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27/07/2016

Hilvanando una vida mejor

Unas 30 reclusas pusieron en marcha un taller de vestimenta. "Es una quijotada que salió bárbara", dijo dirigente del Sindicato de la Aguja, encargado de esta idea


El programa de Justicia e Inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Unión Europea (UE) coordinaron un proyecto que permitió al Sindicato Único de la Aguja (SUA) capacitar a unas 30 mujeres privadas de libertad, quienes pusieron en funcionamiento un taller industrial de vestimenta, cuyas confecciones son utilizadas en los 38 centros de reclusión del país. 

"Es una quijotada que salió bárbara porque partimos de cero y logramos poner un taller de costura sin docentes, ya que somos trabajadores y oficiamos como instructores. Es la misma enseñanza que obtiene una persona cuando ingresa a una fábrica y aprende el oficio", explicó el integrante de la dirección del SUA, Ricardo Moreira, durante el seminario internacional "Bases hacia una estrategia nacional para personas en conflicto con la ley penal".
 
Este seminario fue realizado en el marco del Programa de Justicia e Inclusión, coordinado por la OPP, financiado por la UE y organizado por OIT/Cinterfor junto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el INR y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).
 
La primera experiencia reunió, en febrero de 2015, a unas 30 mujeres del Centro de Rehabilitación Nº 5, popularmente conocido como la Cárcel de Mujeres, en el barrio Colón. Todas las internas de los sectores de máxima seguridad, seguridad media y las de máxima confianza se congregaron alrededor de una máquina de coser, sin importar si tenían o no experiencia previa.
 
Moreira explicó que si bien el objetivo principal es brindar capacitación en los diferentes oficios involucrados en la confección de vestimenta, la prioridad es enseñarles a las reclusas que "existe un camino posible para su reinserción en la sociedad".
 
El dirigente sindical dijo que durante unos seis meses se coordinaron cursos de género, derecho laboral y salud ocupacional y que las prendas que se confeccionaron durante el taller (sábanas, frazadas, toallas, uniformes) fueron utilizadas en todos los centros de reclusión del país. 
 
Moreira destacó además que gracias a las gestiones realizadas por el sindicato con empresarios del ramo se logró que algunas mujeres pudieran acceder a puestos de trabajo en cuanto logren su libertad.
 
El sindicalista adelantó que ya se está planificando un segundo curso y que la idea es que las mujeres puedan percibir un salario. "Porque se trate de una cárcel las reclusas no deberían trabajar por menos que un trabajador. Aún no logramos eso, pero estamos cada vez más cerca", dijo Moreira para quien estas mujeres "el único derecho que perdieron es el del libre tránsito y nada más que eso, porque están haciendo uso de dos derechos fundamentales, como el de la educación y el del trabajo".
 
"Estamos muy comprometidos con nuestro trabajo y con todos los objetivos que tiene nuestro movimiento sindical y estamos dispuestos a dar una mano para recomponer este tejido social que en algún momento se rompió", sostuvo.
 
El dirigente bregó por ampliar esta experiencia a varios sindicatos como el de la construcción (SUNCA), el metalúrgico (UNTMRA), la bebida (FOEB) y el de la pesca (SUNTMA), entre otros, así como organizaciones de la sociedad civil "que han aportado mucho en el desarrollo de habilidades para el desempeño laboral".
 
Por su parte, la socióloga Mariana Amaro, de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes de la UTU, consideró que la experiencia en la Cárcel de Mujeres "fue un verdadero proceso educativo, aunque por ahora falte la certificación". 
 
También apeló a que lo que funciona bien no sea cambiado "porque no es concebible prescindir de esta experiencia, simplemente porque los que dictan clases no tengan formación docente" y valoró este primer taller como "un gran éxito" tanto para las mujeres privadas de libertad, como para las autoridades del INR, el Sindicato de la Aguja y todos los involucrados.
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