El Estado uruguayo cree que el Juicio sobre el Plan Cóndor en Italia motivó las amenazas. Las víctimas no comparten esa idea. 

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

Se realizó este martes 11 en la sede del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) la reunión entre cuatro representantes del Ministerio del Interior (MI) y varias de las personas amenazadas por el autodenominado “Comando Barneix” en febrero de 2017.

La delegación del MI estuvo encabezada por Estela González, directora de Asuntos Internos y del Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado.

La mayoría de las víctimas no asistió al encuentro. La investigadora italiana Francesca Lessa, el activista brasileño Jair Kirshke y el juez francés Louis Joinet se encuentran en el exterior, mientras que la ex vicecanciller Belela Herrera y la ex fiscal Mirtha Guianze se excusaron por razones de salud.

El fiscal de Corte Jorge Díaz y los abogados Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia y Juan Fagúndez no asistieron, y sí se presentaron Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia.

Leonardo di Cesare, abogado del OLI y representante de Lessa y Kirischke, dijo a la salida del encuentro que oficialmente se les informó que a pedido de la jueza Julia Staricco, responsable de la causa, se realizó un nuevo análisis del expediente a fin de proponer nuevas líneas de investigación.

Ese análisis estuvo a cargo de un grupo de auxiliares de la Justicia, que se reunirá el próximo viernes 14 para coordinar esas diligencias que, eventualmente, serán informadas a los denunciantes. Por el momento, los representantes del MI sí informaron que se pedirá colaboración a los servicios de Inteligencia Policial en Colombia, Chile, España y Estados Unidos.

Sin embargo, Di Cesare confirmó que no se registraron avances en la principal línea de indagación hasta el momento, que es la búsqueda de la dirección IP de la computadora de la que partieron los correos electrónicos. “Seguimos en hipótesis, en nuevas líneas de investigación, pero las víctimas de las amenazas siguen sin tener ninguna respuesta concreta”, resumió el abogado.

Por otro lado, dijo Di Cesare, se realizó un “análisis histórico” para detectar la posible existencia de vínculos con otros comandos que actuaron en el pasado. Entre ellos se mencionó al “Comando Lavalleja” que reivindicó el atentado contra la casa del entonces diputado frenteamplista Hugo Cores el 11 de enero de 1991, o la “Guardia de Artigas”, que se atribuyó un hecho similar contra el estudio del expresidente Julio María Sanguinetti el 29 de abril de 1992.

Para el abogado Juan Errandonea, quien fue uno de los amenazados hace dos años y también forma parte del OLI, es incierto avanzar por el lado de la investigación histórica.

Errandonea dijo a Sudestada que durante el encuentro también se presentó la hipótesis de que las amenazas estuvieron vinculadas a los avances que hubo en el Juicio del Plan Cóndor que se sigue en Italia, y que tendrá un resultado definitivo en el próximo mes de julio.

“Nuestra interpretación es completamente distinta. Nosotros entendemos que es una amenaza relacionada con los juicios que se siguen en Uruguay y que apunta a atemorizar a los operadores judiciales y a los defensores de Derechos Humanos”, explicó.

“Son grupos organizados”

Placa de la Memoria instalada en el Hospital Militar, que fue vandalizada en 2018. Las víctimas creen que estos hechos tienen relación con las amenazas.

La realización de este encuentro, a 28 meses de las amenazas, surgió a partir de un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país entre el 27 y el 29 de mayo y se reunió con ambas partes.

Al finalizar su visita, las comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola leyeron un comunicado en el que agradecieron al Estado por “la información brindada en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado ‘Comando Barneix’ en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.

Sin embargo, después de la reunión de este martes 11 quedó claro para las víctimas que tales avances no se produjeron. “No visualizamos ningún avance específico en concreto”, indicó Errandonea.

Además, fue él mismo quien le planteó a las autoridades la posibilidad de vincular estas amenazas con otros hechos recientes como la vandalización de varias placas de la memoria instaladas en el Hospital Militar y en la ex Escuela de Inteligencia Militar o los hechos ocurridos en la Facultad de Humanidades contra el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF).

“Hasta ahora parece que la vandalización se ha tomado como consecuencia de algún loquito suelto, pero nosotros estamos convencidos de que son grupos organizados”, señaló el abogado del OLI.

Sin embargo, la “sensación” que predominó entre quienes participaron del encuentro en representación de las víctimas fue que “no hay desde la sede judicial un encare hacia la contextualización política de la investigación”, lamentó Errandonea.

Para el abogado, continuar la indagatoria por el lado informático “es una vía muerta, una quimera tecnológica por la que no se llega a nada”. Además, resaltó que para eventuales progresos en esa línea de investigación se requiere la colaboración de servicios de inteligencia de otros países, “especialmente Estados Unidos”. “Imaginate el interés que pueden tener los servicios norteamericanos en investigar al ‘Comando Barneix’, cuando además nunca se sabe cuál es la vinculación que hay entre los servicios”, comentó Errandonea.

En ese sentido, consideró que el envío de los correos fue apenas un medio para concretar las amenazas y que el centro de la investigación debería estar en “analizar el contexto político” de los mensajes para establecer “qué sectores pueden estar detrás de ellos”.

La Dirección de Inteligencia del Estado también se incorporó a los equipos de investigación. Ese es un dato nuevo pero no implica un avance. “Las expectativas eran pocas y ahora se confirmaron”, explicó.