El principio de imparcialidad junto con la prisión preventiva como medida cautelar serían los dos grandes asuntos que podrían poner en jaque al Sistema Judicial uruguayo en caso de que se presentara una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el Fiscal de Corte Jorge Díaz.

El actual CPP establece que es el juez quién investiga, reúne pruebas, procesa, hace el sumario, dirige el plenario, sentencia y vigila la ejecución de la condena. El 98% de las sentencias penales que se dictan en el país son condenatorias - el restante 2% son de absolución – lo cual según Díaz se explica “por la sencilla razón de que quien realiza la investigación es el juez, con el agravante de que es el mismo que dicta la sentencia. Excepcionalmente un juez que dictó un auto de procesamiento luego absuelva”.

A su vez, un 64% de los 9.700 ciudadanos privados de libertad no tienen todavía una sentencia ya que la misma tarda alrededor de 18 meses en concretarse. A nivel internacional, la tolerancia a esta situación jurídica ronda el 33% mientras que en Uruguay prácticamente es el doble, cosechando fuertes críticas internacionales en la materia.

“Hay un 90% de personas que están condenadas a penas de privación de libertad y se encuentran sueltas. Es decir, tenemos un cerro chato, un arroyo seco, un penal de libertad, personas inocentes presas y personas culpables libres. Yo le pago a quien logre explicar este sistema… es algo que no lo entiende nadie”, expresó Díaz, uno de los principales defensores del nuevo Código del Proceso Penal que el parlamento aprobará antes de fin de año.

Según el jurista, hay un consenso entre los especialistas en que el actual diseño del sistema es “inquisitivo, ineficaz y fundamentalmente no otorga garantías para ninguna de las partes. A las víctimas no se las trata de forma adecuada y a los victimarios no se le otorgan las garantías necesarias al tiempo que se mantiene sobre ellos una altísima selectividad sobre las personas jóvenes, pobres y con escaso nivel cultural”. “Si Uruguay fuera demandado por su proceso penal ante la CIDH perdería trece a cero”, indicó.

Díaz planteó este panorama del proceso penal uruguayo el pasado 4 de diciembre durante una jornada de capacitación sobre “el nuevo proceso penal y su relación con el periodismo”. Organizada por el Programa Justicia e Inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - y coordinada por Cainfo - la actividad buscó poner en el tapete los desafíos que se avizoran en la nueva reglamentación del CPP, la cual ya fue aprobada por unanimidad en el Senado y espera por su sanción definitiva en la Cámara de Representantes el próximo 16 de diciembre.

Un primer cambio relevante que se proyecta refiere a las tareas de jueces y fiscales. El primero se dedicará exclusivamente a juzgar y no podrá proponer pruebas mientras que el segundo será quién dirigirá la investigación –con la asistencia de la Policía – y cuando reúna las pruebas suficientes realizará una demanda acusatoria frente al juez.

“El juez pasa a otro terreno, al de ¿a ver que me trajiste? (en referencia a los fiscales)… reduciendo sus tareas actuales entre un 30% y 40%” puntualizó Díaz.

Otra de las reformas refiere a que los juicios serán orales y públicos, pudiendo ser cubiertos por los medios de comunicación. Con el fin de ganar tiempo, cada uno de los actores del sistema deberá realizar sus peticiones y declaraciones en forma verbal, lo cual quedará registrado en formato digital. “Hoy en día los medios electrónicos son infinitamente más baratos que pagarle un sueldo a un funcionario receptor los 365 días al año”, ejemplificó Díaz.

Con esto serán los fiscales quiénes rendirán cuentas de sus actos frente a las cámaras y micrófonos. Díaz asume los riesgos de este cambio ya que “si meto la pata me la van a cobrar, y está bien que sea así ya que somos funcionarios públicos y representamos a la sociedad organizada. Los operadores del sistema judicial tenemos que aprender a aceptar críticas”.

Como no existe una costumbre en comparecer frente a los medios de comunicación, la idea que se proyecta en el nuevo CPP es la de profesionalizar la comunicación a fin de capacitar a los funcionarios en el uso de las herramientas y que los mensajes que transmitan a la población sean claros y directos, al tiempo que exista un departamento de comunicación donde los periodistas puedan acudir en busca de información específica.

