"A nivel del Gobierno, el grupo político predominante en el Poder Ejecutivo no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente y ha predominado en estrechos círculos gubernamentales lo que algunos analistas llaman la 'teoría de los dos demonios'. Esta significaría que los 'bandos otrora enfrentados en acciones armadas' aceptan los hechos tal cual fueron como parte de las dinámicas propias del conflicto, pero se abstienen de investigar, juzgar o sancionar a los responsables. Si bien esta doctrina ha sido generalmente esgrimida por sectores vinculados a la represión política y al terrorismo de Estado, ha resultado cada vez más claro que quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el accionar de la más numerosa de las organizaciones armadas en los años 60 y 70 ( el 'Movimiento de Liberación Nacional' -Tupamaros-) coincidirían en no indagar el pasado reciente", destaca el informe sobre Derechos Humanos de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de 36 páginas que se conoció este lunes en Ginebra, Suiza.

"La Comisión Internacional de Juristas anota algunos factores que han hecho posible un muy elevado nivel de impunidad para los autores de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar", dice el texto, que aparece pocos días después que se desatara una fuerte polémica con el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro -uno de los principales referentes del MLN- por su política de impedir las investigaciones sobre los delitos de la dictadura.

El documento titulado "Uruguay: La lucha por Verdad y Justicia en la Encrucijada" destaca particularmente la "coincidencia" que existe en la actualidad entre quienes fueron enemigos durante el gobierno militar para que no haya avances las investigaciones en la Justicia: "En Uruguay parece haber emergido una corriente coincidente entre quienes estuvieron enfrentados por las armas a los servicios de seguridad, o por lo menos algunos de los que estuvieron al mando de tales acciones. De esta manera, aun cuando pudieran existir variaciones en cuanto a la forma de interpretar el pasado, el hecho es que las dos partes del enfrentamiento armado parecen coincidir en la práctica, en cuanto a que la inacción es la mejor forma de operar respecto de la persecución penal de las atrocidades de aquella época".



Por estas razones el CIJ manifestó su convicción de que "Es crucial que el próximo Gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay haga todo lo posible para revertir la parálisis en las investigaciones de derechos humanos y dé un impulso renovado a la búsqueda de los desaparecidos". “Uruguay ha hecho grandes progresos en materia de derechos humanos y justicia social en la última década ; ahora no debe aceptar un legado de impunidad, silencio e ignorancia para las víctimas de la dictadura militar”, dijo Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas.

Tayler también hizo referencia al enfrentamiento de Fernández Huidobro con el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a quien acusó de estar financiado por el imperialismo para atacar al gobierno y sostuvo que si la organización le daba permiso para "torturar" él podía conseguir más información al respecto. “Organismos como Serpaj merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora , son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional”, indicó Tayler.

El informe también destaca la poca colaboración en el tema en la Justicia, particularmente por parte de la Suprema Corte de Justicia, que "ha emitido una serie de fallos que desconocen las obligaciones asumidas por Uruguay al ser parte de tratados internacionales de derechos humanos. De esta forma los procedimientos judiciales contra los violadores de los derechos humanos durante la dictadura se han ido estancando, al tiempo que el Poder Ejecutivo (y en particular el Ministerio de Defensa) omite cooperar con las investigaciones que aun están en curso".

El informe completo de la CIJ 

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