En abril de 1975, en plena dictadura cívico-militar, integrantes del Ejército detuvieron a 39 niños y jóvenes  militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que tenían entre 13 y 18 años que fueron torturados en el Batallón de Infantería N° 10. Se trata de uno de los casos más graves de la represión ejercida por el Terrorismo de Estado, debido a la edad de las víctimas y a la magnitud de los derechos violados.

 

Entre el 12 y el 15 de abril los militares detuvieron a 39 niños y jóvenes y abusaron sexualmente de ellos en el cuartel de Treinta y Tres. A la mayoría fueron a buscarlos a la casa o los detuvieron camino al liceo. A Mabel Fleitas, de 17 años, se la llevaron con la madre y las tres hermanas. Carmen tenía 18, Alicia 16, y Marisa, la menor, había cumplido 13. Este caso no es el único de una detención colectiva. 

 

“Hubo familias que tuvieron dos, tres y hasta cinco hijos presos en ese momento, como las familias Fleitas, Pertuy Franco, Almeida, Fernández, Díaz, Figari, Olivera y Nacimiento”, dijo Liliana Pertuy. Como eran tantas las madres detenidas con sus hijos, para identificarlas, los militares les colgaron un cartel en el cuello: “Madre de las Pertuy”, “Madre de las Fleitas”.

 

Los tuvieron encapuchados y de plantón, las manos atadas con alambre, los privaron de agua y comida, les aplicaron picana, submarino, los quemaron con cigarrillos, los colgaron, los golpearon y obligaron a montar sobre una barra de hierro.

 

“En las primeras noches de detención cuando el dormitorio era para todos el patio del cuartel, y el plantón constante, debemos de haber causado gran impresión a todas las presas del MLN que el Ejército mantenía allí porque ante el primer grito o llanto que lanzó alguna de las compañeras más pequeñas –de 13 años- llamando a su madre, le seguimos todos en coro y cuentan las presas que ellas pedían ‘¡por favor, tienen niños presos, tortúrennos a nostras, déjenlos a ellos!’; y en el infierno de los gritos clamando por nuestras madres, y el pedido de silencio que hacían los militares, aquello crecía, y llegó hasta la barriada que rodeaba el cuartel. Varios de los padres que vivían cerca, desesperados corrieron a la puerta del cuartel de donde fueron expulsados”, según la denuncia penal que patrocina el Observatorio Luz Ibarburu.

 

Los detenidos recuerdan al alférez Wellington Sarli como uno de los torturadores más crueles. Actuaba como si fuera el superior del cuartel y por eso lo apodaban el “jefe chico”. Se jactaba de interrogar a cara descubierta. Otro de los que causaba terror entre presos y presas era el también alférez Mohacir Leites.

 

Los torturadores no se preocuparon en ocultar su identidad, lo que, además, era difícil, porque en la ciudad de Treinta y Tres todos se conocen. Los militares más jóvenes coincidían con los muchachos y las muchachas en los bailes del club, la hija del segundo jefe del Batallón, el teniente coronel José María Lete, era compañera de clase de Marisa Fleitas, una de las niñas detenidas, y el médico torturador Hugo Díaz Agrelo había sido profesor de biología de muchos de ellos en el único liceo público del pueblo. 

 

El 31 de octubre de 2011 las víctimas presentaron una denuncia penal y en abril de 2012 ratificaron su declaración en el juzgado donde dieron el nombre de los militares responsables. Sin embargo, en “siete años de instrucción no ha declarado un solo indagado, es más no se han dignado a comparecer a la sede judicial”, señala el fiscal Perciballe en un escrito que presentó a la actual jueza del caso Patricia Techera. 

 

Como parte de la  estrategia de obstrucción de la justicia, la defensa de los militares retirados Rubi Daniel Feola Núñez, Pedro Buzo Correa, Juan Luis Alvez García y Mohacir Leite Urioste pidió el archivo del expediente alegando la prescripción de los delitos. 

 

Por su parte, el médico Hugo Díaz Agrelo (hoy fallecido) solicitó una excepción de inconstitucionalidad que paralizó este caso entre junio de 2012 y julio de 2014. 

 

Con estos recursos los indagados lograron detener esta indagatoria judicial con cuestiones de procedimiento ajenas al centro del caso. “De los siete años de instrucción, cuatro se consumieron en resolver incidentes que debieron sustanciarse en piezas aparte”, señala el fiscal Perciballe.

 

El escrito ratifica la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación del Estado de cumplir con las obligaciones que surgen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman en el sentido de que no puede haber normas que obstaculicen la investigación y sanción de los delitos por graves violaciones a los DDHH.

 

Por esta razón, el fiscal solicitó varias medidas, entre ellas que se conduzca a los cuatro militares al juzgado, ya que fueron citados a declarar hace más de un año y nunca se presentaron.

 

“Cuando son citados policía y/o militares a declarar sobre temas vinculados al pasado reciente, no se presentan a la sede y solo comparecen sus defensas (mediante escrito) a interponer la excepción de prescripción. Hecho constatable en el presente y que no se corresponde con lo que hacen los restantes ciudadanos del país que cumplen con su obligación de concurrir ante la citación de un magistrado. Razón por la cual, solicita que se de igual tratamiento a los citados en el presente que a los restantes indagados en las innumerables causas existentes en la sede”, señala Perciballe en su escrito ante el juzgado.

 

El fiscal también solicitó una inspección en el Batallón de Infantería N° 10, que se oficie al Equipo Especial Auxiliar de la justicia en crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior para identificar y citar a otros siete militares señalados por las víctimas como responsables de la tortura, y que se libre un exhorto a Chile para pedir la extradición del militar retirado Wellington Sarli Posse. 

 

Además, solicitó que el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina realice un informe sobre las posibles consecuencias provocadas por el tipo de tortura que los jóvenes sufrieron en el cuartel.