Luciana Rodríguez / Sudestada / @lursacco

Cada día del año 2018 hubo un promedio de 11 situaciones de violencia severa contra niños, niñas y adolescentes (NNA) que fueron abordadas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (SIPIAV). Esto suma un total de 4.131 casos, de los cuales el 80 por ciento se había producido más de una vez. Pese a esto, seis de cada 10 víctimas no identificaba la situación de abuso, lo que manifiesta cierta cronicidad y naturalización de las distintas formas de violencia hacia los uruguayos que no alcanzaron los 18 años de edad.



"Como país no hemos logrado posicionarnos de que no hay ningún hecho que justifique la violencia y que toda violencia es prevenible", argumentó la directora de la organización “El Paso”, Andrea Tuana.

Maltrato emocional (32%), maltrato físico (25,5%), abuso sexual (23%) y negligencia (20%) son las formas de violencia más extendidas en el Uruguay contra NNA. La mayoría de estas agresiones se producen dentro del entorno que debería ser uno de los garantes de sus derechos: nueve de cada 10 agresores corresponden a familiares directos o integrantes del núcleo familiar, según consigna el mismo informe.



En 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) elaboró un documento denominado “Panorama de la violencia hacia la infancia en Uruguay” donde consignó que alrededor de 350 mil niños, niñas y adolescentes entre dos y 14 años son víctimas de violencia psicológica, 160 mil de castigo físico y unos 150 mil niños y jóvenes son testigos de violencia en sus hogares

Los datos encienden la señal de alarma. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cuáles son las respuestas que el Estado y la Sociedad Civil están brindando a estos niños, niñas y adolescentes para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos?

"Por lo primero que tenemos que preocuparnos es por el impacto de la violencia y el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes, porque es tremendo. Las consecuencias que tiene en su vida inmediata y a futuro, también. Entonces, lo primero que hay que preocuparse es por cómo cuidamos a ese niño, a través del desarrollo de políticas y programas de protección, rehabilitación, reparación. Estamos totalmente débiles en esto", dijo a Sudestada el presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera.

El encierro como respuesta

Presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera.

La institucionalización o el encierro protector parece ser la respuesta más común que se brinda en Uruguay, para atender los distintos tipos de violencia que sufren los NNA. Según los datos presentados en el último informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, en el territorio nacional hay 154 servicios "que conforman la respuesta de política pública ante las situaciones de desprotección y pérdida temporal de los cuidados en un medio familiar". De ellos 85 son de gestión estatal y 69 están en convenio con organizaciones de la sociedad civil.

"Es preocupante la relación que hay entre situaciones de violencia e institucionalización como primera respuesta. No puede ser. Si es esta, ahí estamos ante otro problema, porque va en contra de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño", afirmó Pedernera.

Ratificada en Uruguay en 1990, a través de la ley 16.137, la Convención por los Derechos del Niño establece en sus artículos 9, 18, 20, 21 y 27 el derecho de niños y niñas a vivir en familia y a ser cuidados por esta, como así también el deber del Estado de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan desarrollar ese rol.

Además, en 2009, al cumplirse 20 años de la aprobación de este documento, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, donde se establece que la separación de los niños y niñas de sus familias debe ser un último recurso y, en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible.

En Uruguay esto parece no cumplirse: según el informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, más de mil NNA pasan más de 730 días institucionalizados. Es en los “hogares” en convenio, donde se concentra la mayor cantidad de casos que superan esta cantidad de días de encierro “protector”.

Al respecto, el magíster en Psicología y Educación e investigador en temas de educación social, sistema de protección y sistema penal juvenil, Diego Silva Balerio, advirtió que “la cantidad de tiempo que pasan institucionalizados varía de institución a institución. Entonces, la suerte de cada niño, niña o adolescente tiene menos que ver con los problemas emergentes por los que deriva la intervención, que con el azar del lugar que le toque y la cualidad que tenga esa institución”.

Para el especialista, “esto tiene que ver con que Uruguay no ha incorporado una recomendación que le viene haciendo el Comité por los Derechos del Niño, que es tener un mecanismo de revisión. No hay mecanismos que den garantías de un proceso que esté auditado por alguien”.

Según datos publicados en el mismo informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, 5.034 niños y jóvenes eran atendidos por el sistema de protección especial a julio de 2018. El 68 por ciento estaba en cuidados residenciales (hogares oficiales y en convenio). Colonia, Montevideo, Rivera, Salto y Florida son los departamentos donde predominan la institucionalización.

“La internación también vulnera derechos, porque los NNA no deben crecer institucionalizados. Pero, tampoco deben crecer en una familia donde existan los abusos. Entonces, si no hay adulto protector hay que recurrir a esto. No es lo único, porque también hay modelos de acogimiento. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por profundizar los modelos de acogimiento, porque tenemos muchos niños que no pueden estar en los contextos familiares”, argumentó Tuana, de “El Paso”.

Por su parte la coordinadora del SIPIAV, María Elena Mizhari explicó: "Vos le podés decir que deja su hogar para ser protegido, pero ningún niño siente que deja de vivir en su casa, con sus amigos, sus lugares cercanos, su cotidianidad para ser protegido”.

En cuanto al impacto de la institucionalización, según el informe “Los olvidados: Niños y niñas en ‘hogares’: Macroinstituciones en América Latina y el Caribe”, elaborado por UNICEF y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) en 2016, "Desde las neurociencias, se han abordado las consecuencias que tiene la dinámica de funcionamiento de las instituciones en la vida de los niños, niñas y adolescentes que allí residen. La conclusión más contundente al respecto indica que quienes crecen en el marco de una institución sufren importantes daños a nivel neurológico y psicológico”.

