La corrupción tiene un “impacto corrosivo y perverso” en la sociedad porque impacta en la agenda de derechos sociales y en los servicios que brinda el Estado, “a expensas de compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos, afectando principalmente a los grupos de mayor vulnerabilidad”.

Esta afirmación está contenida en la declaración que suscribieron los representantes de ministerios públicos y fiscalías de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay durante la primera reunión de la Red lberoamericana de Fiscales contra la Corrupción.

El grupo funcionará como una coordinación a fin de fortalecer el trabajo para combatir un fenómeno que “genera consecuencias, tanto en el desarrollo integral de los pueblos, como en la legitimidad de las instituciones de los Estados”, afirma la declaración final.

Los fiscales aseguran que la corrupción “no encuentra barreras en las fronteras nacionales y que, por ello, existe la necesidad de fortalecer las iniciativas de cooperación internacional en favor de la lucha contra la corrupción a nivel transnacional”.

En el documento los fiscales resaltan la necesidad de implementar “políticas públicas de persecución compartidas, que combatan efectivamente la corrupción en todas sus formas, tales como el soborno, el abuso de poder, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la obstrucción de la justicia, la recepción, malversación, el favorecimiento real”, entre otras figuras asociadas al fenómeno.

Asimismo asumieron el compromiso de facilitar canales de diálogo y de intercambio de información entre los países, a fin de consolidar un mecanismo de cooperación internacional de lucha contra la corrupción.

Los fiscales avanzarán además en la confección de un Plan de Trabajo que incluirá actividades de capacitación y difusión de contenidos sobre formas efectivas de lucha contra la corrupción, procedimientos que simplifiquen el trámite de informaciones sobre investigaciones y procesos y se conformarán equipos conjuntos de investigación.

Poderosos ante la Justicia

La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge.

En los últimos años las experiencias más notorias de colaboración entre ministerios públicos de la región tuvieron que ver con el caso Lava Jato y el rol que jugó la empresa constructora brasileña Odebrecht en la diseminación de prácticas corruptas como sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos de cuello blanco.

El caso fue especialmente analizado durante el encuentro de Brasilia, donde varios de los fiscales que trabajan en la investigación compartieron mecanismos de trabajo y ejemplos de buenas prácticas que impactaron de forma positiva en el éxito de la operación judicial. 

La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, sostuvo que el caso Lava Jato permitió condenar a muchos de los involucrados, enviarlos a la cárcel, restituir al Estado grandes sumas de dinero y el cobro de cuantiosas indemnizaciones. “Por primera vez los más poderosos, mandatarios y reales beneficiarios de la corrupción, están siendo alcanzados por la Justicia”, evaluó Dodge.

Según la titular del Ministerio Público brasileño esta investigación confirmó que los esquemas delictivos atraviesan las fronteras y que la transferencia de recursos entre los países requiere de un trabajo conjunto. “AI actuar de forma articulada y cooperativa, se aumenta el potencial de investigaciones sólidas, que culminan en el castigo de los responsables y en la recuperación de bienes y valores desviados. Es por eso que es más imperativo cada día eliminar las barreras para tornar efectiva la cooperación internacional”, aseguró Dodge.

“Estamos reunidos porque esta es una historia de éxito, que funcionó porque los ministerios públicos se volvieron independientes, con presupuesto propio, profesionales de carrera. Somos instituciones de Estado, no de gobierno. Somos socios de la población, no del gobierno”, sostuvo Dodge en la ceremonia de cierre del encuentro organizado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.