Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo. Foto: Conmebol.

El escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol mundial estalló este miércoles 27 cuando se conoció a investigación que se ventila en la justicia de Nueva York contra nueve dirigentes de alto rango de la FIFA y cinco empresarios dedicados a la venta de derechos televisivos y al marketing de las competencias futbolísticas organizadas por la federación.

Entre los nueve dirigentes se encuentra el uruguayo Eugenio Figueredo, quien fue apresado en el lujoso hotel Baur au Lac, en la ciudad suiza de Zurich, cuando se aprestaba a participar de la asamblea de la FIFA, que el próximo viernes 29 elegirá a su presidente por un nuevo mandato. La disputa es entre el suizo Joseph Blatter, quien aspira a un quinto mandato consecutivo, y el príncipe jordano Ali bin al Hussein, quien tiene el respaldo de figuras tan diferentes como la federación inglesa de fútbol o Diego Maradona.

La investigación estadounidense, de la que participó en forma muy activa el FBI, involucra a todas las federaciones de fútbol que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Fútbol de Norte y Centro América y el Caribe (Concacaf).

La lista completa de acusados por la justicia estadounidense incluye a los dirigentes Jeffrey Webb (Islas Caimán, 50), Eduardo Li (Costa Rica, 54), Julio Rocha (Nicaragua, 64), Costas Takkas (Inglaterra, 58), Jack Warner (Trinidad y Tobago, 72), Eugenio Figueredo (Uruguay, 83), Rafael Esquivel (Venezuela, 68), José María Marin (Brasil, 83) y Nicolás Leoz (Paraguay, 86); y a los empresarios Alejandro Burzaco (Argentina, 50, empresa Torneos), Aaron Davidson (EEUU, 44, empresa Traffic Sports USA), Hugo Jinkis (Argentina, 70, empresa Full Play) y Mariano Jinkis (Argentina, 40, empresa Full Play), Jose Margulies (Brasil, 75, empresas Valente y Somerton).

Burzaco y los Jinkis formaron una nueva empresa llamada Datisa, el 21 de mayo de 2013, mediante la cual firmaron un contrato con la Conmebol por 317,5 millones de dólares a fin de quedarse con los derechos exclusivos de las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la Copa América de Selecciones, y también de la Copa América Centenario que se disputará el año próximo en Estados Unidos. Para este mismo torneo con la Concacaf se suscribió un contrato por 35 millones de dólares por los derechos de televisación. Datisa a su vez se asoció con las empresas ya existentes Torneos, Traffic y Full Play.

Los 317,5 millones se dividieron de la siguiente manera: 75 para la edición 2015 de la Copa América,77,5 por la edición 2016 80 por la de 2019 y 85 por la de 2023. Además, Datisa “acordó pagar 100 millones de dólares en sobornos a los dirigentes de la Conmebol, que también son dirigentes de la FIFA, como intercambio por la firma del contrato por los derechos de la Copa América en 2013”.

Además de estos 14, hay otros cuatro implicados que ya se declararon culpables: Daryl y Darian Warner, hijos de Jack Warner; el brasileño José Hawilla de la empresa Traffic y el estadounidense Charles Blazer, ex miembro de FIFA y de Concacaf y principal informante de la justicia de su país en esta causa. Blazer aceptó colaborar para reducir los cargos en su contra, y de ese modo participó en reuniones con los demás implicados a fin de grabar audios y videos, y recopilar documentación, que ahora sirve de prueba.

La denuncia también menciona la existencia de 25 “co conspiradores” más, identificados con un número y el símbolo #, cuyos nombres por el momento permanecen en el anonimato.

Las acusaciones

El texto completo de la denuncia, al que accedió Sudestada en el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, incluye una serie de acusaciones que incluyen fraude, chantaje, lavado de dinero, cobro de coimas y asociación ilícita, entre otros. En el caso específico de Figueredo, también se lo acusa de evasión de impuestos y de falsear su declaración para obtener la ciudadanía estadounidense.

La denuncia recuerda que el uruguayo Figueredo es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ex presidente de la Conmebol y de la Asociación Uruguaya del Fútbol (AUF), y realiza un relato de cómo el dirigente del modesto Huracán Buceo llegó a estar en la élite de la dirigencia futbolística mundial. En ese rol Figueredo ocupó numerosos puestos en la FIFA, entre ellos el de miembro del comité organizador de la Copa del Mundo.

“Figueredo trabajó en ‘ventas’ y en el negocio de las ‘piedras decorativas’ en Irwindale, California”, dice la denuncia. Y agrega que el uruguayo “afirmó falsamente bajo la pena de perjurio que (a) no había trabajado en los cinco años anteriores en ninguna organización ni asociación en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar y (b) fue eximido del examen de conocimientos cívicos e idioma inglés debido a una enfermedad mental”. Según la denuncia, “para obtener la ciudadanía estadounidense en agosto de 2006, Figueredo presentó documentación para probar falsamente su enfermedad mental, que fue calificada como severa demencia”.

