Uruguay ha sido un referente para todo el continente en los últimos años en el tema Derechos Humanos, al punto que recientemente el presidente Tabaré Vázquez recibió un premio por el compromiso del país en la materia.

Sin embargo, lo que sucedió este jueves en Buenos Aires, durante el 165 período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la historia y no precisamente positiva del país.

Es que por primera vez el Estado uruguayo estuvo ausente en una instancia en la que la sociedad civil iba a plantear dos temas fundamentales de la historia reciente del país: la falta de independencia de la Justicia en el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y las amenazas a operadores de Derechos Humanos por parte del autodenominado “Comando Barneix”.

La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia, asistió con “preocupación” y “sorpresa” la ausencia de representantes uruguayos, que se produce por primera vez en la historia, según dijo a la prensa el comisionado Francisco José Eguiguren, quien preside la comisión.

El integrante de la CIDH, de origen peruano, dijo que el organismo espera mayores explicaciones del Estado para justificar su ausencia, ya que ayer solamente se recibió un escrito con la posición oficial.

En la misma línea se manifestó el comisionado mexicano José de Jesús Orozco, quien apuntó que la no comparecencia uruguaya “dificulta severamente el mandato de la Comisión de monitorear” a los Estados que aceptan el sistema interamericano de derechos humanos.

Independencia judicial

Durante la audiencia sobre independencia judicial las abogadas Tania da Rosa (CAinfo) y Marina Morelli (Mujer Ahora) representaron a más de 130 organizaciones de la sociedad civil uruguaya que plantearon la preocupación por la falta de transparencia en la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano judicial del país.

El foco del planteo estuvo centrado en la negociación política que precede a la designación, que se realiza de espaldas a la sociedad y sin posibilidad de presentar propuestas alternativas o cuestionar la idoneidad de los elegidos por el sistema político.

Las abogadas plantearon preguntas como ¿de dónde parten las candidaturas?, ¿ante quién se presentan las propuestas? o ¿cuáles son los criterios para evaluar a los candidatos propuestos?, aspectos que son ignorados en el actual sistema de elección.

El Estado uruguayo no compareció ante la comisión a responder los planteos de la sociedad civil, lo cual generó molestia, preocupación y sorpresa entre los comisionados. Lo único que se obtuvo por contestación fue una carta firmada por el vicepresidente Raúl Sendic en la que dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores “comunica que no le será posible participar de manera presencial” en la audiencia y adjunta poco más de dos carillas con datos sobre la forma de elección que establece la Constitución de la República.



Eguiguren se manifestó favorable a un sistema de designación de magistrados “debe transparentarse, debe estar regulado dónde se presentan las iniciativas, si son autopropuestas o si vienen de organizaciones o ambas, conocer las hojas de vida, difundirlas para que las organizaciones de la sociedad y los gremios puedan pronunciarse respecto a los candidatos y posiblemente que estos candidatos sean entrevistados de manera pública en la asamblea legislativa y que la votación –aunque haya sido conversada antes- se realice también públicamente”.

En su breve intervención, el comisionado estadounidense James Cavallaro se limitó a lamentar la ausencia del Estado uruguayo en la audiencia, teniendo en cuenta de manera especial la cercanía con la ciudad de Buenos Aires, donde se realizó este período de sesiones. “No entiendo lo que está pasando”, expresó.

Amenazas a operadores de DDHH

El coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) Raúl Olivera dijo sentir “vergüenza ajena” por la ausencia del Estado uruguayo en la audiencia, que “desnaturaliza” el sentido de la instancia que es el diálogo a fin de perfeccionar los mecanismos de cumplimiento de los derechos humanos.

Olivera destacó la “persistencia de la impunidad” en el país en democracia, caracterizado por la falta de avance de las investigaciones judiciales de las violaciones de los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado, las amenazas a los impulsores de las investigaciones así como la persistencia de las actividades de los servicios de inteligencia sobre la sociedad civil y sus organizaciones.

Los integrantes del OLI también plantearon el tema de las amenazas del autodenominado “Comando Barneix” a diferentes personas vinculadas a las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Cuatro de ellas se encontraban presentes en la audiencia: Chargonia, Jair Krischke, Francesca Lessa y Mirtha Guianze.

Además se recordó el episodio de robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), que a pesar de haber sido denunciado y del inicio de un expediente judicial, todavía no se conocen los responsables a más de un año de sucedido. Y se enumeran las dificultades que enfrenta el país, ante la falta de una actitud decidida por parte del Poder Ejecutivo, para garantizar una adecuada provisión de Justicia transicional.

El comisionado Jesús Orozco definió como “grave” y muy “preocupante” la amenaza del Comando Barneix y adelantó que pedirá explicaciones al Estado uruguayo sobre lo que está haciendo para proteger a los defensores de derechos humanos así como investigar, procesar y castigar a los responsables.

Ninguna de estas preguntas pudo ser respondida durante la audiencia debido a la histórica ausencia del Estado, que se remitió a enviar un documento de 16 páginas en el que señala que "si bien no será posible la participación en modo presencial, el Estado ha decidido realizar una respuesta escrita".