Fabián Werner / Pablo Alfano / Sudestada

Uruguay estuvo presente en todas las fases del lavado de miles de millones de dólares que investiga la Justicia de Brasil en la operación denominada “Lava Jato” y en varias de sus derivaciones.

Poco después de que esa investigación tomara carácter regional, más de una decena de países en América y Europa iniciaron sus propios procesos judiciales.

Paradójicamente, y a pesar de ser uno de los más nombrados, Uruguay es el país que menos avanzó en la investigación de estos ilícitos financieros. Y eso fue así a pesar de las numerosas solicitudes de colaboración llegadas fundamentalmente desde Brasil y Argentina, y de que desde el Banco Central del Uruguay se presentó una denuncia que fue archivada a pedido de la Fiscalía.

Cuando el asunto parecía salir de la agenda política, judicial y mediática el pedido de asilo del expresidente peruano Alan García volvió a poner sobre la mesa la participación de Uruguay en la red de lavado de Odebrecht y reavivó la polémica a nivel regional respecto a la falta de avance de las investigaciones locales.

Es que en un primer momento de la operación Lava Jato los investigadores del Ministerio Público y Fiscal de Brasil colocaron a Uruguay, y en especial a dos sociedades anónimas creadas en Montevideo, en el primer nivel de las operaciones de lavado de dinero que realizó el grupo Odebrecht.

Pero luego fue quedando claro que en Montevideo también se blanquearon miles de millones en las siguientes etapas de esta y otras maniobras delictivas millonarias.

En el primer “programa” del lavado de la constructora brasileña aparecieron las sociedades fantasma Sherkson International y Havinsur, dos empresas creadas en Montevideo y que sirvieron a los propósitos de Odebrecht como vehículos para eludir los controles financieros de ese país y aprovechar las facilidades que otorga la plaza oriental.

En la segunda etapa del lavado entró en funcionamiento la conocida Banca Privada d’Andorra (BPA), gracias a los eficientes servicios del gerente de la sucursal en Montevideo, el andorrano Francisco Xavier Pérez Giménez, y del primer vicepresidente, el uruguayo Andrés “Betingo” Sanguinetti.


Francisco Xavier Pérez Giménez, y Andrés “Betingo” Sanguinetti, los hombres de la Banca Privada d'Andorra en Montevideo.

En este enclave rioplatense del paraíso fiscal del mediterráneo se creaban las cuentas a nombres de empresas y testaferros digitados por Odebrecht y por algunas de sus socias en el “club de los 16” gigantes de la obra pública que coimeaban funcionarios y saquearon las arcas públicas de varios países.

Con la experta asistencia de grandes estudios jurídicos uruguayos con sede en Montevideo y sucursales en el extranjero se sucedían la segunda y la tercera etapa del lavado del dinero, en la que participaban empresas y empresarios, casas de cambio, entidades financieras y los conocidos testaferros (“laranjas” en la jerga brasileña).

Sudestada inicia hoy una serie de publicaciones con el título “Los archivos del lavado” para explicar cómo, cuándo y quiénes fueron los responsables de que Uruguay se convirtiera durante más de 15 años en la guarida financiera perfecta para los empresarios y gobernantes más corruptos de la región.

El primer nivel de lavado

Esquema elaborado por los fiscales brasileños que identificaron a las sociedades uruguayas Sherkson International y Havinsur como inicio del esquema de blanqueo. Hacé click en la imagen para ampliarla. 

En el primer nivel fueron utilizadas cuentas bancarias creadas en el banco PKB Privatbank AG, de Suiza, a nombre de varias “offshores” cuya beneficiaria final en casi todos los casos era la constructora Odebrecht. Y en ese destacado lugar aparecen dos empresas armadas en suelo uruguayo: Sherkson International y Havinsur.

Estas dos empresas fantasma, a su vez, enviaron los fondos a cuentas suizas que culminaron en manos de los tres ejecutivos principales de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, hoy presos por lavado y coimas multimillonarias.

Las primeras transacciones se realizaron en mayo de 2007 cuando Sherkson recibió de Odebrecht tres depósitos por un monto total de 22,5 millones de dólares, que depositó en una cuenta suiza a nombre de Klienfeld Services Ltd, una sociedad creada en Antigua y Barbuda a fin de centralizar los pagos ilegales.


En este edificio de la Ciudad Vieja, en 25 de mayo 477, fue fundada Sherkson International, la SA que lavó decenas de millones de dólares para Odebrecht. 

Los documentos en poder de Sudestada muestran que Sherkson International SA tenía su dirección en 25 de mayo 477, escritorio 205, en el corazón de la Ciudad Vieja. Fue creada el 6 de junio de 2006 con un modesto capital de 1,2 millones de pesos e inscripta el 2 de agosto, según el acta notarial firmada por la escribana Gloria Stratta.

El 24 de abril del 2007 se designó como presidente de la sociedad al uruguayo Miguel Angel Ayestarán Rodríguez, quien también aparece en el directorio de otras diez empresas panameñas desde 2007.

El 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson pasó a manos del uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras, quien comparte con Ayestarán el directorio de las empresas panameñas Seguralia, Villevay Real Estates y Pocitos Investment Corp.

Mutio Cerdeiras fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.

Según su testimonio, el uruguayo Mutio Cerdeiras era la persona asignada por Odebrecht para firmar los documentos a nombre de Sherkson. Pero Mutio Cerdeiras era apenas un testaferro. El beneficiario final de estos movimientos era la constructora brasileña.

