"El encierro institucional en Uruguay es terrible, es alarmante". Con esta frase la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze, resumió algunas conclusiones del último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que muestra niveles de aislamiento, al menos en las cárceles de adultos, sólo superados por algunos centros de reclusión de EEUU.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) monitorea el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por orden judicial o de aquellas que no pueden retirarse voluntariamente del lugar.

Durante 2015 los observadores realizaron 90 visitas a cárceles para adultos, centros de privación de libertad para adolescentes infractores -que dependían del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), ahora llamada Institución Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)- colonias siquiátricas y hasta lugares donde viven niños que no infringieron nunca la ley.

En lo que va de 2016 las visitas de monitoreo se extendieron a los carcelajes de las seccionales policiales de todo el país "en días y horas estratégicas", explicó Guianze. Los observadores son trabajadores sociales, sicólogos, abogados y cientistas sociales. En poco tiempo, la INDDHH tiene previsto visitar residenciales para adultos mayores, en el entendido que en esos centros "también existen condiciones de encierro que son alarmantes", explicó Guianze.

Este nuevo informe fue adelantado a los medios de comunicación el día que se cumplieron 40 años del denominado "segundo vuelo de la muerte" en el que 28 uruguayos fueron trasladados desde Uruguay hasta el centro clandestino de detención "Automores Orletti", en Buenos Aires. Esos militantes políticos, en su mayoría del Partido por la Victoria del Pueblo, aún continúan desaparecidos.

El informe contiene todas las actuaciones que realizó la MNP en 2015, algunos avances realizados en 2016 y proyecciones para el año 2017 y muestra "un índice alarmante en todo el sistema de encierro" con avances parciales y también varios retrocesos.

"Cuesta mucho que cambien las prácticas institucionales”, señaló la ex fiscal penal quien recordó que “las condiciones de dignidad” las debe brindar el Estado que no cumple con todas sus obligaciones en defender los derechos humanos.

"No hay demasiados avances como para decir que estamos disminuyendo en los niveles de encierro sino que es preocupante", sostuvo Guianze para quien el hacinamiento crítico puede ser considerado una forma de tortura o un trato cruel, inhumano o degradante.

"El hacinamiento llega a puntos críticos en algunos centros como en módulos del Comcar, la cárcel de Canelones o en Las Rosas", en el departamento de Maldonado, precisó. "La mayoría de los presos no tiene condena y están mezclados con los que sí la tienen. Eso no puede ser, es un disparate", dijo Guianze.

"La tasa de encarcelamiento ha aumentado año tras años desde 1987 cuando se registraban 61 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes, hasta la actualidad donde la tasa llega a 288 encarcelados cada 100 mil habitantes. Este incremento es de más de cinco veces la población privada de libertad en 28 años", señala el informe.



Para Guianze se hace necesario "pensar el encierro en otra dimensión porque en ningún lugar del mundo ha sido una solución". Una prueba de ello es que no se puede pensar, al menos en forma seria, que "una persona que vive en condiciones de hacinamiento se inserte en la sociedad al momento de recuperar su libertad".

La directora de la INDDHH manifestó su preocupación por las condiciones de vida en las colonias siquiátricas y los centros dedicados a la atención de niños que no violaron ninguna ley.

El sistema penal de adolescentes

El informe comprobó varios problemas en los centros que dependen del INISA (ex SIRPA) como las pocas actividades socioeducativas, la falta de capacitación, escasez de personal, la mala infraestructura y el mantenimiento de esas construcciones.

Los observadores realizaron 67 recomendaciones, la mayoría sobre problemas edilicios deficitarios, y corroboró que 18 de esos señalamientos no se cumplieron. Para la INDDHH estos nuevos centros de reclusión fueron “concebidos desde la lógica del encierro, con los espacios destinados a educación, esparcimiento y recreación limitados”, a lo que se suma “la creación de equipos de seguridad con un fuerte componente represivo” que “genera especial preocupación”.

De todas maneras, Guianze explicó que pese a que existen conflictos entre el sindicato del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) y las autoridades ya “no hay impunidad para pegar” y destacó que la cantidad de funcionarios es insuficiente para atender todos los problemas que se producen día a día.

El informe también destaca el alto índice de suministro de sicofármacos y el escaso diagnóstico médico y psiquiátrico. En el Centro de Privación de Libertad (CEPRILI), en junio de 2015, de 54 adolescentes privados de libertad, 38 estaban medicados con sicofármacos, pero ninguno tenía diagnóstico. En el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) de las 34 adolescentes privadas de su libertad en diciembre de 2015, 30 se también estaban medicadas con sicofármacos, aunque sólo tres tenían un diagnóstico de alteraciones en su salud mental.

En un capítulo dedicado a la "discriminación en el acceso a la salud, trabajo y educación de personas privadas de libertad" el informe manifiesta su preocupación por la cantidad de personas privadas de libertad por problemas judiciales en el Hospital Vilardebó.

El trabajo señala que "se perciben dificultades médicas, por ejemplo, en el acceso oportuno a ginecólogos para mujeres privadas de libertad, el acceso a medicamentos y dietas especiales para quienes tienen patologías específicas (por ejemplo, anemia falciforme) y la atención de enfermedades infecciosas como el VIH".

También plantea en cuanto al derecho a la educación "incorporar educación formal y temas tales como educación ambiental (talleres de reciclaje) y otros, a los modelos educativos que se implementan en centros de privación de libertad".

En lo que refiere a las mujeres en situación de encierro, la INDDHH catalogó como un "retroceso" el traslado de la Unidad Nº 9 -conocida popularmente como cárcel El Molino- donde estaban recluidas madres con hijos. Estas reclusas fueron derivadas la Unidad Nº 5, una cárcel femenina de máxima, media y mínima seguridad que alberga a unas 400 mujeres que funciona en las antiguas instalaciones del hospital siquiátrico Musto.

Para la INDDHH la nueva infraestructura es “precaria” en cuanto a sus dimensiones ya que algunas de las 25 mujeres trasladadas ahora pasaron de estar recluidas solas con sus hijos a vivir en celdas con cuatro camas y cuatro cunas, señaló Guianze.

Reparos al nuevo Código del Proceso Penal

La directora de la INDDHH, opinó a título personal, que con el nuevo Código del Proceso Penal que impulsa el actual gobierno se concretarán juicios más rápidos, pero cuestionó las garantías de este tipo de procedimientos judiciales.

"Me parece que hay una excesiva presencia del fiscal y además no se ha fortalecido la defensa pública", dijo Guianze. Además, sostuvo que "no hay una defensa adecuada para las víctimas, entonces con un Poder Judicial que no ha sido fortalecido y una Fiscalía tremendamente fortalecida se hace muy difícil".

Guianze consideró que con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal "el fiscal pasa a ser el dueño de la pelota" ya que el representante del Ministerio Pública "tendrá potestades muy importantes y eso requiere un freno, porque se trata de un sistema de frenos y contrapesos".

En opinión de la ex fiscal penal se necesita que "las víctimas tengan un defensor. El defensor para el preso es una cosa y el defensor para la víctima es otra cosa". Señaló que otro problema que no contempla el Código del Proceso Penal nuevo es que las víctimas no podrán apelar un fallo cuando el fiscal libere a un imputado, ni siquiera podrán solicitar que haya un fiscal subrogante.

El informe del MNP