Eduardo Bonomi (MI), Eduardo Turell (SCJ) y Jorge Díaz (FGN). Foto: SCJ.

El Ministerio del Interior (MI) intervino comunicaciones durante casi cuatro años, dentro del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), sin informar al Poder Judicial, por lo que incumplió un convenio que había sido firmado el 1° de diciembre de 2015. Aquel “memorando de entendimiento”, que la cartera suscribió junto a la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, tenía como objetivo establecer un protocolo de actuación a fin de llevar a cabo “interceptaciones legales de comunicaciones”.

El incumplimiento de ese acuerdo fue reconocido este viernes 30 por el presidente de la SCJ, Eduardo Turell, durante la firma de dos nuevos convenios entre las mismas tres instituciones estatales.

“Nos llena de orgullo la celeridad con la que resolvimos esta cuestión, apenas tomamos conocimiento de que estábamos en omisión a los artículos 11 y 12 del convenio del año 2015”, declaró Turell durante la ceremonia que se realizó en el Palacio Piria, sede del máximo organismo judicial.

El magistrado agregó que “en forma previa a este proceso de la firma del convenio, hicimos ya un control sobre las interceptaciones telefónicas correspondientes al mes de julio de 2019 y ese control cerró en cero, es decir que no hubo ninguna interceptación telefónica que no hubiera sido aprobada por algún magistrado del Poder Judicial”.

Más allá de esta aclaración de Turell, todavía queda por analizar la información ya entregada por el Ministerio del Interior respecto a las interceptaciones realizadas entre el 1° de mayo de 2017 y el 30 de junio de 2019. No consta en ninguna de las declaraciones realizadas el viernes que el MI haya remitido los datos de las intervenciones realizadas entre diciembre de 2015 y abril de 2017.

Omisos durante cuatro años

Bonomi, Turell y Díaz durante la firma del nuevo convenio, el viernes 30. Foto: SCJ.

El 1° de diciembre de 2015 se suscribió un acuerdo donde el MI, la SCJ y la Fiscalía coincidían en la necesidad de establecer un mecanismo “donde se determine claramente el proceso de tramitación de los requerimientos de información e interceptación legal de comunicaciones” a fin de “dotar de transparencia al procedimiento”.



Por esa razón, se acordó “desarrollar un mecanismo que permita verificar el flujo de solicitudes, las decisiones de los Magistrados con competencia en material Penal y la respuesta obtenida de las empresas operadoras de telecomunicaciones”.

Con ese objetivo las partes se comprometieron a compartir el uso del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) con “la mayor reserva”, mientras que la Justicia y el Ministerio Público se encargarían de auditar las intervenciones realizadas por las empresas de telefonía.

El capítulo II del acuerdo (artículos 5 al 9) regulaba la forma de tramitar las intervenciones de las comunicaciones dentro del SAIL, mientras que el capítulo III (10 al 12) establecía el procedimiento de revisión.

Los artículos que se incumplieron durante casi cuatro años referían a los informes que con una frecuencia trimestral debían remitir a la SCJ tanto el Ministerio del Interior como las tres empresas de telefonía que funcionan en el país (Antel, Movistar y Claro). Las intervenciones se dieron en el marco del SAIL, que desarrolló el Ministerio del Interior a fin de “procesar digitalmente el diligenciamiento” de las interceptaciones. Este sistema no incluye al polémico sistema de recolección de datos conocido como “El Guardián”.

El artículo 11 del convenio suscrito en 2015 establece que la Unidad de Apoyo Técnico (UNATEC), creada por el MI para gestionar el SAIL, debía remitir con una frecuencia trimestral “un reporte a la Suprema Corte de Justicia sobre las interceptaciones legales gestionadas en el SAIL”, donde “se detallarán cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de comunicaciones ingresadas al SAIL, y las aprobaciones y rechazos por cada Juez Penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica. Oportunamente la Suprema Corte de Justicia designará la autoridad que recibirá estos reportes trimestrales”.

El artículo 12, que según Turell tampoco se cumplió en el mencionado período, establecía que, a fin de concretar esta obligación de rendir cuentas, la cartera debía instrumentar un convenio con “el Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y las Operadoras de Telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminada por cada Magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordarán”.

Recién este viernes 30 las tres instituciones del Estado subsanaron la omisión, pero todavía no lo hicieron las tres empresas telefónicas, que tendrán tiempo hasta el 1° de febrero de 2020 para entregarle los reportes a la SCJ, a fin de cotejarlos con los remitidos por el MI.



Cuando la SCJ cuente con toda la información de ambas partes, realizará un cotejo para verificar si existen “inconsistencias” entre lo que reporte el MI por un lado, y las empresas telefónicas por otro. En caso de que eso ocurra, se pedirá una ampliación de la información y si persiste la discordancia se remitirá la documentación a la Fiscalía para que tome las medidas que considere necesarias.



En representación de las telefónicas el acuerdo fue firmado por Verónica Rudolph, directora general de AM Wireless Uruguay S.A. (Claro); Oscar Zagarzazú y Andrea Tolosa, gerente y presidente respectivamente de Antel; y Marcelo Tarakdjian, presidente de Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (Movistar).

El viernes 30 el MI, la Fiscalía y la SCJ también suscribieron un convenio para avanzar hacia la interoperabilidad de sus bases de datos, a fin de “establecer mecanismos de integración automática y en tiempo real entre los sistemas de información de las tres instituciones”.