General Pedro Barneix con el presidente Tabaré Vázquez, en 2006. Foto: Presidencia. 

Mediante un escrito presentado este miércoles 27 ante el juzgado penal de 24º. Turno, seis de los 13 defensores de derechos humanos, abogados y operadores del sistema de Justicia amenazados en enero de 2017 por el grupo paramilitar denominado Comando Barneix, ampliaron su denuncia judicial.

El escrito da cuenta de los hechos ocurridos desde el 25 de enero de 2017, cuando 13 personas fueron amenazadas de muerte por este grupo mediante un correo electrónico. Desde que el fiscal de Corte Jorge Díaz (uno de los receptores del mensaje amenazante) solicitó el inicio de un expediente para investigar los hechos, la causa tuvo poquísimos avances.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar en 2017 a otra de las personas amenazadas, el activista brasileño Jair Krischke, en ocasión de su visita a Montevideo.

Posteriormente, en enero de 2018, ocho de los amenazados enviaron una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez denunciando la falta de avances en la investigación, y un año más tarde se presentó una petición ante la CIDH para reclamar al Estado uruguayo que informara qué había hecho para buscar a los responsables de las amenazas.

En ese pedido se responsabilizó al Estado por incumplir la Convención Americana de Derechos Humanos al no garantizar a los amenazados los derechos la Integridad Personal, la Libertad Personal, la Igualdad ante la ley, la protección judicial, las Garantías Judiciales y por incumplir su Obligación de Respetar los Derechos.

A pesar del tiempo transcurrido y las acciones emprendidas, ante la impunidad de los hechos ocurridos el 25 de enero de 2017 este sábado 23 de noviembre el Comando Barneix reapareció con nuevas amenazas.

Esta vez lo hizo mediante mensajes de texto a celulares y a través del sistema de mensajería Whatsapp desde al menos ocho números telefónicos diferentes de distintas regiones de Brasil, en los estados de Rio de Janeiro, Ceará y Maranhao.

El texto del mensaje era el siguiente.

“¡ATENCIÓN!
Todo nuestro apoyo a Lacalle y Manini.
El Domingo se define el futuro de nuestra Patria.
Tenemos que votar a Lacalle como presidente con el apoyo de nuestro Comandante Gral. De Ejército Guido Manini Ríos.
Sabemos quien sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la Patria. Es una orden.
Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor.
Sabemos como tratar a los traidores.
La única opción es ganar. Antes caer de espaldas que de rodillas.
Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. Job 4:9
Seguimos en contacto.
Aguarde novedades.
Empezamos a volver.
Comando Barneix"


“A diferencia de las amenazas de 2017, que se limitaron a 13 personas y autoridades claramente vinculadas a la investigación de los delitos del pasado reciente de la dictadura, en esta oportunidad, las amenazas han abarcado un número más elevados de personas que no podemos cuantificar exactamente en este momento pero, dadas las denuncias que hemos visto en las redes sociales de Twitter y Facebook, debe ser alto y están claramente vinculadas al balotaje a realizarse el 24 de noviembre de 2019”, dice el escrito presentado ante la Justicia, al que accedió Sudestada.

“Nos parece llamativo que, después de casi tres años de silencio más absoluto, el Comando Barneix haya vuelto a reaparecer en estas circunstancias”, dice el escrito, y vincula estas amenazas al contexto de militarización de la campaña electoral que se vivió en las horas previas a la votación del domingo 24.

Entre estos hechos, señalan el video publicado por el general Guido Manini Ríos, electo senador por Cabildo Abierto, quien llamó a los miembros de las Fuerzas Armadas a votar por el candidato opositor Luis Lacalle Pou.

También señala en este contexto el editorial de la revista “Nación”, que difundió el Centro Militar, en el que se califica como “asonada” a los tres últimos gobiernos democráticos del Frente Amplio y celebra la salida de “los marxistas” del gobierno.

Por último el documento de los amenazados por el grupo paramilitar recuerda como parte de esta secuencia el robo ocurrido en la madrugada del viernes 22 en la oficina de archivos documentales donde estuvo trabajando hasta el 11 de noviembre el Grupo por Verdad y Justicia.

Si bien al principio se señaló que los ladrones entraron por un techo al cual se le estaba colocando membrana y se llevaron herramientas de obra del lugar, posteriormente el ministro de Defensa, José Bayardi, informó que se investiga si además de herramientas robaron algunos de los archivos documentales.

“No parece casualidad, entonces, que el Comando Barneix haya vuelto a reaparecer en ese contexto caracterizado por un retorno de discursos amenazantes por partes de varios líderes políticos y un contexto más amplio de amedrentamiento”, señala el escrito presentado por Francesca Lessa, Jair Lima Krischke, Mirtha Guianze, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia y Juan Fagundez.

“Después de años de silencio, el Comando Barneix se sintió envalentonado por el contexto actual y reapareció profiriendo nuevas amenazas a muchos/as ciudadanos/as uruguayos/as, hecho que nos parece de suma gravedad”, agregan.

El documento pide que se agreguen estos hechos al proceso que investiga las amenazas de enero de 2017 y que “se dicten todas las diligencias necesarias para realizar una investigación exhaustiva de estas amenazas y rastrear sus orígenes”.

Cejil y WOLA reclaman investigación

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reclamaron este miércoles a Uruguay que investigue las amenazas del Comando Barneix y que asegure la no repetición de los hechos, además de la identificación de los responsables. 

Después de reseñar los hechos ocurridos en los últimos días, el comunicado señala que "Estas amenazas preocupantes ocurren en un contexto de tensión en el país de cara a las elecciones, en las cual se han conocido otros hechos y pronunciamientos por parte del sector militar que son contrarios al principio democrático de no intervención de las fuerzas armadas en la política. Los pronunciamientos incluyen un llamado de Manini Ríos, ahora senador electo, a votar por el candidato del Partido Nacional, y pronunciamientos de referentes militares que son contrarios a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y las garantías de verdad, justicia y reparación para los crímenes cometidos durante de la dictadura de los 70 y 80s".

Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, señaló que “Es sumamente preocupante que grupos anónimos como el Comando Barneix, así como militares en retiro, apelen al uso de las amenazas con la clara intención de influenciar en el resultado de las elecciones generales en Uruguay” señaló . “Si bien el Ministro de Defensa rechazó el contenido de los diferentes comentarios, es urgente que el Estado actúe formalmente para que no se vuelva a repetir en el futuro, pues amenazas e intervenciones de este tipo generan un clima de miedo y de intimidación que son inadmisibles en un Estado democrático", insistió Burt.

Por su parte María Noel Leoni, directora del programa del Cono Sur y Bolivia de CEJIL, dijo que “El Estado debe tomar medidas firmes para investigar de forma exhaustiva la procedencia de los mensajes y la actuación de este grupo criminal, tarea que Uruguay tiene ya pendiente desde que las primeras amenazas fueron denunciadas en 2017”.

"Es imperativo que las autoridades uruguayas y actores políticos repudien de forma contundente estas amenazas y pronunciamientos, destacando que las fuerzas armadas no deben tener rol alguno en la actividad política y en tareas de orden público, a modo de resguardar y fortalecer la profunda tradición democrática y de respeto a los derechos humanos de este país”, añadió Leoni.