Durante el año 2020 la cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero presentados por el sector financiero “fue exactamente igual a los presentados en el año 2019 (626 reportes), registrándose una gran disminución en los reportes presentados por el sector no financiero de aproximadamente 54% (se recibieron 68 reportes en el año 2020 y 149 en 2019)”, según el último informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU).

En 2020 los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos disminuyeron frente al año 2019 y marcaron el menor nivel desde 2017. En 2020 fueron 694 reportes frente a 775 en 2019 y 782 en 2018. La cantidad de reportes de operaciones sospechosas marca una baja que comenzó en el año 2019 cuando se quebró la tendencia creciente en la cantidad de reportes registrados entre 2011 y 2018, señala el informe de la UAIF.

En el documento se cuestiona que “históricamente, los intermediarios de valores han representado un escaso porcentaje del total de reportes de operaciones sospechosas presentados por el sector financiero, lo cual no condice con el perfil de riesgo en materia de lavado de activos que representan en promedio estas entidades en función de sus clientes y operaciones”.

Entre las posibles causas de esta “reducción significativa” en la cantidad de reportes sospechosos de lavado de activos presentados por los sujetos obligados "pueden identificarse una eventual reducción en la percepción de riesgo, como consecuencia de las disposiciones que introdujo la Ley de Urgente Consideración, aprobada en 2020, la reducción de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI (Uruguay lo pasó entre 2019 y 2020), así como también la existencia de un menor contacto con ese sector de sujetos obligados como consecuencia de la pandemia”, explica el documento del Banco Central.

Varios especialistas habían advertido a Sudestada sobre los peligros que podría originar la derogación de varios artículos de la Ley de Inclusión Financiera que cayeron con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Entre ellas que si se liberaban las operaciones para el uso generalizado de dinero efectivo, podía implicar asumir mayores riesgos en la lucha contra el lavado de dinero.

El informe 2020 del BCU asegura que “para revertir esta preocupante tendencia” de caída de los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero, “será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y los sujetos obligados”.



Entre los 626 operaciones denunciadas por el sector financiero en 2020, solamente los bancos los incrementaron (de 435 a 481) y otras instituciones de intermediación financiera (que pasaron de 1 reporte a 2). Como contrapartida, descendió la cantidad de denuncias en las empresas de servicios financieros y casas de cambio de 19 a 13, los intermediarios de valores a la mitad (de 18 a 9), los asesores de inversión a menos de la mitad (de 16 a 7), las compañías de seguros de 14 a 2 y las empresas de transferencias de fondos de 100 a 95.

“Si bien las actividades de supervisión de la UIAF y la Superintendencia de Servicios Financieros (ambas del BCU) han hecho foco en esa debilidad, el escaso número de reportes presentados por ese tipo de entidad en el año 2020 es un indicador que deberá reforzar la estrategia de supervisión en los próximos años (...) En el caso de las empresas de seguros, la caída puede deberse a la modificación introducida por la Ley 19.889 (LUC), que limita el sistema de prevención a la operativa de seguros de vida”, según el documento.

En el desglose más fino, en el documento se precisa que los 68 reportes que corresponden del sector no financiero, solamente aumentaron los reportes los abogados (de 1 a 2), asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos (de 1 a 2), mientras que explotadores de zonas francas los mantuvieron en 6. Sin embargo, señala que se redujeron notoriamente los reportes provenientes de casinos (de 53 a 27), escribanos (de 33 a 14), contadores (de 9 a 1), inmobiliarias (de 11 a 9), rematadores (de 11 a 2), constructoras (de 1 a 0) y proveedores de servicios societarios (de 23 a 5).

En el período 2016-2020, el 54,5% de las operaciones sospechosas fue denunciada por los bancos, seguido de las empresas de transferencias de fondos con 9,3%, los casinos con 7,2%, las empresas de servicios financieros y casas de cambio con 4,7% y los escribanos con 4,6%.



“Sin dudas el año 2020 ha sido muy particular y se ha visto dominado por las consecuencias de la pandemia en todas las actividades que se ha expandido mundialmente. Esta situación excepcional, que en algún tipo de sujeto obligado del sector no financiero como los casinos implicó el cese o la realización de actividades en forma muy limitada en buena parte del año, explica en ese caso particular el descenso en la cantidad de reportes. Sin embargo, no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída registrada” en la cantidad de reportes presentados entre todos los sujetos obligados del sector no financiero, señala el informe del BCU.

“Dentro de las posibles causas de esa reducción significativa en la cantidad de ROS presentados por ese sector de sujetos obligados pueden identificarse una eventual reducción en la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones que introdujo la LUC aprobada en 2020, la reducción de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI , así como también la existencia de un menor contacto con ese sector de sujetos obligados como consecuencia de la pandemia”, explicó la UIAF.

“Para revertir esta preocupante tendencia” de caída de reportes sospechosos del sector no financiero, “será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y los sujetos obligados”, señala el informe.

De todos los reportes de sospecha de lavados “se puso en conocimiento de la justicia penal competente la información relacionada con 12 casos a efectos de continuar las investigaciones en dicho ámbito al haberse detectado la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas”, sostiene el BCU. Esos 12 casos contenían “la información proporcionada en 43 reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados y en 2 investigaciones de oficio iniciadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero”.