Funcionarias del INR controlando el ingreso a la visita. Foto: Unicom. 

Anabella Aparicio / Sudestada / @anabelapa

La pandemia del Covid-19 reflotó las carencias que tienen algunos sectores en su actividad diaria. Uno de ellos es el sistema carcelario. Área que nuclea a poco menos de 12 mil personas privadas de libertad y a 1.100 funcionarios en todo el país.

Desde la semana pasada, funcionarios civiles, policiales y personal de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que atiende a privados, reclaman a las autoridades que se les proporcionen insumos básicos para trabajar en medio de esta emergencia sanitaria por el nuevo virus.

La falta de tapabocas, guantes y alcohol en gel se acentúa en algunos centros del interior. También solicitan que se cancelen las visitas a internos por al menos una semana, tomando como ejemplo acciones adoptadas en otros países. Desde el Ministerio del Interior (MI), consideran que esta medida podría generar conflictos internos y terminar en un motín, según explicaron a Sudestada.

El lunes 16 a última hora, la cartera difundió entre sus funcionarios un protocolo de actuación ante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno el viernes 13 de marzo. El texto, al que accedió Sudestada, indica que se le tomará la temperatura a todas las personas que ingresen a la Unidad Penitenciaria, utilizando termómetros infrarrojos. Quienes tengan 37,5º o más, no podrán ingresar, se les dará un tapabocas y serán enviados a su casa teniendo que llamar a su prestador de salud. Si se trata de presos que vuelven de su salida transitoria o conducción, serán enviados de inmediato al servicio médico.

En cuanto a la visita, no se suspenderá pero se admitirá solo una persona mayor de edad por interno por turno, para evitar aglomeraciones. A ellos también se les tomará la temperatura y deberán higienizarse las manos con alcohol en gel en la entrada.

Mientras que los internos, recibirán un jabón de lavar neutro cada uno, “la máxima cantidad de hipoclorito posible”, y se establecerán “cuadrillas de limpieza que contarán con aparatos fumigadores” y cada cárcel tendrá un sector de aislamiento en caso que se detecte un caso de Covid-19, para evitar que sea internado.

A su vez, se suspendieron las actividades educativas y las religiosas que reúnan a más de cinco personas en un espacio cerrado, pero se habilitan las actividades al aire libre.

“El personal, mediante la herramienta del diálogo” debe comunicar a internos y familiares sobre las medidas para “procurar su colaboración”. Lo que será respaldado por difusión de la Unidad de Comunicación del Ministerio y del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Los funcionarios, también deberán lavar a diario con agua caliente y jabón el uniforme de servicio, y recibirán un kit con detergente líquido, alcohol en gel, guantes y tapabocas, que deberán utilizar dentro de la unidad.


Problemas que se agudizan


Director del INR, Luis Mendoza. Foto: Presidencia.

El problema surgió al intentar implementar este protocolo. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Luis Mendoza, estuvo presente en Comcar a principios de la semana pasada para hablar con los familiares y explicarles la situación. También se habló con los internos y según informaron a Sudestada desde el INR y desde la oficina del Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ambas partes comprendieron la medida y lo tomaron de buena manera.

“El lunes vinieron guardias de Tacuarembó, Rivera y Artigas, para trabajar, hicieron el cambio de guardia y se encuentran que no hay tapabocas, guantes o alcohol en gel. En Punta de Rieles no tenemos ni un par de guantes y al interior, al norte, no ha llegado nada todavía”, indicó Oscar Seminio, dirigente sindical de los guardiacárceles que integran el Sindicato Policial.

Además de la demora en la entrega de elementos de cuidado, otro problema es el uso de los termómetros infrarrojos. Se compraron 40 aparatos marca INGCO por un costo de 70 mil pesos según informaron desde el MInisterio del Interior. El tema es que son aparatos de uso industrial y no médicos, y se utilizan para el control de temperatura de maquinarias.


El Ministerio del Interior compró 40 termómetros para distribuir en las cárceles. 

