Víctor L. Bacchetta

Llega a su fin la autorización por el Ministerio de Ambiente del sistema de descarga en el río Negro de los efluentes de la nueva planta de celulosa de la multinacional UPM. La viabilidad del proyecto en ese lugar depende de si es aceptable el impacto de esos efluentes sobre la calidad del agua del río. Esto debió ser definido antes de otorgarle la autorización ambiental, por razones políticas no fue así y la evaluación realizada en paralelo con la construcción de la planta tenía un único desenlace posible, la aceptación.

Las razones políticas que se sobreponen al proceso de evaluación ambiental de este proyecto fueron la decisión previa de la empresa de instalar la planta en el río Negro y que esta decisión, junto con una serie de exigencias adicionales, quedó plasmada en el contrato firmado por el gobierno uruguayo. De ahí en adelante, las actuaciones del estado se dedicaron a facilitar la implantación del proyecto, dando por sentado que estaban garantizadas la conveniencia para el país y su viabilidad ambiental.

El 9 de julio de 2018, UPM presentó a la entonces Dinama la solicitud de Autorización Ambiental Previa (AAP) y el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) de la planta de celulosa proyectada. El 26 de julio, la División Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC), comunicó que este ESIA no se ajustaba a los Términos de Referencia definidos por el organismo oficial. La empresa debió confeccionar un segundo ESIA que fue presentado en la Dinama el 3 de setiembre.

El 28 de diciembre, la DEAC respondió que el modelo numérico utilizado para mostrar que la descarga de los efluentes de la planta no afectaba significativamente la calidad de agua del río Negro no era satisfactorio. Tras señalar que no existía una línea de base que permitiera validar los resultados del modelo utilizado, la DEAC requirió nuevos ensayos con una calibración adicional, con diferentes concentraciones de componentes del efluente y diferentes caudales mínimos de la represa.


En la misma comunicación, la DEAC le solicitó a UPM que explicara “las medidas a tomar por la planta ante eventos de sequías extremas”, que no estaban contemplados en el ESIA. La empresa respondió que, si la represa no puede liberar un caudal igual o superior al mínimo acordado, la producción debe detenerse. UPM agregó que, en ese caso, la planta debe “contar con la información con suficiente antelación para poder iniciar un proceso de detención de actividades en forma armónica” (sic).

La DEAC requirió que se evaluara también la posibilidad de liberar el caudal desde la represa en forma discontinua con el fin de “reducir los efectos indirectos que generará sobre la operación de la central hidroeléctrica”. Los técnicos oficiales propusieron que se estudiaran varios escenarios: vertido mínimo continuo las 24 horas del día; vertido durante 18 horas y el resto del día cerrado, así como vertidos durante 12, 8 y 6 horas, cuando la demanda de energía es mayor, y el resto del día cerrado.

Tras la realización de los ensayos, la respuesta de UPM no dejaba lugar a dudas de su parte: “El Escenario Base elegido corresponde a una operación de la Planta en su capacidad máxima, vertiendo un efluente de 1,22 m3/s con descarga continua, con una carga de efluentes coincidente con los valores límites (...) El Escenario Base se complementa con un caudal mínimo de vertido continuo por la Represa Gabriel Terra de 65 m3/s, que se considera un aspecto integral del Escenario” (sic).

La empresa se respaldaba con las conclusiones del informe de los ensayos realizado por el ingeniero Ismael Piedra-Cueva. La ausencia de flujo desde la represa “tiene como resultado la generación de una pluma con baja dilución (...) durante el lapso de tiempo en el cual no hay descarga", afirmaba el técnico. "En consecuencia, el escenario de descarga continúa del caudal mínimo de 65 m3/s es el que minimiza la presencia de estas zonas de baja dilución”, concluyó.

En el Informe Ambiental Resumen para la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública de la planta de celulosa, UPM expresaba que “los estudios de intermitencia realizados permiten afirmar que la mezcla presenta deficiencias en los períodos en que el caudal de descarga se reduce a cero, lo que no se ve compensado por los caudales más altos en los períodos de descarga”. Y agregaba: “Las situaciones más aceptables se obtienen cuando el período de caudal cero es menor a las 6 horas”.

