Celdario de uno de los centros que funcionan en la Colonia Berro. Foto: INDDHH. 

Sofía Pinto Román / Sudestada / @sofiapintoroman

La puerta que da a la calle y luego rejas. Llamar a un funcionario para que destranque el candado, pasar, que cierre, caminar algunos pasos y toparse con otra reja, llamar a un funcionario, que destranque, pasar, que cierre. Al fondo, escondidas a simple vista, las celdas y los espacios comunes; dentro: adolescentes privados de libertad.

Así describió Tamara Samudio la entrada a los centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) que visitó en el marco del monitoreo Pandemia en la Privación de Libertad Adolescente: la respuesta siempre es el encierro, elaborado por el Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) con el apoyo de la Organización Mundial contra la Tortura (OMT).

¿Cómo influye la pandemia en la cotidianidad cuando el encierro es la norma? Cientos de jóvenes institucionalizados en el INISA por medidas de privación de libertad vieron sus actividades afectadas por la COVID-19; la consecuencia: más encierro y aislamiento.

Serpaj ya había registrado en monitoreos previos a la pandemia que algunas/os adolescentes pasaban 22 horas en sus celdas, un “encierro excesivo” que se agravó en esta coyuntura. Esta situación “es manifestada por los adolescentes como una situación angustiante, que genera ansiedad, y potencia las situaciones de tensión y conflicto al interior de los centros”, dijo Samudio.

En el informe se denuncia cuáles son las situaciones que las y los jóvenes en situación de privación de libertad están sufriendo en el contexto de la pandemia por coronavirus:

Ausencia de medidas socioeducativas. La suspensión de la educación formal presencial y el paso a la virtualidad supuso la pérdida de clases para las y los adolescentes privados de libertad por carencia de recursos materiales, falta de suplencia de docentes con licencias y criterios internos de seguridad en los centros. En muchos centros la suspensión y limitación de las actividades de educación formal y no formal no fue compensada con otras actividades educativas o recreativas que permitieran cumplir con la responsabilidad de brindar la medida socioeducativa y/o ocupar el tiempo de ocio y encierro.

Reducción de contacto con la familia y el entorno. En todos los centros, por recomendaciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, se suspendió una de las dos visitas semanales que recibían las/os adolescentes y se redujo a una única persona mayor de 12 años. Con esta medida, muchos de los adolescentes dejaron de recibir la visita de sus hermanos/as e hijos/as. En la mayoría de los centros se mantuvo la habilitación de dos llamadas por semana, de un máximo de 10 minutos (o 2 llamadas de 5 minutos) cada vez, más una llamada que es otorgada en casos de buena conducta.

Limitaciones en el acceso a la salud. A las/os adolescentes no se les realizan exámenes periódicos y en muchos centros no son asistidos de forma inmediata. En materia de salud mental, para Serpaj la situación también es preocupante: en la mayoría de los centros se continúa aplicando el tratamiento farmacológico que les fue recetado a los adolescentes en la última consulta con psiquiatra, hace más de seis meses y, en este contexto, se desconoce cómo se accedió a las recetas de medicamentos controlados y como eran los controles de dichos tratamientos.

Deficiencias de infraestructura y recursos de los centros. El deterioro de las celdas en algunos centros y la falta de higiene es de grave preocupación y vulneración a la salud de los adolescentes allí recluidos, constatándose riesgo de vida. Durante el 2020 algunos centros dispusieron de celdas de aislamiento, aunque varios de ellos registraron un crecimiento en la cantidad de adolescentes, dificultando la posibilidad de contar con espacios de aislamiento preventivo.

Traslado de módulos de ingreso (de casos positivos). Se trasladaron todas las situaciones de adolescentes contagiados hacia un único edificio, dejando un módulo para adolescentes contagiados y dos módulos en cuarentena, con una visita del Ministerio de Salud Pública para habilitar el traslado.

Estas situaciones, según el informe, van en contra de las indicaciones internacionales sobre cómo deben actuar las instituciones: “en relación a la población privada de libertad en establecimientos carcelarios, las recomendaciones internacionales impartieron directrices orientadas a la desprisionalización y descongestionamiento de los centros, promoviendo la aplicación de salidas anticipadas o medidas alternativas a la privación de libertad. Esta recomendación fue particularmente señalada para el caso de los y las niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”.


Violencia sistemática


Centro de Ingreso de Adolescentes Mayores (CIAM). Foto: INDDHH.

Samudio señaló que estas prácticas no son una novedad, sino un “recrudecimiento” en las condiciones de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal que sufren una “práctica sistemática de violencia”.

La consecuencia directa de las medidas, constatada por Serpaj en el monitoreo, es el aumento de conflictividad y episodios de violencia en los centros. El encierro, ocio excesivo, aislamiento, fragmentación y falta de funcionarios profundizaron las tensiones y los conflictos entre los adolescentes, y entre estos y los funcionarios.

En las visitas de monitoreo realizadas por Serpaj se registraron situaciones de conflicto y el uso de violencia para “reducir” a los adolescentes, realidad que se agudizó principalmente en los centros Mayores de Dieciocho (CMD1), Piedras, Pre Egreso y de Ingreso de Adolescentes Mayores (CIAM).

