El 22 de diciembre de 1986, al finalizar el segundo año de gobierno de Julio María Sanguinetti, el parlamento dio sanción definitiva a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848. Conocida popularmente como Ley de Caducidad, en realidad se trató de una forma de consagrar la impunidad de los delincuentes de lesa humanidad.

El meollo de la impunidad estaba contenido en el primer capítulo de la ley, que constaba de cuatro artículos.

El artículo 1º de la ley establecía que “ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

El artículo 2º establecía dos razones de exclusión de delitos en este manto de impunidad: “Las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, exista auto de procesamiento” y “Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico”.

El artículo 3º consagraba el final de la separación de poderes, al obligar a los jueces que recibieran denuncias a consultar al Poder Ejecutivo para saber si los crímenes denunciados estaban comprendidos en la hipótesis de la norma.

Mientras tanto, el artículo 4º establecía la posibilidad de investigar, siempre sujeta a la voluntad política del Poder Ejecutivo, lo ocurrido “a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”.

La ley establecía que, en estas situaciones, el gobierno “dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos” y que “dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada”.

Estos cuatro artículos han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia en la causa que investiga los fusilamientos ocurridos en la localidad de Soca, en el departamento de Canelones, en diciembre de 1974. Lo mismo ocurrió en el caso de la maestra Nibia Sabalsagaray, asesinada en el Batallón de Ingenieros y Servicio de Transmisiones Nº5. 

Balance de la impunidad

José Gavazzo, Asencio Lucero y Jorge Silveira siguen acumulando causas.

A 30 años de la votación de la ley, a finales de 2016 apenas se registran 30 personas procesadas en los más de 200 procesos judiciales abiertos, tal como informó Sudestada en mayo en base a un informe elaborado por el Observatorio Luz Ibarburu (OLI). Ese número de fallos no ha variado a pesar de que en los seis meses restantes se produjeron 33 pedidos de procesamiento por parte del Ministerio Público. 

En efecto, existen nueve expedientes penales en los que ha habido nuevos pedidos de procesamiento por parte de representantes de la Fiscalía General de la Nación, imputándole los delitos de homicidio y tortura a 33 indagados, según un nuevo relevamiento realizado por el OLI.



Esto significa que hubo 30 represores procesados (varios de ellos ya muertos) hasta mediados de 2016, y poco se ha avanzado en el resto del año. Están pendientes los pedidos de procesamiento de otros 33 acusados por causas diferentes a las anteriores.

Entre estos 33 pedidos nuevos, sin embargo, figuran tres que ya están procesados en otras causas: José Gavazzo, Jorge Silveira y Asencio Lucero. 


Aclaración: la versión original de esta nota fue corregida. En la primera versión se afirmaba que "Sólo hubo procesamientos de represores en nueve expedientes con pedido de enjuiciamiento" cuando en realidad hubo pedidos fiscales de procesamientos en nueve causas nuevas desde mayo hasta diciembre de 2016. El total de procesados desde 2002 es 30 y hubo 33 nuevos pedidos en 2016.