Las imprevisiones cuestan caro

La resolución ministerial 690/19, del 14 de mayo de 2019, que otorgó la autorización ambiental previa a la planta de celulosa, se supeditó a la autorización del proyecto en detalle de la planta de tratamiento de efluentes y el sistema de descarga en el río. Sin cumplir el año previo de mediciones para definir la línea de base del ecosistema en la zona, se autorizó el inició de la construcción de la planta en octubre, haciendo que aspectos claves del proyecto pasaran a definirse en paralelo con la obra.

En enero de 2021, la planta de tratamiento y el sistema de descarga de los efluentes no estaban autorizados por insuficiencias de los datos presentados por la empresa. Entonces, UPM solicitó y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aceptó separar ambos elementos para “avanzar con la mayor agilidad posible”. Las subdivisiones, como se hizo con la planta, el tren y la terminal portuaria, habilitan autorizaciones por partes, como si fueran independientes, desvirtuando así la evaluación ambiental.

Para el Catedrático de Ecología en la Universidad de León, España, Estanislao de Luis Calabuig, profesor invitado en la Maestría de Medio Ambiente en Uruguay, subdividir un proyecto en partes es una alteración del principio fundamental de la evaluación. “El potencial impacto ambiental es el del conjunto del proyecto ya que el medio ambiente no responde de manera diferencial a cada una de las partes sino como un sistema, teniendo en cuenta las múltiples interacciones que pueden existir”, explica.


Cianobacterias en el río Negro

El 1° de febrero Peña firmó la autorización de la planta de tratamiento de efluentes. Las informaciones seguían siendo insuficientes, pero la DEAC consideró “relevante el compromiso de UPM de regular la producción de la planta y la generación de efluentes hasta cumplir con las cargas y concentraciones de los efluentes exigidas” (sic). Una confianza no confirmada pues, poco después, se le aplicó una multa por iniciar la construcción de esa planta sin el plan de gestión ambiental requerido.

Finalmente, a comienzos de agosto, la DEAC propuso la autorización del sistema de descarga de los efluentes de UPM, no sin antes volver a analizar la posibilidad de que el caudal proveniente de la represa fuera intermitente. Esta vez se analizaron siete escenarios para llegar, luego de enjundiosos informes, a la misma conclusión. Solo el escenario de un caudal mínimo continuo de 80 m3/s permite llegar a los niveles de dilución requeridas para el efluente dentro de la zona de mezcla definida.

Parece obvio que, si el río está cortado por dos represas y ambas están cerradas, esa sección del río se convierte en un lago sin corrientes interiores. Y si sobre ese lago se descargan en forma continua los efluentes contaminados de una planta, es evidente que la contaminación va a permanecer y aumentar porque no tiene por donde fluir. Sudestada confirmó que la búsqueda de una alternativa se origina en la preocupación por las pérdidas económicas que ocasionaría el flujo mínimo continuo.

Desde el inicio del proyecto, la condición establecida en el contrato de proporcionarle a la planta de celulosa un flujo mínimo desde la represa fue planteada por UPM como un beneficio ambiental, porque reduciría las floraciones de algas y otras consecuencias de la contaminación presente en el río. Si bien es cierto que le daría mayor circulación al agua, no es real que disminuirá la contaminación, porque “el compromiso” de UPM es no agravar el nivel actual, pero le está imponiendo una carga adicional.

El flujo constante puede tener, además, costos económicos relevantes para UTE, por la pérdida de agua cuando no hay demanda de electricidad que lo justifique y por el daño de las turbinas si operan con bajo caudal por un largo período. Este problema se resolvería si mientras la represa no libera agua tampoco lo hace el emisor de UPM. Esto requeriría la descarga transitoria del efluente en una enorme pileta al costado de la planta, algo no previsto por el proyecto ni estipulado en el contrato.

Otra opción sería que UTE almacenara la energía sin destino generada por el flujo continuo de las represas, lo cual exigiría una gran inversión del ente. Puede resultar raro que se estén tratando estos problemas a una altura tan avanzada del proyecto, pero sucedió algo similar con el tren para llevar la celulosa al Puerto de Montevideo. Incumplimientos e imprevisiones le salen muy caro a Uruguay, a diferencia de UPM, que puede incluso retirarse del proyecto sin mayores consecuencias.