Víctor L. Bacchetta

El 19 de febrero último, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó el diligenciamiento de la prueba en la demanda por inconstitucionalidad de varias organizaciones sociales contra las modificaciones recientes de la Ley de Riego. Al mismo tiempo, la SCJ tiene a estudio una medida cautelar, solicitada por los mismos actores, para suspender todo nuevo proyecto de riego hasta que se decida la controversia constitucional.

No obstante, en forma paralela fueron presentados en la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) nuevos proyectos a los que se ha dado curso. La novedad en el último caso es que la Dinama del gobierno saliente, a diferencia de los casos anteriores, le adjudicó la categoría A que no requiere estudio de impacto ambiental (EIA) ni audiencia pública.

El proyecto en trámite fue presentado el 3 de diciembre de 2019 en la Dinama, que lo derivó internamente al Área de Evaluación de Impacto Ambiental donde se le adjudicó la categoría A. El proyecto pasó luego por la Asesoría Jurídica de la Dinama, que lo devolvió sin modificaciones el 6 de marzo último. La otra singularidad del caso es que la decisión final debe ser tomada por el gobierno asumido el 1° de marzo.

El Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II es propietario del proyecto que propone la construcción de una represa de agua para riego en la 4° Sección Catastral del Departamento de Río Negro, sobre el padrón N° 6385 de 1863,6 hectáreas. Por una resolución del 17 de junio de 2019, el gobierno de Tabaré Vázquez otorgó a la firma TMF Uruguay la titularidad de la tenencia y explotación de ese inmueble rural.


TMF Uruguay es una sociedad anónima administradora de fondos de inversión y de fideicomisos que tiene a su cargo el Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II. Este último declara tener como objetivos "proveer a los inversores retornos a largo plazo logrados esencialmente a través de la valorización del activo tierra, y a la vez, aunque en menor medida, del producto del arrendamiento de esas tierras".

La calificadora de riesgo CARE dio su aprobación al Fideicomiso Tierras Irrigadas II al considerar que ofrecía garantías en la construcción financiera y en la capacidad de gestión de su agente, el grupo Bearing Agro, que piensa comprar 20 mil hectáreas en un plazo de cinco años. El foco de Bearing es la compra de campos agrícolas en que pueda instalarse riego y hacer también algo de forestación y ganadería.



Por el decreto 152/2020, la SCJ le dio un plazo de 15 días a OSE, UTE, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a la Facultad de Ciencias de la Udelar y a la Corte Electoral para proporcionar las pruebas requeridas en la demanda de inconstitucionalidad realizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y la Federación de Funcionarios de OSE.