Víctor L. Bacchetta

La Red Unión Grupos de la Costa, 47 agrupaciones de habitantes de la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico de Uruguay, de los departamentos de Colonia, San José, Canelones, Maldonado y Rocha, envió a las autoridades competentes una carta expresando su “disconformidad con las acciones sistemáticas de falta de cuidado” que están generando una “devastación constante de las zonas costeras”.

Varios proyectos costeros promovidos y en ejecución por las intendencias y empresas privadas, a veces con autorización del gobierno nacional, están generando conflictos con los vecinos por su alto impacto ambiental, la vulneración de las normas vigentes, la ausencia de consulta de algunas obras y la desvalorización de los conocimientos científicos y los saberes locales sobre la dinámica de esos ecosistemas.

“Para garantizar la supervivencia de los sistemas costeros, especialmente sus playas, así como la identidad de los paisajes costeros consideramos de carácter urgente cambiar el sistema de planificación, gestión, administración técnica y control ambiental”, expresa la red, para lo cual propone un trabajo mancomunado entre la academia, la sociedad civil, los gobiernos departamentales y el Estado.

Frente a lo que consideran la primacía de intereses privados ante los bienes comunes y la destrucción del acervo social y cultural de las poblaciones locales, la propuesta de los vecinos a los gobiernos es la creación de una mesa ambiental, conformada por los actores involucrados en la temática costera, para instrumentar un protocolo de actuación que permita avanzar hacia una gestión sustentable de la zona.

Conflictos locales

En San José, las tierras altamente contaminadas por la producción agropecuaria y el arrastre por las lluvias de los agroquímicos inciden en la proliferación de cianobacterias en la costa del Río de la Plata a lo largo del balneario Kiyú. A lo anterior se suma la fuerte erosión en la costa suroeste y los posibles impactos del Proyecto Neptuno de extracción de agua para el suministro de agua potable en Montevideo.

En Canelones, los vecinos de Parque del Plata están solicitando la detención de las obras en la desembocadura del arroyo Solís Chico y que, al cabo de un año, están lejos de mejorar y reclaman la creación de una mesa de diálogo con la participación formal de las autoridades y de las comisiones locales, tanto para rever el proyecto costero como para el seguimiento de los trabajos posteriores a realizar.

En el mismo departamento, los vecinos demandan el control de las autoridades sobre las edificaciones en zonas de barranco en la costa del balneario San Luis y cuestionan asimismo la autorización de proyectos mineros sobre la franja costera. Aquí también existen dificultades para establecer un diálogo entre los vecinos y las autoridades a cargo de esos proyectos y, al mismo tiempo, del cuidado del ecosistema.

En la costa de Maldonado hay una serie de conflictos generados por emprendimientos inmobiliarios privados sobre el cordón dunar que invaden espacios de interés público por excepciones municipales a la ley y la ausencia de estudios de impacto ambiental debido a la categorización otorgada por el Ministerio de Ambiente.



Entre estos proyectos se encuentra DELAMAR 2, en la desembocadura del arroyo Maldonado, COLLETTE, en la barra del mismo arroyo, y Cauce Laguna Blanca en el balneario Manantiales. En el balneario Buenos Aires, además del proyecto La Orilla, hay construcciones particulares en zona de playa a lo largo de toda la costa.

También en Maldonado, desde 2019 se suceden las obras de remodelación de la rambla entre San Francisco, Punta Colorada y Punta Negra sin participación de las organizaciones de vecinos de la zona, que ven afectado su derecho de acceso a la información pública para conocer el fundamento de los trabajos en curso.

Manifiesto de la red

Red Unión Grupos de la Costa, Noviembre 2021

A las autoridades y a la opinión pública:

La Red Unión de Grupos de la Costa surge en el año 2018 en la Primera Jornada Encuentro Costero, realizada en Punta del Este, como organización de segundo nivel, a partir de la inquietud de distintas agrupaciones de la costa de Maldonado, Canelones, Montevideo y Rocha de vincularse para tratar problemáticas comunes.

Al día de hoy la conforman 47 agrupaciones de distinto tipo como son Comisiones vecinales, ONGs, Movimientos sociales, organizaciones vinculadas a la academia, gremios estudiantiles, etc. Además, la Red integra a profesionales, técnicos y especialistas en temáticas costeras y conocimientos asociados y trabaja en conjunto con la Asamblea Regional En Defensa del Ambiente Costero (AREDAC), que une agrupaciones vecinales de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Algunos de los acuerdos básicos en los que se sustenta esta organización es el fomento del buen dialogo y la no identificación con ninguna manifestación político partidaria, así como la necesidad de realizar acciones para proteger y conservar la zona costera de nuestro país.

