Una delegación extranjera del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó en mayo de 2019 para verificar, de cerca, los controles que se llevan adelante para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Uruguay. Esto motivó una carrera contra reloj donde legisladores de todos los sectores políticos debieron ponerse de acuerdo para aprobar, en el Parlamento, una ley sobre terrorismo y así evitar que Uruguay pasara a formar parte de una lista gris, o una lista negra, que elabora ese organismo.

Fueron dos semanas de intensas reuniones, tras las cuales los enviados del capítulo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera (Gafialt) se fueron de Uruguay bastante conformes con las medidas adoptadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (*).

Esta última evaluación posibilitó que Uruguay quedara fuera de las listas de países que no cooperan en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comúnmente llamadas “lista negra” y “lista gris”. Si bien en varios aspectos técnicos Uruguay quedó bien posicionado, aún tiene varias recomendaciones para mejorar su eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El riesgo que representa nuestro país quedó estampado, por escrito, en el extenso informe de evaluación que Gafilat publicó el 23 de enero. “Históricamente Uruguay ha sido considerado como una plaza financiera regional y recibe importantes fondos e inversiones del exterior, fundamentalmente de los países limítrofes. Asimismo, permanentemente ha ofrecido diversos instrumentos societarios y financieros atractivos para inversores no residentes. En este marco, el país presenta un riesgo inherentemente alto con relación a la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, lo cual constituye su mayor amenaza en términos de lavado de activos”, señala el documento.


Este informe también destaca las medidas adoptadas en Uruguay en su lucha contra el lavado de activos: “Se destaca la implementación de la Ley N° 19.210, de inclusión financiera, que prohíbe el uso de efectivo para adquisiciones de bienes a partir de 4 mil dólares, lo que reduce los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, relacionados con el sector inmobiliario y de construcción, que históricamente han sido percibidos como vulnerables, y también en cuanto al sector notarial”, señala Gafilat.

Sin embargo, el gobierno electo que encabeza Luis Lacalle Pou quiere eliminar varias de estas medidas que fueron puestas en marcha con la ley de inclusión financiera y que han sido recibidas con beneplácito, según consta en varios informes internacionales.

El artículo 184 del anteproyecto de ley de urgente consideración señala que se derogarán los artículos del 36 al 41 de la ley de inclusión financiera que establecen los topes y las restricciones al uso de efectivo, para todas aquellas operaciones superiores a los 4 mil dólares.



El anteproyecto de ley de urgente consideración, redactado en su mayoría por el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, plantea derogar estos artículos, aprobadas durante el gobierno del presidente José Mujica.

“En términos generales la eliminación de la inclusión financiera constituye un retroceso, porque va en contra de la trazabilidad de las operaciones financieras que es imprescindible para controlar el lavado de activos. Creemos que esto es un problema, que se ve agravado con la derogación de la obligación del escribano de identificar el medio de pago”, explicó a Sudestada el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa.

El jerarca manifestó su preocupación porque debido a la forma en que está redactado el proyecto de ley de urgente consideración puede quedar derogada la constancia que los escribanos actualmente realizan en la escritura de compra-venta donde queda claramente detallada la modalidad de pago. “Volvemos a las normas de abril de 2018 cuando no era posible saber cómo se había pagado un inmueble. Y lo peor es que luego no existirá la posibilidad de un control posterior”, se lamentó el secretario nacional Antilavado.


Director nacional Antilavado, Daniel Espinosa. Foto: Senaclaft

“Uruguay tiene como principal riesgo el ingreso de capitales ilícitos del exterior. Los extranjeros manejan mucho efectivo. Pero si cuando quiere comprar algo en Uruguay lo obligo a pasar por instituciones financieras lo puedo controlar”, sostuvo Espinosa.

Uno de los argumentos esgrimidos por Lacalle Pou para defender estas modificaciones fue que estas medidas no impidieron el caso del sindicalista y empresario argentino, Marcelo Balcedo, quien vivía en una mansión en Playa Verde rodeado de autos de alta gama, adquiridos sin levantar sospechas. Balcedo fue procesado por blanqueo de capitales, pero cuando comenzaron a regir estos topes para el uso de efectivo, en abril de 2018, el sindicalista ya estaba detenido.

El otro argumento manejado por el presidente electo es que pretende que extranjeros de alto poder adquisitivo se instalen en Uruguay y que, para ello, es necesario flexibilizar la residencia fiscal y los controles para el dinero que puedan traer.

Puede favorecer el crimen organizado

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, también afirmó que el proyecto de ley de urgente consideración implica “un retroceso” en las políticas al combate del lavado de activos y que puede favorecer al crimen organizado. Consultado, días atrás, sobre la idea del gobierno electo de derogar varios artículos de la llamada ley de inclusión financiera, Astori dijo que la propuesta contiene “aspectos muy negativos”, ya que “lo que se conoce hasta ahora es evidentemente un retroceso respecto a los avances que hizo Uruguay”.



Por su parte, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) solicitó una reunión a la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para conocer, de primera mano, los argumentos para llevar adelante estos cambios en la ley de inclusión financiera que el gremio cuestiona.

“El mundo va cada vez más hacia economías más transparentes. Y nosotros vamos a contrapié. Vamos a que se permita la evasión, que se permita el lavado de activos”, afirmó el presidente del sindicato bancario, Elbio Monegal al analizar las disposiciones incluidas en el anteproyecto de ley de urgente consideración.

“A veces hay confusión de que a nosotros nos interesa la ley de Inclusión Financiera porque favorece a los bancarios. Esto no favorece ni a los bancos ni a los bancarios. Esto es por el país. Porque durante muchos años, a veces injustamente fuimos acusados de (ser) un paraíso fiscal. Y a Uruguay le costó muchos sacrificios, mucho dolor salir de las listas negras y grises”, manifestó Monegal en una entrevista reproducida en la página web de AEBU.


Presidente de AEBU, Elbio Monegal. Foto: Radio Camacuá

“Vas a comprar una casa de un millón y medio de dólares y podés ir con una valijita. ¿Cómo hace la oficina antilavado para saber el origen de esos fondos? Ya nadie lo va a registrar. Esto sí se presta para lavado de activos, es una cosa que rompe los ojos”, sostuvo Monegal.

Para el dirigente sindical “es absolutamente preocupante” que se promueva el “lavado de activos para evadir impuestos”. En esa línea, auguró que los cambios propuestos dejarán “un agujero enorme en la recaudación” de la Dirección General Impositiva.


(*) El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo dedicado a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Gafilat es el grupo regional dedicado a Latinoamérica.