El presidente Lacalle Pou, junto con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el presidente de OSE, Raúl Montero. anunció la aprobación del proyecto Neptuno como la más grande inversión de los últimos 150 años en esa área. Foto: Presidencia.

Víctor L. Bacchetta

El 21 de diciembre último, en la Torre Ejecutiva, el Ministerio de Ambiente convocó a una reunión conjunta del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y Frente Marítimo y la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. En el orden del día, el Proyecto Neptuno-Arazatí presentado por un consorcio de cuatro empresas privadas que fue aprobado por el Directorio de OSE el 15 de noviembre pasado.

Los integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Redes Amigos de la Tierra y la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Solís Chico, presentes en la reunión, rechazaron la propuesta oficial por considerar que no se cumplen las disposiciones constitucionales y legales en materia de participación social y de acceso a la información.

Desde el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou, en su discurso ante el Parlamento el 2 de marzo de 2021, el procedimiento para la evaluación y autorización del Proyecto Neptuno fue enmarcado en la Ley de Reactivación Económica N°17.555 de 2002. En medio de la crisis económica de aquel año, esta ley estuvo dirigida a agilizar trámites con el fin expreso de reactivar la actividad de la industria de la construcción.

Con ese fin, se habilitaron mecanismos para simplificar los trámites de las inversiones privadas en aquel sector. El gobierno disponía de 90 días para aceptar una propuesta, dentro de los cuales la información es confidencial. Una vez aceptados los estudios de factibilidad, la administración tenía 120 días para llamar a la licitación de las obras, otorgando al proponente inicial una ventaja de 5 al 20% sobre el valor ofrecido.

El Poder Ejecutivo eludió por esta vía los mecanismos de información y participación establecidos, aprobó el proyecto y convocó a los representantes sociales a la altura en que OSE ya se encuentra preparando los pliegos para una licitación internacional, sin que el proyecto haya sido considerado por el consejo regional y las comisiones de cuenca, ni esté realizada la evaluación de impacto ambiental correspondiente.

Por esta razón, la CNDAV y las otras entidades sociales plantearon la suspensión del llamado a licitación y no aceptaron participar de la deliberación sobre el proyecto en tales condiciones. Al mismo tiempo, FFOSE y el integrante del Frente Amplio Edgardo Ortuño, representante de la oposición en el Directorio de OSE, presentaron sendos recursos de revocación y anulación de la decisión tomada por el organismo.


Propuestas desde la sociedad civil


Para las organizaciones de la sociedad civil, se debe detener el vaciamiento de OSE.

La CNDAV y las otras organizaciones sociales plantearon a las autoridades que el Ministerio de Ambiente convoque una discusión pública bien informada sobre la situación de los recursos hídricos del país y que de esta instancia surjan alternativas para el suministro de agua potable a la zona metropolitana que actualmente depende solo de la usina de Aguas Corrientes en el Río Santa Lucía.

Se reclama que esa discusión se realice en los ámbitos previstos por la Ley de Política Nacional de Aguas (N°18.610), teniendo en cuenta además los mandatos del Artículo 47 de la Constitución y del Acuerdo de Escazú sobre la participación social, el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como las recomendaciones de los Relatores de ONU sobre los servicios de agua potable y saneamiento.

Agregan que la discusión debe hacerse con toda la ciudadanía y no solamente con los habitantes de la zona metropolitana puesto que, sumados a los impactos ambientales y sociales de las soluciones que se adopten, probablemente implicarán un costo importante. Recuerdan que OSE se financia con la tarifa y la metodología de subsidio cruzado, o sea que toda la ciudadanía tendrá que pagar por la solución.

OSE debe tomar medidas urgentes para solucionar las pérdidas de agua potable que tiene desde hace décadas. Para las referidas organizaciones sociales, no es aceptable que se proponga la producción de más agua potable para ser distribuida por una red que pierde el 50% de lo que transporta desde la planta potabilizadora.

Asimismo, OSE debe detener la política de vaciamiento del Organismo. "Estamos de acuerdo en desarrollar otra fuente de agua y otra planta potabilizadora, pero en este momento OSE no tiene funcionarios suficientes para cubrir tales actividades. Nos preguntamos, cuál es la idea, ¿seguir tercerizando? Eso también es privatización del servicio público y está prohibido por la Constitución", afirma la CNDAV.

Por último, las entidades sociales plantean tomar medidas para mejorar la calidad del Rio Santa Lucia en forma urgente. "Estas medidas ya han sido ampliamente discutidas en Comisión de Cuenca y Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, con propuestas concretas de los académicos y movimientos sociales", concluyeron.