"Un niño institucionalizado rompe vínculo con la familia, con la comunidad. ¿Qué va pasar cuando cumpla 18? No tiene adultos de referencia”, complementó Gastón Cortés, coordinador del Instituto de Educación Popular "El Abrojo".

No es solo el derecho a crecer en familia el que se encuentra en peligro a causa de este sistema, ya que la asistencia a centros educativos también representa una situación donde se producen vulneraciones. En 2018, un total de 1.280 de los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años en protección (el 28%) no registran asistencia escolar. Asimismo, la mayor concentración se encuentra en adolescentes, 13 a 17 años, detalla el informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay.

Pedernera destacó que en Uruguay "nos quedamos en la institucionalización: sacar al niño del lugar y no pensar en cómo trabajar con la comunidad, con las familias más extensas, si es que la violencia viene desde el ámbito familiar, que es el lugar donde más ocurre".

En cuanto a los recursos económicos necesarios para mantener esta política pública, el informe de UNICEF y RELAF concluye que "la institucionalización es una ‘mala inversión’ (...) queda demostrado que el modelo familiar es más barato. El costo económico que implica tener un niño institucionalizado es mayor; no garantiza el cuidado ni el estímulo necesario para su desarrollo integral. Además, a futuro generará más gastos que un adulto que haya crecido en una familia y desarrolle su potencial".

Entonces, si perjudica el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, los revictimiza, vulnera sus derechos e implica un costo económico mayor, ¿por qué Uruguay sigue eligiendo el encierro como la respuesta más implementada para atender la violencia hacia los menores de 18 años?

La niñez y adolescencia en la agenda política

En muchos casos las víctimas de violencia son quienes tienen que dejar su entorno y entrar a una institución estatal. Foto: INAU.

Desde la sociedad civil hay consenso: el tema de niñez y violencia está ausente en las agendas de cara a las elecciones presidenciales de este año. “El tema de infancia es realmente preocupante, no se toma en cuenta. Desde la sociedad civil lo que se ha ido haciendo es tratar de ponerlo en el tapete, hacerlo público”, destacó el coordinador de "El Abrojo". 

“Quizás haya otros temas de infancia que sí están, pero infancia y violencia está completamente ausente. Esto tiene que ver con el rol de los menores de 18 años en esta sociedad que es muy adultocéntrica. No hay una voz presionando por sus derechos y por eso quedan siempre en ese lugar de rezago", fundamentó la directora de El Paso.

Por su parte, Pedernera, sostuvo que niñas, niños y adolescentes “no son actores políticos que puedan poner en juego su voz. Muchas veces se los usa para que sean parlamentarios por un día, pero en la gestión de la cotidianeidad la voz de los niños es una voz siempre en el segundo plano. Seguimos hablando los adultos sobre sus derechos”.

Mientras tanto, el director de investigación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), Javier Palummo, no comparte que violencia y niñez sea un tema ausente de las agendas políticas. “Que desde la sociedad civil se plante que no ha sido suficiente me parece lo más normal del mundo, porque como cualquier movimiento de derechos humanos tienen que cumplir ese rol de impulsar que los cambios se desarrollen de la mejor forma”, sostuvo.

“Desde el 2004 hasta ahora- tomo como referencia el 2004 porque es el año de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia y cuando se creó una judicatura especializada para abordar la temática de violencia en NNA- han habido varias reformas específicas orientadas a disminuir el tiempo de institucionalización, el uso de la institucionalización y, es cierto que se demoró bastante, pero ahora se aprobó la Ley que está orientada específicamente a esta temática”, argumentó Palummo.

Pedernera no tiene la misma visión sobre esta nueva legislación: “Hace poco se aprobó una ley, pero no agrega ni quita nada de lo que se necesita en materia de prevención del maltrato, abuso, violencia. He visto ese proyecto de ley y me preocupa que se habilite la internación compulsiva de niños por 30 días, los que pueden ser prorrogables por tiempo indeterminado solo con una orden médica y del INAU”.

La normativa a la que hacen referencia Palummo y Pedernera fue sancionada el pasado 10 de abril y sustituye los artículos 117 al 131 del capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia (2004). Allí, también hay un cambio en lo que respecta a las medidas cautelares para el adulto agresor, ya que en caso de que este compartiera el hogar, se dispondrá “el retiro de la persona denunciada de la residencia común”. Además, decreta “provisoriamente alimentos”, ya que como explicó el director de investigación del IPPDH “muchas veces la persona denunciada es quien es el sostén económico de la familia”.

Respecto a este cambio de normativa, la directora del SIPIAV explicó que “hasta ahora, lo que se venía haciendo para la protección de la niña o niño era ponerla bajo protección y es ahí donde pasaba a cuidado de 24 horas. Esto los revictimiza. A partir de esta modificación damos elementos para que se haga una mejor valoración del punto de vista judicial sobre la situación y que sea el perpetrador el que salga de su casa, el que sea procesado y tenga medidas cautelares, y no la víctima que pase a vivir en protección 24 horas. Porque el mensaje social y del mundo adulto que se da es que quienes son maltratados tienen que dejar su hábitat, su casa, su escuela su barrio, mientras que el perpetrador queda libre, es muy complejo”.

En cambio, el presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no se muestra tan optimista frente a este ajuste normativo: “En Uruguay, el problema fundamental sigue siendo que pensamos que cambia la ley y se soluciona el problema. Pero si cambia una ley y esa ley no tiene recursos el problema va a persistir”.