Cuatro años después, cuando Sherkson ya había dejado de funcionar como empresa de papel para el trasiego de dólares de Odebrecht, inició su proceso de liquidación, en su nuevo domicilio de la calle Juncal 1378 oficina 1406.

La persona que se hizo cargo del trámite fue Daniel Gonzalo García Belhot, quien también figura en el mismo directorio que Ayestarán en tres sociedades panameñas: Swanson Holdings, Valex International y Sevel International.

Sherkson registró el cierre de sus actividades el 5 de agosto de 2015, poco más de un año después de realizar el último pago por 5.924.644 dólares a la empresa Klienfeld SA. Su misión había sido cumplida.

Desde su fundación la empresa mantuvo su domicilio en el escritorio de la calle 25 de mayo en la Ciudad Vieja, hasta que el 25 de octubre de 2011 se mudó a una oficina en el edificio Quantum de Zonamérica, la zona franca de Montevideo. Allí funciona todavía el estudio BGL Asesores, que en aquel momento encabezaban los abogados Fernando Belhot y Juan Carlos González Lerena, nombres que aparecerán en muchos capítulos de esta historia. Allí además trabajaba el liquidador, García Belhot, primo de Fernando. 

“Somos una firma que provee soluciones integrales, especializada en asesoramiento legal, notarial y tributario, en la prestación de servicios contables y de auditoría, así como en la planificación fiscal internacional, para clientes locales, regionales e internacionales”, puede leerse todavía en la página web del estudio.



Desde la cuenta número 1156876, del banco PKB Privatbank AG, de Suiza a nombre de Sherkson, se realizaron transferencias por al menos 96 millones de dólares a favor de la constructora Odebrecht.

El dinero tenía como destino la cuenta de la sociedad Klienfeld Services Ltda que operó desde el Meinl Bank, un banco en Antigua y Barbuda que compró Odebrecht para toda su operativa de lavado de dinero y envío de coimas.

Sólo entre agosto de 2012 y junio de 2014 la sociedad uruguaya transfirió desde su cuenta en el PKB Privatebank un total de 82.697.238,55 dólares hacia la cuenta de Klienfeld, según el siguiente detalle.

Havinsur, una consultora internacional

La otra transacción fue de 565 mil dólares y se realizó el 23 de marzo de 2010 a través de la empresa Havinsur SA, que depositó esa suma a la offshore panameña Millzart (cuyo beneficiario final era el directivo de Petrobras Renato Duque) en una cuenta en Mónaco.

Los documentos judiciales señalan que Havinsur utilizó "la cuenta número 1154894, del banco PKB Privatbank AG, en Suiza,y con dirección en la calle Soriano 1140 bis, apartamento 102, de Montevideo, también detentó como beneficiaria económica de la constructora Norberto Odebrecht".

El escritorio 102 de la calle Soriano 1140 es una conocida fábrica de sociedades de papel, nombrada hasta el cansancio en innumerables investigaciones internacionales sobre blanqueo de capitales. Daniel Pérez Blanco es quien figura como el responsable del estudio.


En Soriano 1140 oficina 102 funciona desde hace varios años una incubadora de sociedades para lavar dinero. 

Según el registro público uruguayo, Havinsur fue creada como una sociedad anónima financiera de inversión, las conocidas como SAFI (Ley 11.073) el 25 de enero de 2005 y registrada dos meses después por la escribana Ana Laura García. Al momento de su apertura tenía un capital de 100 mil dólares.

En cumplimiento de la obligación impuesta por la rendición de cuentas del 2005 que obligó a declarar los nombres de los directores, el 2 de agosto de 2007 fue inscripto como su presidente el uruguayo Gastón Giovannone por la escribana Susana Heguy. En el mismo acto se fijó como dirección el escritorio 702 de la calle Colonia 810.

Havinsur intentó evitar ser juzgada en Brasil y para ello presentó un recurso en el que se calificaba de ilegal el envío de información de la empresa desde la Justicia suiza hacia la brasileña, en el marco de un pedido de cooperación internacional.

A su vez, desde esta empresa uruguaya se señaló que no se produjo ningún tipo de comunicación durante la investigación de ese caso, motivo por el cual también se pretendía anular el proceso.

Esos recursos fueron desestimados por el juez del Tribunal Federal de 13º Turno de Curitiba, Sergio Moro, quien hasta el momento de asumir como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro llevó adelante este megacaso de corrupción que salpica a casi todos los países del continente.

El documento oficial de la Fiscalía brasileña al que accedió Sudestada afirma que el grupo Odebrecht, y en especial la Constructora Norberto Odebrecht buscaron con la creación de estas empresas "ocultar y disimular, la naturaleza, el origen, la localización, y el movimiento de propiedades y de valores provenientes, directa e indirectamente, de delitos como fraude en las licitaciones, organización criminal, corrupción activa y pasiva".

Agrega que el objetivo de la creación de tantas empresas offshore que operaban tantas cuentas bancarias era tener una "forma más ágil y segura, menos costosa y, sobre todo, más disimulada y difícil de ser descubierta por las autoridades públicas".

* Esta nota forma parte de las investigaciones de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, compuesta por periodistas de IDL-Reporteros, de Perú; La Nación, de Argentina; La Prensa, de Panamá; Armando Info, de Venezuela; y Sudestada, de Uruguay.