Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

Mientras el presidente del gobierno español Mariano Rajoy llegaba este martes a Montevideo en una visita de Estado, su Partido Popular se sumergía en un mar de denuncias de corrupción.

La más reciente afecta a la gestión de sus correligionarios en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), especialmente a su expresidente Ignacio González quien permanece detenido por su responsabilidad en la administración fraudulenta de la empresa hídrica de la capital española, Canal de Isabel II.

Como informó Sudestada, tres integrantes de la Asamblea de Madrid presentaron el pasado 6 de marzo ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada una denuncia sobre la maniobra de compra venta de la sociedad brasileña Emissão Engenharia e Construção por parte de la principal empresa pública madrileña.

En esa transacción -que derivó en una investigación judicial y el encarcelamiento de más de una docena de antiguos funcionarios- tuvo un rol fundamental el estudio uruguayo Algorta & Asociados. Este prestó su asesoramiento y domicilio fiscal en Montevideo para comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay, la Sociedad Andina de Agua SRL, y luego adquirir la empresa en Brasil, en una operación por decenas de millones de euros.

Pero ahora aparece un segundo estudio uruguayo en la trama de la corrupción de los populares españoles. El foco de la atención se muda de la Plaza Matriz de Montevideo, donde tiene su sede el bufete del abogado Oscar Algorta, al adinerado barrio de Carrasco, en la avenida Rivera 6329, Oficina 205. Allí tiene su oficina central South Capital Partners (SCP), un estudio que se define en su página web como “una firma de profesionales Boutique en las áreas de alianzas estratégicas, finanzas corporativas, internacionalización de empresas, proyectos de inversión y licitaciones internacionales”.

En su “diversificada cartera de clientes” el bufete menciona diferentes sectores de la economía como “Bancos, fondos de inversión, grandes empresas y compañías gubernamentales”. Fernando Belhot y Marcelo Chakiyian figuran como socios fundadores de un equipo que reúne a otros 15 profesionales, entre economistas, contadores, abogados y escribanos.


Abogados Fernando Belhot y Marcelo Chakiyian en su estudio South Capital Partners. 

La aparición de Belhot en la operativa fraudulenta del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, es bien reciente. En febrero de 2017 se reunió en su oficina de la capital española con González, quien actualmente se encuentra preso, y el ex ministro de Trabajo del gobierno español Fernando Zaplada.

Ambos ex funcionarios estaban interesados en invertir el dinero que, según investiga la Justicia de su país, consiguieron mediante diferentes maniobras corruptas gracias a sus cargos en la administración pública.

La reunión se llevó a cabo en la oficina de Belhot en el primer piso del edificio ubicado en la Calle Alcalá 75 de la capital española, según informó El Confidencial. Allí funciona la sucursal madrileña de SCP desde febrero de 2016. 


Sede madrileña de SPC, en la calle Alcalá número 75. 

En el encuentro, González y Zaplana negociaron con Belhot la manera de entrar en la venta de productos químicos para el tratamiento de aguas, un insumo básico para el negocio hídrico que venían desarrollando desde hacía diez años en varios países de América Latina a través de las filiales que adquirió Canal de Isabel II.

Belhot les propuso hacerse cargo del desembarco en España de la firma alemana Shieer, que el abogado uruguayo había comprado en enero de este año a través de South Capital Partners. El plan era introducir en España y Portugal “su catálogo de productos químicos, que incluye desde líquidos para depurar aguas residuales a aditivos para la oxigenación de los estanques de acuicultura, pasando por productos para la limpieza de superficies metálicas”, informó el sitio español.


Folleto de la empresa alemana Shieer, donde aparece el logo de South Capital Partners y su dirección en Madrid. 

“Tras una primera fase de prueba de los productos, estábamos ya en la fase de búsqueda de clientes”, le dijo Belhot a El Confidencial, luego de admitir que mantuvo varias reuniones en Madrid con los dos dirigentes del PP para introducirlos en el negocio.

La prensa española consigna que la justicia define a Belhot como un “testaferro” de González y Zaplana, ya que le atribuyen un rol mucho más cuestionable que el de simple propiciador de una inversión extranjera.

Fuentes cercanas al caso citadas por El Confidencial aseguran que Belhot actuó como “testaferro para encubrir la participación de González y Zaplana” para el “afloramiento de capital de origen ilícito” presuntamente escondido en el extranjero.

Las conversaciones interceptadas que se incluyen en el auto de prisión de González durante la denominada “operación Lezo” avalan esa tesis, según el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El fallo judicial añade que “las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”. Y el método utilizado fue el de recurrir a Belhot para que fuera quien operara en su nombre, y así seguir haciendo negocios con el ente público del agua de la Comunidad de Madrid, “para cobrar comisiones ilegales y desviar fondos públicos”.

Según el texto judicial, González y Zaplana también querían aprovechar la pericia de Belhot para “montar una estructura financiera” a fin de “canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. El juez Velasco también sostuvo que “el hecho de que (González) pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

En la página web de SCP el estudio da información sobre sus oficinas en Montevideo (Carrasco y Zonamérica), Chile, España y Holanda, pero allí no figura su sucursal en los Estados Unidos. Efectivamente, Belhot y Chakiyian son responsables de la empresa SCP Consultancy Services LLC, con sede en el 2030 de Douglas Road, en la ciudad de Coral Gables, en el estado de Florida.


Sucursal de SPC en Coral Gables, Miami, y su último registro ante la autoridad del estado de Florida. 

Belhot y la corrupción de Lava Jato

Esta no es la primera vez que se menciona al abogado uruguayo Fernando Belhot como involucrado en una trama de corrupción y lavado de activos provenientes de fraudes al erario público.

En su edición del 23 de febrero, el semanario Búsqueda publicó que Belhot y su socio Chakiyian aparecen mencionados en declaraciones de "colaboradores" de la operación Lava Jato como responsables de montar estructuras financieras que incluían sociedades anónimas y cuentas bancarias en paraísos fiscales usadas para blanqueo de dinero sucio.

En sus tiempos de asesores de la firma BGL Asociados (la sigla responde a los apellidos de Belhot y su socio Juan Carlos González Lerena), Belhot y Chakiyian también tuvieron que ver con la empresa constructora Odebrecht y la creación de empresas offshore que se utilizaron para lavar las coimas entregadas a políticos de varios países latinoamericanos.

Esto consta en la declaración de Roberto Trombeta, un contador brasileño que suscribió un acuerdo de delación premiada y que identificó a Belhot y Chakiyian como sus nexos para hacer negocios. Según la declaración transcripta por la justicia brasileña, a la que accedió Sudestada, Trombeta detalla cómo conoció y cuál fue la participación de los dos abogados uruguayos en el manejo de los fondos de la constructora OAS y las subsidiarias de Odebrecht en Perú y Ecuador.

La declaración de Trombeta (en portugués en el original) glosada en el expediente señala lo siguiente: 


Varias de las locaciones mencionadas en la delación premiada de Trombeta coinciden con los países en los que el estudio de Belhot y Chakiyian, South Capital Partners, reconoce tener sucursales (Uruguay, Chile, España y Holanda) y en Estados Unidos, lugar que no aparece en su página web.