Uno de los principales objetivos de la Red Unión de Grupos de la Costa es aunar esfuerzos para generar acciones de mitigación y regeneración en la zona costera ante la alarmante situación de la misma, así como alertar y evitar todas aquellas situaciones que generan deterioro en los sistemas costeros. La Red Unión tiende a una gestión colaborativa y participativa de la zona costera como camino esencial para lograr la sustentabilidad de la misma.

La Red Unión de Grupos de la Costa manifiesta su profunda disconformidad con las acciones sistemáticas de falta de cuidado asociadas al manejo y control de los espacios costeros, que se vienen realizando desde los ámbitos de decisión como las Intendencias y los Municipios costeros, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Asistimos a la ejecución de obras de notorio impacto ambiental que revelan la ausencia de coordinación entre las autoridades competentes, establecida por las normas vigentes.

Asimismo, la participación de la sociedad civil organizada y del público en general no es tenida en cuenta por las autoridades, lo cual impide el análisis de acciones concretas previo a la implementación de las mismas, lo que habilita la ilegalidad de muchos de los procedimientos ejecutados en estas zonas de alta susceptibilidad ambiental.

Denunciamos la devastación constante de las zonas costeras, de bien común y de vital importancia para la salubridad de los ambientes que habitamos. El carácter inconsulto de estas obras, la falta de comunicación y la ausencia de diálogo, vulneran claramente las normativas vigentes que prevén en forma expresa autorizaciones, plazos y la participación ciudadana a través de organizaciones sociales sensibles a estos temas, y a los vecinos de las zonas afectadas.

Observamos que a la hora de realizar acciones concretas priman los intereses ajenos a los de la preservación del ambiente o al manejo sustentable del mismo. Se pasan por alto, a su vez, los conocimientos científicos y los saberes locales asociados a las dinámicas del ecosistema costero, así como el acervo social y cultural de las poblaciones que habitamos estos territorios.

Si bien los impactos sobre la costa vienen de larga data (forestación con especies exóticas invasoras, modelo urbanístico privatizador de bienes públicos, carencia de ordenamiento territorial, turismo depredador), hoy son injustificables. Si aquellos pueden ser explicados por lo que se ignoraba, las intervenciones de hoy que atentan contra la zona litoral activa, son de temeraria negligencia, provocando la reducción de su tamaño y la capacidad de recuperación propia del ecosistema.

Los sistemas costeros están perdiendo su resiliencia ante el aumento de eventos extremos y presiones antrópicas, sumado a la falta de respuesta de los tomadores de decisión, aumentando así las dificultades para enfrentar desafíos ambientales futuros.

La voracidad inmobiliaria es alimentada por una gestión de gobierno funcional a los intereses privados y no al del bien común, decidiendo unilateralmente y profusa en declarar excepciones, priorizando intereses privados por sobre el interés general. En algunos casos se han librado al dominio privado tierras que eran de dominio público u otorgado permisos de construcción en zonas declaradas para expropiación por leyes nacionales, lo cual es totalmente inaceptable para esta agrupación.

Esta red, en el año 2018, presentó una denuncia pública, con reclamos similares a los aquí expuestos, donde consideró que era urgente realizar una revisión del modelo de planificación y gestión de la franja costera. Hoy, a tres años de silencio respecto a esta solicitud, sigue considerando de carácter urgente cambiar el sistema de planificación, gestión, administración técnica y control ambiental, para garantizar la supervivencia de los sistemas costeros, especialmente sus playas, así como la identidad de los paisajes costeros que entendemos de suma importancia tanto para los residentes locales como para el turismo de "Sol y Playa", tan relevante para nuestro país.

Por todo esto:

● Proponemos la creación de una mesa ambiental, conformada por todos aquellos actores involucrados en la temática costera, con una fuerte representación ciudadana, de tal manera de instrumentar en conjunto un protocolo de actuación antela realización de intervenciones en la zona litoral activa así como en las zonas aledañas que influyen en la misma y avanzar hacia una nueva manera de gestionar la zona costera en general.

Un manejo costero integrado que involucre sin excusas a la sociedad civil organizada, vecinos y ciudadanos interesados de manera vinculante.

● Exigimos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, de la Ley No 17.283 de Protección del Ambiente, la Ley No 19.772 Directriz de Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del Espacio Costero del Río de la Plata y el Océano Atlántico yla Ley No 19.773 que ratifica el Acuerdo de Escazú.

● Pedimos una pronta y fructífera comunicación, con el fin de generar una instancia de diálogo para comenzar a trabajar en conjunto ya que estamos siendo testigos del acelerado deterioro y la pérdida de nuestro sistema costero debido al mal manejo de su gestión.