Foto: Horizonte de libertades.

Anabella Aparicio / Sudestada / @anabelapa

A los 7 años Julia tuvo que irse de su casa. Su familia la rechazaba porque ella no se sentía varón. Se fue a “barrios marginales” que se volvieron su nuevo hogar. Allí creció “con los trans” que la recibieron, creció, estudió hasta donde pudo. También fue discriminada en centros estudiantiles. Y terminó viviendo de la prostitución.

“Iba al almacén y me detenían, me tenían seis o siete días por nada”, comentó, y recuerda el terror que tenía cuando veía las furgonetas. Esto le pasó a Julia en sus juventud, durante la década del 70’. Hoy con movimientos limitados y diversos problemas de salud a raíz de las diversas operaciones que sufrió, rememora aquellos años desde el sillón de su casa.

La historia de Julia, es similar a la de un centenar de personas trans mayores de 45 años que viven en Uruguay. Hasta ahora, 65 de ellas presentaron su solicitud para recibir una prestación reparatoria por daños recibidos durante la última dictadura militar. Este es uno de los puntos que incluye la Ley Integral de Personas Trans reglamentada en mayo de este año.

El subsidio o pensión será de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a unos 12.500 pesos. Se ampara a quienes nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y puedan demostrar que fueron privadas de libertad o víctimas de violencia institucional. El trámite se hace llenando un formulario que se entrega en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Eso es estudiado por la Comisión Especial Reparatoria que tiene 90 días hábiles para expedirse.

Hace 20 días empezaron a trabajar y llevan en proceso 25 solicitudes a espera de información pedida a autoridades policiales. Un 50% son casos presentados en Montevideo.

“El proceso de investigación se hace en primer lugar con el Ministerio del Interior. Somos muy rigurosos con la información que presentan los solicitantes y tenemos que ver también por qué fueron detenidos. Si fue por una rapiña, por ejemplo, no se les otorga”, explicó Federico Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Mides a Sudestada. En caso de no encontrar los registros suficientes, se llama a testigos.

Una nueva identidad

El cambio de nombre en la cédula de identidad es uno de los trámites que ya puede realizarse.

La nueva ley quita del ámbito judicial el proceso para que una chica trans pueda tener su cédula con su nuevo nombre e identidad de género. Desde mayo, se presentaron unas 270 solicitudes para realizar el trámite con el nuevo mecanismo.

Se realiza llenando un formulario disponible en los sitios web del Mides y el Registro Civil, se presenta ante la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad de Género. Luego es entrevistada y en un plazo de 30 días, si se comprueba que la información es correcta, el Registro Civil autoriza el cambio.

Esto además de mejorar el acceso a la salud, educación y otros servicios públicos, permite a la persona asumir legalmente su identidad. Este es uno de los puntos por los que más consultas llegaron tanto al Mides, como a las organizaciones sociales.

Por otra parte, uno de los temas que también generó polémica fue el de reasignación de sexo a menores de 18 años. La ley los habilita siempre y cuando tengan la autorización de sus padres o tutores.

Hasta el momento no hay datos sobre la cantidad de casos que se atienden, pero fueron numerosas las consultas recibidas desde el 6 de mayo, de personas interesadas en realizar la intervención quirúrgica. Esto está a cargo de ASSE, mientras que el tratamiento previo y posterior lo deben realizar todos los centros de salud públicos o privados.

Trabajo reservado

Federico Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Mides. Foto: Presidencia.

El año electoral impide por ahora implementar totalmente la normativa. Uno de los puntos establece que el 1 por ciento de los llamados para ocupar cargos en el Estado debe estar reservado para personas trans. Hoy son tres los puestos disponibles, en un llamado para trabajo zafral de OSE ya que solo ciertos organismos pueden hacer convocatorias para ocupar cargos.

De todas formas, Graña comentó que estos puestos se reservaron porque integrantes de colectivos vieron que no estaban previstos y lo denunciaron ante el Mides.

“El proceso de implementación cuesta a veces porque hay oposición a la norma. Por eso estamos en proceso de capacitar a equipos de Recursos Humanos sobre el tema e investigando perfiles laborales de este sector para adaptarlos a la realidad”, explicó.

Desde el Colectivo Trans del Uruguay (CUT), sostienen que a pesar de estos cambios “este sector de la población sigue viviendo en la pobreza y es expulsada de centros educativos o rechazada en trabajos”, según Collette Spinetti, presidenta de la organización.

La prostitución históricamente fue la principal fuente de trabajo para este sector de la población. Si bien desde la CUT observan cambios en las nuevas generaciones “más empoderadas y conscientes de sus derechos y posibilidades de estudiar”, la mayoría de las mujeres siguen viviendo del trabajo sexual.

“Hay un tímido cambio. Por lo general los varones trans son los que estudian o trabajan, y las mujeres más chicas son las que estudian”, agregó Spinetti.

Está previsto que en agosto, se vote un pro referéndum que definirá si habrá referéndum para derogar esta normativa. Tanto desde el Mides como de los colectivos sociales, consideran que la ley está vigente y trabajan en consecuencia informando a las casi mil personas trans que hoy viven en el país, según el último censo realizado en 2017.