Respecto al cobro de sobornos, el documento señala que en relación a la compra de los derechos de televisión a la Conmebol y la Concacaf, la empresa Datisa de Burzaco y los Jinkis “acordó pagar 110 millones de dólares a Jeffrey Webb, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, José Maria Marin, Nicolás Leoz y varios dirigentes de fútbol”. La denuncia agrega que Datisa “acordó realizar estos pagos en varias veces durante la duración de los contratos. Al menos 40 millones de dólares ya fueron pagados a la fecha”.

Durante una conferencia de prensa realizada el 1 de mayo de 2014 en Miami, con la presencia de los empresarios de Datisa, Figueredo realizó la presentación de la Copa América Centenario, anunciando la unión de las organizaciones de fútbol de las Américas. “Estoy orgulloso de jugar un papel de liderazgo en la celebración del centenario de un torneo nacido para unir a toda América”, festejó Figueredo aquel día. “Ahora la Concacaf y los Estados Unidos serán anfitriones del torneo entre selecciones nacionales más viejo del mundo”, destacó, en referencia a la Copa América, que se jugó por primera vez en 1916.

La investigación pudo comprobar que el pago de los 40 millones de dólares en sobornos se dividió en 20 millones por la firma del contrato de cada uno de los cuatro torneos y los otros 20 millones para dividir entre distintos receptores, según el siguiente detalle: 3 millones de dólares para cada uno de los tres principales dirigentes de la Conmebol (su presidente y los presidentes de las federaciones de Argentina y Brasil). Por aquellos días estos cargos eran ocupados por Figueredo, Julio Grondona y Ricardo Texeira respectivamente.

Además se entregaron 1,5 millones de dólares para cada uno de los presidentes restantes de la Conmebol, y 500 mil dólares para cada uno de los 11 dirigentes de la Concacaf. El presidente de la AUF al momento de la firma del contrato era Sebastián Bauzá, quien este miércoles emitió un comunicado público confirmando que la asociación recibió ese dinero pero negando que se trate de un soborno.

“La Conmebol pagó a la Asociación Uruguaya de Futbol la suma de U$S 1.500.000 por concepto de derechos de televisación a que se hace referencia en la noticia publicada, ingresando dicha suma directamente a las arcas de ésta y registrándose conforme a la normativa contable pertinente”, dice la aclaración emitida por Bauza. La “noticia publicada” que alude Bauzá pertenece al sitio web de la empresa Tenfield, que lo acusó directamente de integrar el grupo de “sobornados”, razón por la cual analiza iniciar acciones legales.

Según el texto de la denuncia, los 14 implicados en la investigación “junto con otros, conspiraron desde sus posiciones para participar en esquemas que implicaban el pedido, el ofrecimiento, la aceptación, el pago y el recibimiento de pagos secretos e ilegales y sobornos”. La acusación añade que estos implicados “corrompieron el negocio mediante la participación en varias actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y lavado de dinero, en busca de un beneficio personal y comercial”. Los acusados, agrega el documento, “participaron en la corrupción del negocio mediante una conspiración con ayuda e instigación de sus cómplices, abusando de sus posiciones de confianza y violando sus obligaciones financieras”.

De todos los millones pagados en sobornos, 3,5 millones lo fueron a través de las cuentas que el brasileño José Margulies tenía en Estados Unidos, se afirma en la denuncia. “Por ejemplo, entre marzo de 2003 y marzo de 2008 Margulies Intermediaries giró más de 3,5 millones de dólares a cuentas controladas por los acusados Rafael Esquivel, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo”.

En abril de 2013, ante la renuncia de Leoz a la presidencia de la Conmebol, Figueredo asumió su lugar tanto en la confederación sudamericana como en la vicepresidencia de la FIFA. Poco tiempo después, dice la acusación, junto con Burzaco, los Jinkis y otra persona no identificada “se montó el esquema que permitió obtener los derechos de Concacaf y Conmebol a cambio del pago de 110 millones de dólares de sobornos”.

La denuncia completa (inglés)

La denuncia completa contra la corrupción de la FIFA by Sudestada - Periodismo y transparencia

Amnesia: Conmebol, Casal y Jinkis

Como si padeciera de una amnesia voraz –como la demencia alegada por Figueredo–, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un comunicado para “repudiar” los actos en que se ven involucrados sus principales directivos, “apoyar irrestrictamente las investigaciones iniciadas” por la Fiscalía estadounidense, y comprometerse a “colaborar abierta y enfáticamente” con las indagatorias. Además de “respetar, en cualquier circunstancia del juzgamiento, de la declaración de la inocencia o la culpabilidad de las personas involucradas” y “velar por la vigencia de la verdad, la ética y la transparencia de las actividades de la FIFA, Conmebol y Asociaciones integrantes”.

