El 3 de junio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió un solicitud de medidas cautelares presentada por el activista brasileño, Jair Krischke, quien figura en la lista de amenazados por el denominado Comando Barneix.

Este investigador y defensor de los derechos humanos instó a la Comisión que requiera al Estado uruguayo la “adopción de medidas de protección a su favor”.

El solicitante indicó que su situación de riesgo está relacionada con “su actuar en el rescate de la verdad histórica y en la determinación de responsabilidades de los involucrados en la Operación Cóndor, en los años 1970, en la que militares de los países del Cono Sur se articularon de manera supraestatal para capturar, torturar, matar y ocultar los restos mortales de los militantes de la izquierda”.

Krischke relató ante la CIDH que las amenazas “provienen de parte del autodenominado ‘Comando General Pedro Barneix’, que sería un grupo ilegal”.

“El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista…”, señala la amenaza.

Además de Krischke, en la lista figuran el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Federico Álvarez Petraglia, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el jurista francés Louis Joinet, y la politóloga italiana Francesca Lessa, quienes investigan aspectos del terrorismo de Estado uruguayo.

El miércoles 21 la Comisión adoptó la decisión de pedir al Estado uruguayo que proteja la vida de Krischke, que le brinde garantías para desarrollar su trabajo en Uruguay, y que informe periódicamente a la CIDH sobre el avance de las investigaciones para determinar responsabilidades sobre el accionar del Comando Barneix, un caso en el que no se ha avanzado más allá de conocer la amenaza y los nombres de los amenazados.

La Comisión consideró que “el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento”, según la resolución a la que accedió Sudestada.

En consecuencia, solicita al Estado de Uruguay que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de Krischke y para que el activista “pueda desarrollar sus labores como defensor de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el marco de sus funciones”.

Le pide también al Estado Uruguayo que “informe” a la CIDH “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar” a la medida cautelar “y así evitar su repetición”.

“La Comisión también solicita al Gobierno de Uruguay que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”, subraya la resolución.

La CIDH aclara que el otorgamiento de esta medida cautelar y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.

La decisión fue aprobado el 21 de junio, y está firmada por: Francisco José Eguiguren Praeli (presidente); Margarette May Macaulay (primera vicepresidenta); José de Jesús Orozco Henríquez; James Cavallaro; Luis Ernesto Vargas Silva (miembros de la Comisión).

La solicitud completa de la CIDH