El juez federal de Argentina Sebastián Casanello procesó también al ex ministro de Planificación Federal y Trasnportes, Julio De Vido, por el cobro de coimas por una licitación para la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).

 

En esta investigación se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos, que "las contrataciones estuvieron previamente direccionadas" y que el llamado a licitación pública fue tan sólo "una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.

 

El magistrado consideró que “Corcho” Rodríguez era el presunto intermediario en la causa a través de la empresa Sabrimol SA, junto con varios representantes uruguayos. Para Casanello esta empresa proporcionó la ingeniería jurídica y contable para funcionar como una “caja negra”, donde ingresaban los sobornos provenientes de Odebrecht, según informa Clarín.

 

Las declaraciones que complicaron a“Corcho” Rodríguez fueron las de dos profesionales uruguayos que contrató para quedar al frente de Sabrimol: el abogado Carlos Dentone y el contador Martín Molinolo. Además fueron procesados el abogado uruguayo Pablo Correa y los contadores argentinos Osvaldo Gandini y Marcos Sankowicz. 

 

Correa fue el abogado que representó al Partido Nacional en la denuncia penal por las irregularidades de Ancap y que renunció en setiembre de 2017, en el entendido de que su partido no lo apoyó.

 

Dentone integró el directorio de Sabrimol a pedido de "Corcho" Rodríguez, recordado en Uruguay por su vínculo sentimental con la conductora de televisión Susana Giménez entre 1998 y 2003.

 

La constructora brasileña pagó coimas millonarias a funcionarios y jerarcas argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes, así como de la empresa pública AYSA. A cambio obtuvo jugosos contratos para construir un sistema de potabilización en Paraná y el Soterramiento del Ferrocarrill Sarmiento en Buenos Aires. 

 

En el primer caso, el de AYSA, lo hizo utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y Barbuda que, a su vez, trasegaron ese dinero a la SA uruguaya Sabrimol Trading. Esta sociedad fantasma funcionaba en Zonamérica, la zona franca de Montevideo, en el kilómetro 17.500 de ruta 8, según la documentación oficial que en su momento publicó Sudestada.

 

Esta empresa fue creada el 6 de diciembre de 2007 por el abogado uruguayo Carlos Dentone como una sociedad anónima con acciones al portador y con un capital inicial de 2,1 millones de pesos. En el Banco Central del Uruguay figuró al menos hasta 2013 como una sociedad anónima emisora de acciones al portador. 

Cesó su actividad laboral a fines de 2014, justo cuando el escándalo de Lava Jato estaba metiendo tras las rejas a una buena parte del sistema político y empresarial en varios países latinoamericanos. Sabrimol Trading SA operó con el RUT número 215997030012 durante cerca de siete años, aunque ahora figura como “contribuyente clausurado” por la Dirección General Impositiva.

 

Uno de los "doleiros" que se acogió al beneficio de la delación premiada en Brasil, Olivio Rodrigues Junior, más conocido como "Gigolino", comenzó a explicar a la Justicia de su país una intrincada red de sociedades fantasmas. Así fue cómo se llegó a Sabrimol Trading SA, una de las empresas uruguayas que era la destinataria del dinero para el pago de coimas de la constructora Odebrecht.

 

En la mayoría de los casos el dinero que los "doleiros" (cambistas ilegales en la jerga brasileña) trasegaron desde Panamá y Antigua y Barbuda hacia Sabrimol se hizo a través de la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay.

 

Dentone ahora está jubilado y asegura que cerró el estudio contable y legal DMP, que integró con sus socios Molinolo y Pereyra, pero recuerda con precisión múltiples detalles de la operativa de Sabrimol Trading SA, que abrió en Zonamérica en diciembre de 2007 y cerró a fines de 2014. 

 

El abogado confirmó que la empresa tenía la cuenta 1223640, que operó en el Banco Itaú de Uruguay y aclaró que sólo fue su contador. Por su parte, según La Nación, "Corcho" Rodríguez negó que Sabrimol Trading SA fuera suya y aseguró que Dentone fue su contador "y el de mucha otra gente" en Uruguay. 

 

El estudio de Dentone figura en los Panamá Papers como intermediario de cinco sociedades offshore de Islas Vírgenes y Panamá: Timken Finance Ltd, Britania Group SA, Belle Mare Group SA, Ralto Trading Ltd y Norwood Pacific Ltd, todas creadas para empresarios argentinos con la finalidad de conseguir beneficios tributarios.

 

Dentone fue uno de los abogados que asesoró a los abogados del empresario Francisco "!Paco" Casal, Leonardo Costa y Oscar Brum, en el litigio contra el Estado que quería cobrarle 10 millones de dólares por una presunta evasión tributaria del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y el Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE) por la transferencia de jugadores entre 1998 y 2007. El caso fue cerrado cuando en noviembre de 2013 el entonces presidente José Mujica firmó una resolución que establecía la clausura del expediente.