Sin embargo, cuando el 24 de diciembre de 2013, los clubes uruguayos Peñarol, Cerro Largo, Juventud de las Piedras, El Tanque Sisley, Miramar Misiones, Rentistas, Racing, Cerro, y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales presentaron una denuncia penal en el Juzgado del Crimen Organizado de Montevideo, contra Figueredo y la propia Conmebol por apropiación indebida, estafa y lavado de dinero, esa organización internacional amenazó a los denunciantes a fin de que desistieran del juicio.

El Tribunal de Disciplina de la Conmebol sostuvo que se había violado una norma de FIFA, que impide a los clubes acudir a la justicia de un país para resolver temas de la organización. Lo primero fue amenazar con la prohibición a las instituciones denunciantes de participar de la Copa Libertadores de América, para luego subir la apuesta hasta la posible desafiliación de la organización internacional. Luego de esto, el primero en anunciar que no ratificaría la denuncia fue Peñarol, y a la larga ningún club siguió adelante con el asunto. La Mutual insistió en proseguir con la denuncia, pero ya sin gran respaldo.

El punto es que no se trata de un caso solo perseguible a instancia de un denunciante, por cuanto la Fiscalía y la sede judicial continuaron con la indagatoria: citaron a dirigentes del fútbol uruguayo –entre ellos a un muy ofuscado presidente de Nacional, Aduardo Ache, que se molestó por el solo hecho de tener que declarar–, y al propio Eugenio Figueredo. El hoy detenido en Suiza a la espera de un pedido de extradición desde Estados Unidos, se mantiene como indagado central en el proceso abierto en Uruguay.

De todas maneras, la justicia uruguaya deberá esperar lo que acontezca en el extranjero para adoptar una decisión local: si Figueredo es juzgado en Estados Unidos por los mismos hechos que se indagan en Uruguay, la sede no podrá continuar con el caso en virtud del principio legal de prohibición del doble enjuiciamiento: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La denuncia presentada originalmente por los clubes y la Mutual señaló la existencia de “una organización criminal que viene lucrando y perjudicando a la Conmebol, las federaciones, los clubes y los jugadores” mediante actos delictivos en la comercialización de los derechos de televisación de la Copa Libertadores, y en las negociaciones por la publicidad del espectáculo. Y apuntó que los que se benefician con las maniobras “son los directivos de la Conmebol, Julio Grondona (presidente de la AFA, fallecido) y Eugenio Figueredo”.

El Grupo Casal ejerció presión sobre los clubes para que se presentara la denuncia. Es que sus empresas Gol TV y Global Sports pugnaban por obtener los derechos de televisación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que la Conmebol otorgaba desde 1999 a la empresa T&T Sports, dirigida por el argentino Alejandro Burzaco, hoy también buscado por la justicia estadounidense.

Ahora el sitio web de Tenfield –medio digital de Casal– no se pierde la oportunidad de publicar todo tipo de contenidos sobre la caída en desgracia de Figueredo, e incluso apunta a “Full Play Group, la empresa uruguaya de los imputados Jinkis”, según el titular de uno de sus artículos.

“¿Quiénes son Hugo y Mariano Jinkis, los empresarios argentinos imputados por soborno en el escándalo FIFA? ¿Por qué su empresa, Full Play Group S.A., desde la cual negocian millonarios contratos con las asociaciones de fútbol de los países de Sudamérica, y con la propia Conmebol, está en Uruguay, si sus dueños son argentinos y ninguno reside en este país?”, se pregunta.

En 2011 Francisco Casal reunió a los presidentes de los principales clubes del fútbol uruguayo en un almuerzo para pedir el apoyo a fin de que se le prolongara la concesión de los derechos de televisación del fútbol local hasta 2021 –algo que logró efectivamente– y tratar de obtener los de las eliminatorias para el Mundial de 2014. Y en ese momento explicó que su oferta paquete –fútbol uruguayo y eliminatorias– era de US$ 10,5 millones y contaba con el aval de Hugo Jinkis, el titular de Full Play, la empresa líder en los derechos de prácticamente todas las selecciones sudamericanas y que en ese momento negociaba con la AUF.

“Yo arreglo por esa plata con la AUF y después negocio con Jinkis’, dijo, palabras más, palabras menos. Y para corroborar su afirmación, Casal llamó al propio Jinkis en el medio de la reunión y puso el manos libres para que los demás pudieran escuchar la conversación. Jinkis, según las fuentes, se quejó de que el Ejecutivo de la AUF lo presionaba para firmar rápidamente el contrato por las Eliminatorias, aduciendo que de no hacerlo no se haría el partido con Holanda, previsto para el 9 de junio (de 2011) y que fue gestionado por este empresario” (Crónicas 20/5/2011).