este caso, que ya tiene ocho años paseándose por diferentes sedes penales, promete seguir dando que hablar.