Cada uno de estos puntos requiere de inversión económica, la cual hasta el momento ha provenido gracias al apoyo de la Unión Europea y del Departamento de Estado de EEUU. “Estamos aprovechando la generosidad de otros países en el aporte de técnicas y recursos para capacitar. Aspiramos que en el próximo presupuesto se incluya una inversión en el área” detalló el Fiscal.

Este último punto es objeto de fuertes cuestionamientos por parte de los opositores al nuevo proceso penal, entre ellos el fiscal civil Enrique Viana, quien asegura que afecta de manera grave la independencia técnica de los fiscales. "Se pretende imponer modelos semejantes a los de Estados Unidos –aunque en realidad se parecen más a una caricatura del proceso sajón– que permita saber que en caso de que un ciudadano norteamericano sea sometido a un proceso en Uruguay, por ejemplo, no haya que procurar entender cómo es el proceso de origen europeo que tenemos hoy. Se busca un modelito en el que se juegue con las mismas cartas que en Estados Unidos, un modelito en el que se sepa dónde tocar un resorte para que la situación se solucione", dijo Viana en entrevista con Sudestada.

Cambio cultural para los jueces

El cambio de tareas que implicará para los operadores judiciales el nuevo sistema penal, conocido como sistema acusatorio, desligará a los jueces de recibir llamadas de la policía en referencia a los resultados de la investigación y el trabajo del pre sumario. Ellas irán a parar a los oídos de los fiscales, quiénes se encargarán de recabar las pruebas mientras que el juez –de instrucción - simplemente juzgará. A su vez, otro juez –el de ejecución – será el que vigilará el cumplimiento de la sentencia.

En este punto, el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, Luis Charles, opinó en que “ahora el juez va a estar como en las películas de Estados Unidos donde siempre están jugando al golf pero nosotros lo vamos a adaptar a la realidad uruguaya: vamos a estar jugando al truco, al futbol cinco. Al otro día, cuando lleguemos a la oficina – bien descansados, ya que nadie nos molestará por la madrugada - le vamos a preguntar al fiscal ¿tenés mucho para traernos hoy?” provocando la risa de los asistentes.

Un poco más serio Charles planteó que “la primer reforma pasa por la cabeza y nos involucra a todos. A los operadores en llegar en hora a las audiencias, tratar bien a los testigos y a cotejar las necesidades de los damnificados. También a los funcionarios policiales que deberían enviar los memorándums en hora”.

Respecto a la habilitación de los medios de comunicación para presenciar las audiencias subrayó que “el tribunal puede llegar a prohibir la publicidad de las audiencias, dentro de lo que pueden mediar tres grupos de razones. El primer grupo por razones morales o de seguridad, el segundo grupo refiere a razones especiales para preservar la identidad de las personas involucradas y el tercer grupo cuando por circunstancias especiales la publicidad puede afectar los intereses de la justicia o un secreto protegido por la ley”.



Por su parte, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, anunció que “va a haber determinadas tomas de frente que no se van a poder hacer, determinados nombres que no se van a poder relevar, determinados datos que no se van a poder decir a fin de proteger la identidad de determinadas víctimas y también preservar los datos de los testigos”.

En este nuevo CPP se pretende separar claramente las funciones de acusar, defender y juzgar. En rasgos generales, el nuevo proceso busca impulsar nuevas formas de comunicación y generar las condiciones para que se escuche la opinión de cada una de las partes. Subrayó Chediak que “los operadores judiciales van a tener que aprender a hablar en público”.

Uno de los requerimientos para efectivizar la reglamentación refiere a duplicar la cantidad de defensores públicos (18 en la actualidad, que defienden a 9 de cada 10 acusados en la materia penal) así como incrementar los 62 jueces penales que existen en la actualidad a la suma de al menos 130. Este aumento deberá acompañarse con la construcción o alquiler de locales que oficien de salas para las audiencias. Según Chediak un objetivo importante es acortar los plazos en el dictamen de las sentencias en primera instancia. Se intentará reducir los actuales 18 meses a no más de seis.

