El profesor Alfredo Caputo, titular del curso de posgrado en Derecho Minero, de la Facultad de Derecho de la UdelaR, declaró a Sudestada que el Decreto 115/018, por el cual se reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (N° 19.175), dada su condición de ilegal e inconstitucional, "es nulo y no existe la obligación de acatarlo".

En las últimas horas trascendió que el gobierno y la UdelaR acordaron constituir una comisión integrada por los cuatro ministerios firmantes y una delegación de la Universidad, fijándose un plazo de 60 días para revisar el texto del decreto cuestionado, lo que de hecho significa haber puesto en tela de juicio su aplicación.

Pocas horas después de esa reunión el ministro Enzo Benech declaró que había recibido el planteo de la Universidad de la República y que estaba dispuesto a revisar el texto pero que tenían que demostrarle “qué es lo que está mal” para cambiarlo.

Benech contó que el texto estaba pronto desde 2015 y que lo firmó el 24 de abril junto con una gran cantidad de otros documentos. Admitió que lo “revisó” antes de firmarlo y que no le encontró problemas.

Donde sí hubo dudas sobre la aplicación del decreto reglamentario fue en la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se resolvió iniciar una investigación de oficio, dijo el director Juan Faroppa al programa Fuga de Noticias de El Espectador.

Faroppa dijo que dada la trascendencia pública que tomó el asunto se resolvió abordarlo sin denuncia previa y tomar una resolución, que se hará pública, “a la brevedad”. Ya hay antecedentes sobre la preocupación de la INDDHH sobre temas ambientales y existe un pronunciamiento crítico respecto a la polémica Ley de Riego.

En un extenso informe de 11 páginas la INDDHH consideró que la aplicación de la Ley de Riego “podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”. 
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Pedido de informes

El líder del Partido Nacional senador Luis Lacalle Pou también se hizo eco de la preocupación académica y de la sociedad civil y envió un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para conocer los motivos de la aprobación del decreto por parte del Poder Ejecutivo.

El legislador consulta al MGAP por qué considera necesario subordinar la realización y publicación de estudios científicos sobre el agua a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y si existen antecedentes en otros países de una medida similar.

Lacalle Pou consulta cuál es la posición de la cartera respecto a los cuestionamientos de la comunidad académica respecto a la imposición de “obstáculos” a la investigación con fines docentes que podrían ocasionar los requisitos planteamos por el decreto.

Entre ellos se incluyen la información previa de los objetivos generales y específicos que persigue el proyecto de investigación; cuáles son los resultados esperados, duración del estudio y cronograma de actividades; la indicación de las actividades ambientales a desarrollar; el compromiso de presentar todos los datos y resultados obtenidos; y no dar a publicidad a cualquier tipo de información especialmente de los datos obtenidos sin autorización expresa de la Dinara.