Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz. 

La Comisión Especial con fines legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados recibirá el próximo jueves 15 de agosto al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, y al titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa. El objetivo es analizar la participación del estudio Posadas, Posadas & Vecino en el lavado de dinero de las coimas que cobraron varios ex directores de la empresa brasileña Petrobras, a través del sistema financiero uruguayo.

Estas dos visitas fueron aprobadas por unanimidad este jueves 8 en la comisión parlamentaria, luego de un planteo del diputado frenteamplista Alfredo Asti, quien tomó como referencia la investigación publicada por Sudestada.

"Lava Jato: así fue cómo el estudio de Ignacio De Posadas ayudó a lavar 10,6 millones de dólares", fue el título de la investigación que publicó Sudestada el pasado 29 de julio. En la nota se detalla que "Desde las oficinas del bufete en Carrasco controlaban a la empresa uruguaya Hayley. La usó el testaferro de un exdirector de Petrobras para ocultar las coimas", y se aportan documentos y testimonios que lo prueban. 

Entre los elementos de juicio que valoró la Justicia de Brasil se encuentran los testimonios de cuatro implicados en el caso (el exdirector de Petrobras Renato Duque, su testaferro João Antônio Bernardi Filho, la abogada Christina Jorge y el lobista Julio Camargo) quienes admiten haber utilizado la sociedad anónima uruguaya Hayley para lavar el dinero de los sobornos. 


Diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti. 

La idea de Asti es conocer de primera mano si sobre este caso que está en manos de la Justicia de Brasil algún organismo uruguayo inició algún tipo de investigación. El legislador de Asamblea Uruguay señaló que la denuncia realizada por Sudestada fue realizada de forma “muy detallada”, incluyendo nombres propios de personas y de empresas uruguayas que aparecen involucradas en una operación de lavado de dinero.

El legislador había destacado en declaraciones a La Diaria que se trata del estudio contable de quien “fue ministro de Economía y promotor del país como plaza financiera y paraíso fiscal”. 

“Hay una presunción, en base a la investigación periodística que se hizo, de que se haya utilizado a Uruguay como una de esas rutas de lavado de activos proveniente de la corrupción”, afirmó.

Asti explicó que como ya estaba prevista la presencia del fiscal Díaz en esta comisión especial del Parlamento, la idea es ampliar la convocatoria y llamar a otras autoridades para analizar esta presunta implicancia del estudio jurídico uruguayo en el caso Lava Jato.

“Elementos muy específicos”

Diputada del Movimiento de Participación Popular, Bettiana Díaz. 

La vicepresidenta de la comisión, la frenteamplista Bettiana Díaz, dijo al programa Informe Capital de TV Ciudad que el planteo de Asti fue apoyado por toda la bancada oficialista, y destacó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de miembros de la comisión.

“Lo que vimos es que hay elementos muy específicos que se mencionan en el informe de Sudestada sobre el estudio Posadas, Posadas & Vecino y quisimos agregarlo al orden del día como un elemento porque la comisión tiene entre sus temas el lavado de activos y el crimen organizado”, explicó Díaz.

Consultada sobre el rol de la comisión parlamentaria en un caso como este, la legisladora explicó que el objetivo es aportar los datos de la investigación periodística a las autoridades encargadas del combate al blanqueo de capitales, considerando especialmente las modificaciones legales que rigen en el país a partir de la entrada en vigencia de la Ley Integral contra el Lavado de Activos a principios de 2018.

A la luz de estos datos que involucran al estudio uruguayo en el caso de corrupción ocurrido en Brasil, Díaz dijo que esperan que las autoridades expliquen cuáles serían las medidas legislativas que pueden ayudar a combatir este tipo de actividades ilícitas.

“Seguramente falte” adaptar la normativa a la nueva situación del lavado de activos a nivel internacional, estimó Díaz, porque “es un delito muy complejo que siempre busca algunos vacíos y es sobre esa realidad que vamos actuando” en el parlamento, agregó. La legislación sobre este asunto “requiere una constante actualización. A la luz de los hechos, a veces podemos prevenir y otras lo que tenemos que hacer es ver las oportunidades de mejora”.