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) se creó como servicio descentralizado por la ley 19.367. Su objetivo “esencial” es “la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho”.

Todos los cometidos del instituto apuntan a crear ambientes seguros y vínculos sanos “teniendo en consideración el interés superior del adolescente y en estricta observancia de la normativa nacional e internacional en la materia, lo que se expresa en el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos”.

Gianina Podestá, abogada integrante del área penal juvenil del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijo a Sudestada que el instituto se caracteriza por una gran heterogeneidad. Las realidades de los centros son disímiles por las edades y perfiles de las y los adolescentes, y también por las características edilicias.

En total, según la información disponible en la página web, el INISA nuclea 14 centros: 6 en Montevideo, 7 en Canelones y 1 en Lavalleja.

Hay centros con 10 plazas para adolescentes de entre 15 y 18 años, otros de ocho plazas para la franja etaria 15-24; algunos, como el Centro Granja, que poseen terrenos al aire libre para actividades recreativas, y centros que no tienen espacios abiertos. Hay sitios en los que conviven adolescentes con procesos judiciales no acabados, cumpliendo medidas preventivas de privación de libertad, junto a adolescentes con sentencias.


Medidas sanitarias: entre las circunstancias y la voluntad


Una de las celdas del CIAM durante una visita reciente del MNTP. Foto: INDDHH.

INISA elaboró un protocolo de prevención, control y actuación frente al coronavirus que ha sido reformulado con el avance de la pandemia, consignó el informe de Serpaj y confirmó a Sudestada la representante del Frente Amplio en el directorio del instituto, Andrea Venosa.

En el documento se establecen pautas para el ingreso de las personas a los centros: tomar la temperatura, colocar alcohol en gel, usar mascarillas y respetar el distanciamiento social. Podestá aseguró que de acuerdo con los oficios de la INDDHH el protocolo se está cumpliendo, salvo algunos casos excepcionales. En los centros se distribuyeron tapabocas, alcohol en gel y termómetros.

El informe “Monitoreo de las condiciones de privación de libertad de adolescentes en el marco de la pandemia por Covid-19” del MNPT constata que las autoridades de INISA tomaron como medidas: la suspensión de los traslados entre los distintos centros y de todas las visitas familiares (restringiendo a una sola persona por visita por adolescente); pausa de las actividades culturales, profesionales y sociales; reforzamiento de las pautas de higiene y reducción de los horarios presenciales de los técnicos.

Podestá acordó con el informe de Serpaj (que tomó como insumos algunos de los oficios de la MNPT) en el aumento del encierro y el aislamiento, pero mencionó como un elemento a resaltar las condiciones estructurales y las circunstancias extraordinarias de la pandemia.

Por su parte, Venosa informó que aunque el instituto elaboró un protocolo sanitario y lo impulsó desde el inicio, la situación presupuestal influyó en que no se pudiera cumplir de acuerdo con estándares. Uno de los elementos que resaltó es la falta de personal y la imposibilidad de contratar nuevas personas; lo que resulta en una rotación de los equipos por los centros para cubrir vacantes cuando alguna funcionaria o funcionario se enferma.

Desde una perspectiva más estructural, la directora de INISA por el FA informó a Sudestada que su equipo le presentó al directorio de la institución documentos y planes para repensar la privación de libertad de adolescentes, cómo se entiende y cómo se aborda, ya que el enfoque debe estar en la inclusión social y no en las penas. Sin embargo, no han obtenido respuesta.


Más encierro, menos presupuesto

Al 22 de abril de 2021 Serpaj registró 296 adolescentes cumpliendo medidas privativas de libertad en centros INISA, cifra que representa una caída en comparación con diciembre 2020 (325) y febrero 2021 (302) y un aumento con respecto a junio 2020 (254).

A pesar de esta caída, que la directora de INISA por el Frente Amplio consideró positiva, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) supuso un aumento en la aplicación de penas privativas de libertad por la adopción de procesos abreviados con sentencias que “no cuentan con una asesoría adecuada”, según Serpaj.

Otros cambios normativos que introdujo la LUC fueron el aumento de penas de los delitos más comunes y la reducción de medidas no privativas de libertad.

Venosa denunció un recorte presupuestal sustancial para el instituto que impactó de forma directa en los recursos humanos y de infraestructura. En el mismo sentido afirma el informe de Serpaj que ante la aplicación del decreto 90/020 para el Poder Judicial y la posterior aprobación del Presupuesto Nacional fueron cerrados dos de los cuatro juzgados especializados en niños, niñas y adolescentes localizados en Montevideo.

Además, a Venosa le preocupa especialmente el recrudecimiento en la situación de aislamiento de las y los adolescentes. Como registró Serpaj en el informe, por las circunstancias edilicias en este momento quienes contraen coronavirus deben ser trasladados de sus centros a uno especial a cumplir el aislamiento. Esto genera desarraigo para las y los jóvenes, que no pueden atravesar la enfermedad en su entorno conocido y con sus pares.

La deficiencia edilicia también fue resaltada por Samudio. Actualmente gran parte del presupuesto de INISA, dijo, está destinado a solucionar problemas en los establecimientos, que han llegado a poner en peligro la vida de las personas, como cuando hubo una filtración de agua cerca de instalaciones eléctricas.