“Estos termómetros tienen un margen de error de más menos uno. Por lo que puede dejarte entrar gente que tenga fiebre y no te lo va a marcar. Porque se usan para tareas como soldaduras, para usar a distancia y no para personas, por lo que no es de precisión. Las autoridades no están bien asesoradas”, según explicó a Sudestada Adrián Jauregui, auxiliar de enfermería en la Policlínica de ASSE en Santiago Vázquez y dirigente de los trabajadores de la salud en cárceles, dentro de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Desde el MI, aseguraron que se pudieron calibrar correctamente y no han tenido problemas con el uso. 

El domingo 22, unas 350 personas fueron al ex Comcar a visitar internos según informaron desde el centro penitenciario, y se ha podido cumplir el protocolo. Pero en la cárcel de Punta de Rieles, los privados de libertad que son referentes en los celdarios, dijeron a las autoridades que de forma voluntaria no recibirán visitas al menos hasta que termine el pedido de aislamiento realizado por el gobierno.

El lunes 23, desde las 07.30 de la mañana comenzaron a formarse largas filas en la puerta del Ex Comcar, de personas que esperaban visitar a familiares o amigos. Los controles de distanciamiento social durante la espera no se respetaron.


La gente se aglomeró en la entrada a la visita del ex Comcar el lunes en la mañana. 


En la puerta de ingreso a la visita, se habilitó una pileta para que las personas que ingresan se laven las manos. 

“Las medidas se tienen que tomar ahora, no cuando llegue el primer caso. Cuando llegue va a ser imparable y va a ser un gran problema, por la situación de hacinamiento que hay” en las cárceles más grandes, indicó Jauregui.

ASSE hoy está a cargo de la atención en salud en alrededor del 60 por ciento de los centros penitenciarios. Algunos problemas que han tenido siempre, como la falta de batas, guantes, y materiales como alcohol, medicamentos, gasas, toallas de papel o algodón, se sienten más ahora que el país atraviesa una pandemia y hace indispensable el uso de estos implementos.

“Tenemos un solo tapaboca por funcionario y tenemos que estar todo el día atendiendo con el mismo a todos los internos. Si uno tiene el virus, nosotros se lo podemos contagiar al siguiente paciente”, aclaró Jauregui. Desde ASSE, tras una reunión este miércoles se informó a los funcionarios que están trabajando en un protocolo de atención para quienes trabajan en cárceles, y que se espera a la brevedad cubrir el desabastecimiento de materiales.

La falta de hábitos de higiene, el hecho de que en algunos centros hay hasta 12 personas por celda, la escasa limpieza en algunos centros penitenciarios y la rapidez con la que se esparce el Covid-19, tienen muy preocupados a los trabajadores que temen por su salud, la de sus compañeros y la de sus familias, además de la dispersión del virus dentro del sistema penitenciario.

Desde el MI indicaron que se está trabajando en proporcionar lo más rápido posible a los funcionarios los implementos de cuidado personal que se reclaman, pero que están limitados en algunos lugares por el desabastecimiento que hay a nivel nacional.

Uno de los planes alternativos que se encontró, es que presos de la Cárcel de Salto, Artigas y Paysandú comenzaron a elaborar tapabocas que en principio serán distribuidos para cubrir estas necesidades internas. Esto es parte de un plan piloto, y consecuencia del taller que el Sindicato de la Aguja brinda a los internos hace varios años en el centro penitenciario.


Falsas alarmas

Dos casos generaron preocupación la semana pasada. Uno fue en Santiago Vázquez. Una operadora penitenciaria tenía síntomas similares a los del Covid-19 y fue enviada a su casa para cumplir con la cuarentena. Horas después se descartó, confirmando que se trataba de una gripe.

El segundo, fue en la Unidad 1 (Punta de Rieles). Un funcionario volvió de sus vacaciones de Europa, donde visitó una de las zonas afectadas por la pandemia y por eso fue enviado a su casa para empezar la cuarentena. No llegó a concurrir a su trabajo, lo que evitó mayores alarmas dentro del centro.