Un grupo de abogados y militantes considera que no hubo “ninguna voluntad real” de aclarar este episodio y que no se cumplieron directivas de la Corte Interamericana
Los amenazados fueron los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia, el juez Frances Louis joinet, el activista brasileño Jair Kirshke, la ex fiscal Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera, el fiscal de Corte Jorge Díaz y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Este comando señaló que tenía intenciones de asesinar a tres personas de esta lista por cada nuevo “suicidio” de un militar que fuera juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura. “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, señalaba la amenaza.
Hace casi dos años Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estas amenazas y, además, le pidió en forma urgente al Estado uruguayo a que adoptara “medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de Justicia”.
La CIDH aseguró que pensaba seguir de cerca las investigaciones judiciales sobre estas amenazas y esperaba que
“se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.En el entendido que no se produjo ningún avance en las investigaciones, un grupo de abogados y militantes junto con
el Observatorio Luz Ibarburu, una petición ante la CIDH en contra del Estado uruguayo.
“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial”, señala el comunicado.
“El 1° de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse ‘con debida diligencia hasta sancionar a los responsables'. Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó que ‘las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad”, agrega el texto.
Los abogados y defensores de los DDHH que firman la carta aseguran que “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido” y, por esa razón, “hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.
Frente a esta situación, el grupo denuncia “la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalizacion de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”.
“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”, finaliza la carta.
La carta completa