El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas cuestionó a Uruguay por la falta de enfoque de derechos humanos del proyecto de ley de salud mental que discute el parlamento. Además reiteró su preocupación por la falta de avances en el país en la lucha contra la discriminación por motivos de raza, género y origen nacional, y reclamó reformas legislativas que garanticen el cumplimiento del Pacto Internacional sobre DESC.

Como se ha vuelto habitual en varios temas, el comité también recomendó al país la capacitación de los actores del sistema de Justicia, esta vez como forma de garantizar su conocimiento del Pacto Internacional. El comité manifestó especialmente su preocupación porque “ciertas imprecisiones del marco normativo relativos a procesos de interés público dificulten la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito judicial”.

En materia de discriminación, el organismo de la ONU también insistió en su preocupación por la “falta de una legislación integral que comprenda todos los motivos de discriminación reconocidos en el artículo 2 del Pacto y por la falta de un mecanismo que de manera eficaz supervise su implementación. Asimismo, le preocupa que la denegación de ajustes razonables no sea reconocido como motivo de discriminación de las personas con discapacidad”.

En este sentido el comité instó al Estado uruguayo a adoptar “las medidas necesarias para que la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación constituya un mecanismo eficaz de lucha contra la discriminación, le asigne los recursos humanos, técnicos y materiales adecuados, así como el mandato y autoridad necesarios para su efectividad”. También le reclamó que se prohíba la discriminación de manera expresa en la legislación y que incorpore disposiciones que permitan “obtener reparación en casos de discriminación, inclusive por medios judiciales y administrativos”.

En cuanto a la situación de la población afrodescendiente (Uruguay celebra en julio el mes dedicado a este colectivo) el comité cuestionó la “discriminación estructural” que sufre y que “afecta el ejercicio y goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales”. En este sentido el organismo recomendó al Estado que “intensifique sus esfuerzos para prevenir y combatir la discriminación estructural que sufren los afrodescendientes y mejorar su situación socio-económica, entre otras cosas mediante la implementación efectiva de la Ley Número 19122 de 2013 y la elaboración de políticas y programas específicos a fin de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”.

Respecto a igualdad de género, el comité lamenta que “los estereotipos de género continúen profundamente arraigados en la sociedad, lo cual se manifiesta en actos de discriminación y violencia en contra de la mujer, afectando el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, el Comité lamenta que el Estado parte no haya aún derogado las disposiciones legales con contenido discriminatorio contra la mujer”.

En este sentido, el comité pide al Estado que cumpla con una recomendación ya realizada en el anterior período de análisis respecto a “enmendar o derogar todas las disposiciones legales con contenido discriminatorio contra la mujer, incluyendo aquellas con expresiones vejatorias” y a acelerar el proceso de aprobación de una ley integral para garantizar una vida libre de violencia basada en género.

El comité también cuestiona la situación de la vivienda en el país y menciona especialmente el gran número de personas que continúa viviendo en asentamientos irregulares, así como los casos de desalojos forzosos sin la debida protección de los afectados. “Asimismo, preocupa al Comité que el delito de Usurpación y la reciente incorporación de la falta de “Ocupación indebida de espacios públicos” constituyan, en ocasiones, una forma de criminalización de la situación de calle de las personas sin hogar”.

El organismo recomendó la adopción de “una estrategia integral de vivienda social basada en el derecho a una vivienda adecuada y asequible y que cuente con criterios definidos en materia de calidad y habitabilidad”, dando prioridad “a las personas y grupos desfavorecidos y marginados”.

En materia de agua y saneamiento, el comité se hizo eco de los cuestionamientos señalados por organizaciones de la sociedad civil respecto al uso de agro tóxicos que ponen en peligro la calidad de los recursos hídricos. Por esta razón el comité instó al Estado a que “adopte las medidas necesarias para controlar el uso de agro-químicos y sus efectos sobre la salud pública, y asegure la implementación adecuada del Plan Nacional de Agua a fin de asegurar una adecuada protección de los recursos hídricos y de la calidad del agua en el Estado parte”.

En cuanto a salud sexual y reproductiva, el comité señaló especialmente su preocupación por las “dificultades enfrentadas, en ocasiones, en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo particularmente fuera de Montevideo y en las zonas rurales, debido al ejercicio de objeción de conciencia por parte de médicos y personal médico, y la falta de un mecanismo efectivo que garantice su acceso”. Además, el comité recomendó al Uruguay que tome las medidas necesarias para que “el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva” así como para reducir las elevadas tasas de embarazo adolescente.

Salud mental

El informe del comité también plantea cuestionamientos al proyecto de ley de salud mental que discute el parlamento por considerar que carece de una perspectiva de derechos humanos. El asunto fue destacado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, integrado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), la Asamblea Instituyente por Salud Mental Desmanicomialización y Vida Digna, y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), que este miércoles 5 emitieron un comunicado al respecto.

“En el día miércoles 31 de mayo, el Estado uruguayo fue examinado por el Comité que vigila el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El día 23 de Junio, En su 47ª sesión, el Comité aprobó las observaciones finales donde advierte la falta de garantías del actual órgano de supervisión previsto en el actual proyecto de ley y la ausencia de un enfoque de derechos humanos a lo largo del texto del proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados” sobre salud mental.

El comunicado destaca las recomendaciones realizadas al Estado a fin de “asegurar que el actual proyecto de ley de Salud Mental que se encuentra en debate parlamentario respete los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y con discapacidad psicosocial, prevea la adecuada asignación de recursos para su implementación y garantice la independencia y buen funcionamiento del mecanismo de contralor de Atención en Salud Mental que prevé la ley”.

Las organizaciones instaron instamos al Estado uruguayo, y en particular a los legisladores que se encuentran considerando el proyecto, a que “se hagan eco de estas observaciones y las implementen a efectos de aprobar una ley de salud mental con un real enfoque de derechos humanos, tal como lo establecen los estándares internacionales”. De lo contrario, añade el comunicado, esto “implicará seguir retrocediendo en las garantías de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental en Uruguay”.

Entre las recomendaciones en este tema, el comité planteó al Estado que adopte los recaudos necesarios a fin de asegurar que el proyecto de Ley sobre Salud Mental que se encuentra en proceso de aprobación “respete los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y con discapacidad psicosocial, prevea la adecuada asignación de recursos para su implementación y garantice la independencia y buen funcionamiento de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en salud mental que prevé la ley”.

El informe completo

Nueva relatora interamericana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó este miércoles a la abogada argentina Soledad García Muñoz para el cargo de primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). El anuncio se realizó en Lima, donde transcurre el 163 período de sesiones de la CIDH.

“La Comisión Interamericana tomó su decisión con base en las cualidades profesionales y la experiencia de la candidata, tomando en especial consideración su capacidad técnica, su liderazgo, y su capacidad para trabajar de manera efectiva con Estados, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión tomó en cuenta el amplio respaldo que recibió su candidatura durante el proceso de consulta, expresado por organizaciones de la sociedad civil de numerosos países de la región”, dice el comunicado.

“Trabajaré por integrar las labores de esta nueva Relatoría al de las demás áreas temáticas de la Comisión, promoviendo un amplio diálogo en nuestro trabajo y apoyando el desarrollo de nuevos estándares interamericanos en materia DESCA”, declaró García Muñoz.