Alarma” en Naciones Unidas por “intentos de socavar” estos organismos independientes en América Latina y el Caribe, expresó la Alta Comisionada, Michelle Bachelet
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió este jueves un pronunciamiento público en el que expresa su
“alarma” debido al
“creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder”.
Según Bachellet, en los últimos dos años su oficina ha recibido un número creciente de denuncias de Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson de la región, que
“han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”.
En una lista de los incidentes reportados el comunicado menciona el caso de Uruguay en medio de una lista de países donde hay funcionarios que hostigan a estas instituciones.
Así, el comunicado de la ONU enumera las
“amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de la INDH en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal”.
Además, la alta comisionada resaltó que
“preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú”.
Bachelet también cuestionó que
“no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina” durante diez años. “El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”.
En el caso uruguayo, los cuestionamientos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) han surgido desde miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con distinto grado de agresividad.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que la INDDHH funciona como “un club político” del Frente Amplio, cuando el organismo cuestionó procedimientos policiales. Incluso llegó a cuestionar su constitucionalidad.
En esa misma línea realizó cuestionamientos en varias ocasiones la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech se
negó a votar el presupuesto de la INDDHH en el parlamento porque consideró que
“es absolutamente innecesaria”.
Más recientemente, fue el
Partido Colorado el que cuestionó a la institución por su postura ante el genocidio del pueblo charrúa, ocurrido en Salsipuedes el 11 de abril de 1831.
Una labor “crucial”
“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, sostuvo la declaración de Bachelet.
“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, expresó la alta funcionaria de Naciones Unidas.
La Alta Comisionada recordó que las instituciones de derechos humanos que funcionan en la región
“tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección” y que eso puede suponer un reto para los gobiernos, pero dijo que estos
“pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar”.
En el contexto actual de la pandemia, estas instituciones
“desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19”, explicó Bachelet.
La
INDDHH en Uruguay es un órgano estatal autónomo, creado por la Ley Nº 18.446 en 2008, que tiene dependencia administrativa del Poder Legislativo.
“Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes”, dice la ley.