Último informe de DDHH del Departamento de Estado de EEUU señala que en algunos centros "podría peligrar la vida de los reclusos" y pone la lupa en varios casos en base a informes locales
Pablo Alfano / @pabloalfano
Las condiciones de vida en las cárceles y en los centros de detención de Uruguay continúan siendo "malas" y en algunos casos "podría peligrar la vida de los reclusos", afirma el último Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EEUU, al que accedió Sudestada.
El documento, de 22 páginas, destaca un informe del año 2016 enviado al Parlamento que señala que dentro el 26% de las cárceles existían "condiciones de trato cruel, inhumano o degradante y en el 33% no tenía condiciones suficientes para la rehabilitación".
En otro capítulo donde aborda "la corrupción y falta de transparencia en el gobierno" el documento estadounidense indica que "la legislación establece sanciones a nivel penal por corrupción a nivel oficial, y el gobierno, en general, implementó la ley en forma eficaz".
Y destaca que "si bien los funcionarios a veces estuvieron involucrados en prácticas corruptas, las autoridades (de Uruguay) las enfrentaron con las medidas legales adecuadas y se consideró que el país tuvo un nivel bajo de corrupción".
El documento señala que el entonces vicepresidente Raúl Sendic "renunció a su cargo en medio de investigaciones por actos de corrupción y denuncias de mala gestión. Sendic estaba siendo investigado por presuntamente hacer gastos personales con una tarjeta de crédito oficial y hacer una mala gestión de la empresa petrolera nacional ANCAP".
El informe de EEUU señala, además, que "no hubo denuncias de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales" y que tampoco se registraron "denuncias de desapariciones realizadas por las autoridades gubernamentales o en su nombre".
El informe recuerda que el comisionado parlamentario para el Sistema Parlamentario, Juan Miguel Petit, detalló "el grave hacinamiento" que afecta a buena parte de las cárceles en los departamentos de Canelones, Maldonado, Tacuarembó, Salto, Artigas, Treinta y Tres, Cerro Largo y Montevideo.
El gran problema del hacinamiento, el alto porcentaje de presos, las pésimas condiciones de higiene y de disposición final de la basura, la falta de programas socioeducativos para la reinserción de los reclusos y una clasificación inadecuada de las personas privadas de libertad, son algunos de los puntos que destaca el informe.
El trabajo realizado por el gobierno de EEUU recoge datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) -que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)- que muestra que el 60% de las mujeres están presas en dos instalaciones en Montevideo, incluida una para las reclusas con sus hijos.
"Los niños que acompañaban a sus madres vivían en instalaciones con problemas como mala planificación y mal diseño, problemas de seguridad por falta de clasificación de reclusas, problemas sanitarios y ambientales para los niños pequeños, falta de instalaciones y servicios especializados, y políticas no definidas y poco claras para reclusas con necesidades especiales. El otro 40% de las reclusas estaba recluido en instalaciones independientes dentro de las cárceles masculinas en todo el país", señala el trabajo que cita a la MNP.
El informe de EEUU señala que en diciembre de 2016 el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) tenía 470 adolescentes infractores en sus instalaciones, de los cuales 98 aún esperaba su condena.
Las muertes en las cárceles
El trabajo también consigna que, según el comisionado parlamentario para el Sistema Parlamentario, Juan Miguel Petit, que 29 de 47 fallecimientos de presos ocurridos durante 2016 se debieron a violencia entre reclusos, al tiempo que 12 fueron suicidios.
Durante el año 2016 se registraron más homicidios y suicidios en las cárceles que en cualquiera de los 11 años anteriores. La mayoría de los fallecimientos (un 71%) ocurrió en los centros de reclusión más grandes de Montevideo, según el informe.
"La falta de actividades educativas y ocupacionales para los reclusos fue una gran causa de peleas y muertes entre los reclusos. La falta de personal y elementos básicos de control, como cámaras de seguridad, hizo que la prevención, el control y la aclaración de hechos en los incidentes de seguridad fueran difíciles", señala el trabajo en base a datos del comisionado parlamentario.
La falta de personal para transportar y acompañar de manera segura a los reclusos afectó la posibilidad de que los reclusos participaran en talleres, clases, deportes y actividades relacionadas con el trabajo. Algunos abogados tuvieron videoconferencias con sus clientes ya que las condiciones de inseguridad impidieron que los abogados visitaran ciertos módulos en Montevideo, subraya el informe.
Un problema aparte es que hay personas privadas de libertada que tienen problemas de salud mental que nunca fueron debidamente tratados en la cárcel. En ese sentido, el informe es crítico en la dificultad para acceder a ayuda psicológica o psiquiátrica o participar en programas sociales o grupos de apoyo para prevenir el suicidio.
El informe también critica que "se discontinuaron las clínicas anuales y a veces las dificultades operativas (falta de funcionarios, carga de trabajo abrumadora, falta de coordinación), lo que impidió que los reclusos fueran llevados a consultas médicas. Los hospitales públicos de salud mental que recibieron reclusos sufrieron de hacinamiento y problemas de infraestructura".
Los delitos en la dictadura
La Justicia uruguaya sigue investigando las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico- militar, que "la ley las tipifica como crímenes de lesa humanidad". El trabajo realizado por el gobierno de EEUU destaca el procesamiento por tortura y abuso de autoridad del coronel retirado, Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del fallecido dictador Gregorio Álvarez Armelino, alias "El Goyo".
Este informe recuerda que el entonces capitán y juez militar Álvarez torturó a Gerardo Riet Bustamante, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo y dirigente sindical. Riet fue obligado a firmar su declaración y, después de soportar la simulación de la muerte de su hermana, sufrió una crisis nerviosa.