En el pasado mes de agosto el Poder Judicial contrató a la consultora Cifra para conocer cuál es el nivel de confianza que tienen los uruguayos en la justicia. Casualmente la misma coincide con el promedio de los países de la Unión Europea y se encuentra en el 53%. Si bien es un promedio alto en relación a los países de la región, la otra lectura es que existe un 47% de ciudadanos uruguayos que no confían en el Poder Judicial.

“Consideramos que este nuevo CPP aportará mayor transparencia, acelerará los tiempos del proceso, aumentará el nivel de confianza y elevará los estándares en el respeto de los Derechos Humanos”, estimó Chediak.

Tensiones entre jueces y periodistas

El penalista argentino Eduardo Bertoni, ex Relator de Libertad de expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó cuáles son las tensiones entre jueces y periodistas y cuáles son las formas de evitar exacerbar estas diferencias. Tanto la libertad de expresión como los fundamentos del sistema de justicia son pilares de las democracias representativas, señaló Bertoni. Pero para que esto realmente ocurra “tienen que tener características comunes como la independencia, imparcialidad, profesionalismo y comportamiento ético”.

En los sistemas de justicia la independencia e imparcialidad implicaría “fortalecer los mecanismos de designación de jueces y fiscales” al tiempo que también sería necesario atender la “relación con lo presupuestal y funcional, es decir, no trasladar a los operadores de justicia de acuerdo al tema que estén tratando”.

Por su parte, una prensa independiente e imparcial se podría calificar cuando ésta no sufre presiones que provengan desde el poder, ni del político ni del sector privado. Bertoni planteó elementos que pueden afectar esta condición como “las leyes mordazas, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, la restricción a la importación de tecnologías, las presiones financieras en el otorgamiento de la publicidad oficial”.

El profesionalismo y comportamiento ético en los sistema de justicia estaría limitado porque “no hay un proceso de capacitación continua de los actores judiciales a los efectos de que su labor mantenga niveles de profesionalismo adecuados. Cuando hay reformas, como las que se están procesando actualmente en Uruguay, hay primero una discusión, sanción, período de “vacatio ley” (para que los actores se actualicen) y luego se corta allí el proceso. La sugerencia es generar procesos de capacitación continua”.

Con el análisis en los medios de comunicación se pueden “encontrar caminos de cornisas que nos pueden llevar a precipicios si el que determina la línea ética y los estándares de profesionalismo es el Estado. Mi opinión es favorecer las condiciones para la autorregulación de los medios”.

En síntesis, según el especialista argentino, para que la justicia y los medios mantengan su relevante labor en las democracias habría que “revisar las leyes mordazas - apuntando a su derogación- ; implementar un sistema de designación y remoción de jueces y actores del sistema que no respondan a cuestiones políticas; asegurar la efectiva intangibilidad presupuestal y funcionaria; atender regulaciones que impidan monopolios y abusos en el otorgamiento de la publicidad oficial; derogar las normas que impliquen censuras indirectas a la libertad de prensa; crear escuelas de capacitación judicial y fomentar la autorregulación de los medios de comunicación”.

A su vez, Bertoni planteó que se deberían evitar malas prácticas a fin de que no exacerbar la tensión “natural y estructural” que existe entre los operadores judiciales y los medios de comunicación. Por ejemplo, el tradicional comentario de un juez “yo hablo a través de mis sentencias” iría a contracorriente del periodista que intenta conocer el por qué se lleva adelante una medida y no otra.

A fin de aliviar este tipo de “cortocircuitos” Bertoni citó una serie de recomendaciones emanadas de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas como “recopilar y seleccionar resoluciones judiciales consideradas de interés y facilitar su acceso a los medios de comunicación; establecer una base de datos que permita acceder a las resoluciones judiciales; facilitar a los medios de comunicación la posibilidad de conocer la convocatoria de los actos judiciales de acceso público; establecer protocolos para la asistencia de los periodistas a las distintas actividades judiciales; elaborar procedimientos claros para que los medios de comunicación formulen solicitudes de información; establecer vocerías o gabinetes de comunicación en cada país”.