Comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola durante la presentación del resultado de la visita a Uruguay. Foto: Sudestada. 

Terminó este miércoles 29 una visita de trabajo de tres días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Montevideo, con un severo cuestionamiento al Estado por la persistente impunidad en materia de violaciones a los DDHH en el pasado reciente. En especial, se cuestionó la postura de la Suprema Corte de Justicia contraria al Derecho Internacional al considerar como prescritos los crímenes de la dictadura.

“Grave”, “preocupante”, “incomprensible”, fueron algunas de las palabras que la comisionada Antonia Urrejola (relatora de Uruguay y de Verdad y Justicia) usó para definir la situación del país en esta materia durante la conferencia de prensa realizada en la sede del Mercosur. Junto a Urrejola también integró la delegación la presidenta de la CIDH, la abogada panameña Esmeralda Arosemena.

Si bien reconocieron los avances registrados con la creación de institucionalidad en materia de DDHH, como la Fiscalía Especializada a cargo de Ricardo Perciballe (a la que definieron como “un paso importantísimo”) en el comunicado final la CIDH observó “con suma preocupación la subsistencia de interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad de los perpetradores de los delitos de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas”.

En este sentido, Urrejola recordó la obligación del Estado de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al país en el caso Gelman vs Uruguay. Dicho fallo estableció que “no son admisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los DDHH tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los DDHH”.

Por ese motivo la CIDH llamó al Estado, en especial al Poder Judicial, a “cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los DDHH previstos en las decisiones de la CorteIDH y la Convención Americana”.

Según señaló Urrejola, en este aspecto “subsiste una deuda del Estado con las víctimas de violaciones a los DDHH en materia de Justicia y Verdad”. “Las torturas, las desapariciones forzadas, son crímenes de lesa humanidad, y son imprescriptibles. Y las interpretaciones en contrario son una violación a una obligación del Estado”, insistió.


Según la CIDH, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia viola una obligación del Estado con los DDHH. Foto: Sudestada. 

La comisionada aseguró que “hay una deuda del Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos de turno y de quiénes sean los responsables. Hay una deuda que le compete a la sociedad uruguaya completa”. Dijo que entre otras informaciones al respecto, la comisión solicitó la cantidad de condenados y procesados por estos delitos y al conocer los datos “me ha sorprendido lo poco que hay. Nuestra mayor preocupación está ahí”.

Urrejola explicó que hay “urgencia” en abordar y resolver este problema porque “las víctimas y los familiares se están muriendo”. “No puede ser que los familiares se mueran sin saber qué pasó con sus deudos, no puede ser que la gente que estuvo años presa no encuentre Justicia. No puede ser que un país que ha avanzado tanto, tenga esta deuda. Para mí, como chilena, es incomprensible”.

La Comisión también recordó que las reparaciones económica por las violaciones a los DDHH por parte del Estado “deben ser otorgadas en atención a su calidad de víctimas”, y que las mismas “no son incompatibles ni sustituyen los ingresos propios o subsidios provenientes de la seguridad social”. Por esa razón, la CIDH llamó al Estado a ajustar la legislación interna para “permitir una adecuada reparación a las víctimas” y evitar que, como sucede actualmente, estén obligadas a elegir entre la pensión reparatoria y otro beneficio previsional.

En cuanto a las amenazas del autodenominado “Comando Barneix” a 13 defensoras y defensores de Derechos Humanos en 2017, asunto que fue planteado en varias ocasiones al Estado por parte de la CIDH, Urrejola dijo que la comisión le planteó al Ministerio del Interior la realización de una reunión con las víctimas para informarles sobre la marcha de las investigaciones a nivel de los poderes Ejecutivo y Judicial.

“Vamos a seguir monitoreando la situación porque se trata de operadores de Justicia, de abogados, de defensores de DDHH, que para nosotros son aliados para mantener su vigencia. Por lo tanto, cuando son amenazados hay una alerta y el Estado debe actuar de manera urgente”, insistió Urrejola.

Votaciones contra los DDHH

Las votaciones promovidas por precandidatos del Partido Nacional afectan derechos, según las comisionadas de la CIDH. 

La visita puso también especial énfasis en otros temas que trabaja la CIDH, como la situación de las personas privadas de libertad, de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI.

En este sentido, las dos votaciones impulsadas este año por dirigentes del Partido Nacional (contra la Ley Integral para Personas Trans y la reforma constitucional para endurecer la política de seguridad pública) fueron cuestionadas por las comisionadas por afectar Derechos Humanos fundamentales.

La comisión destacó especialmente la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans como forma de reconocer sus derechos en base a los estándares del sistema interamericano, así como la reparación para las víctimas de persecución por su identidad de género durante la dictadura.

“Sin duda esto es un avance muy importante y muy reconocible dentro de la región”, resaltó Urrejola, al tiempo que calificó como “muy preocupante” la habilitación de un referéndum para derogar dicha ley, promovido por el precandidato del Partido Nacional Carlos Iafigliola y fieles de las iglesias católica y evangélica.

“La identidad de género es un Derecho Humano, constitutivo de la personalidad. La CIDH toma con preocupación que un derecho sea sometido a referéndum”, dijo Urrejola.

El mismo cuestionamiento se planteó respecto a la reforma constitucional impulsada por el también precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, que entre otras medida promueve la cadena perpetua y la eliminación de la libertad anticipada para “determinados delitos”.

Arosemena dijo en este sentido que Uruguay avanzó en materia legislativa con la aprobación de un nuevo código procedimiento penal, que obliga a utilizar la prisión preventiva como la última medida en aplicarse. “Se trata de un derecho humano, de la preservación de la libertad, como el bien más preciado. Hacer lo contrario es violentar estos principios y no debe ser sometido a referéndum o a una consulta”, consideró la comisionada.

Si bien el tema no fue incluido en el informe final de la visita, Arosemena aclaró que el asunto fue evaluado durante la estadía de la CIDH en el país.

Asimismo, Urrejola exhortó al Estado a avanzar en la disminución del número de personas privadas de libertad con prisión preventiva, ya que “las cifras son muy altas” y este mecanismo debe usarse como “una medida excepcional”.

Subrayó la necesidad de mejorar las condiciones de reclusión junto con la adopción de una política integral para la promoción de medidas alternativas a la prisión, de acuerdo con las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay.

Durante su estadía las comisionadas visitaron el Centro de Máxima Contención del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), donde constataron que la “infraestructura mantiene un carácter carcelario y no de socialización o rehabilitación de los adolescentes”. Según Arosemena, quien se encarga de la relatoría especializada en este tema, ese centro “no cuenta con las condiciones adecuadas para la custodia y el proceso socioeducativo de los adolescentes”.

Sin embargo, resaltó la voluntad del Estado de sustituir estas unidades por unas nuevas instalaciones que vayan en línea con los estándares internacionales en materia de privación de adolescentes en conflicto con la ley.

Además, Arosemena explicó que es necesario instrumentar un sistema estatal que articule las políticas hacia la niñez y la adolescencia. La actual institucionalidad en la materia “debe tener una rectoría que marque a todos los involucrados una línea de la política pública”, señaló.

Urrejola destacó, por otro lado, los avances legislativos para combatir la violencia basada en género, y mencionó la sentencia de 2018 que tipificó por primera vez el agravante por femicidio en el caso de una niña asesinada en Rivera. A pesar de estos reconocimientos, la CIDH planteó como “alarmante” el hecho de que la violencia de género sea el segundo delito más reiterado en el país e instó al Estado a destinar los recursos necesarios para reforzar los servicios de atención a estos casos, así como a incluir la perspectiva de género en la educación.