Vista de la maqueta de la nueva planta de UPM. Ilustración: UPM. 

La noticia se dio primero en Europa, donde el CEO de UPM Pulp, Jussi Pessonen, brindó una conferencia de prensa que generó un impacto inmediato en el precio de las acciones de la empresa. Finalmente, y luego de tres años de negociaciones, la multinacional finlandesa decidió invertir en Uruguay para construir una segunda planta de celulosa, esta vez en el centro del país, en el departamento de Durazno.

En Uruguay el gobierno emitió un cauteloso comunicado, de cinco párrafos, celebrando el anuncio y asegurando que la inversión “refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad, para la llegada de inversiones extranjeras”.

Al mediodía, UPM brindó una conferencia de prensa en el hotel Sheraton de Montevideo, que duró más de una hora, y emitió un comunicado. Los encargados fueron el finlandés Petri Hakkanen, vicepresidente senior del proyecto en Uruguay, y los directivos uruguayos de la empresa Gonzalo Giambruno, Javier Solari y Matías Martínez.

Uno de los aspectos planteados en la conferencia fue el protocolo laboral que se difundió este mismo martes 23, y que establece condiciones para prevenir conflictos y asesorar a las empresas que participen de la obra. “Sabemos que habrá conflictos” y “es natural que eso suceda”, dijo Giambruno, por lo cual se buscó generar un mecanismo de negociación “para que las cosas no pasarán de 0 a 100” y de este modo administrar la tensión “de forma clara y no llegar a medidas que fueran dañinas para todas las partes”.

El acuerdo establece que se instalarán oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el predio donde funcionará la planta mientras dure el proceso de construcción. Una será de la Inspección General del Trabajo, que se ocupará de cuestiones inmediatas y asesorará sobre la aplicación de la legislación laboral si surgen diferencias entre trabajadores y la empresa. La otra será de la Dirección Nacional del Trabajo, a fin de mediar en caso de conflicto entre las partes para que “no se tomen medidas en las fases tempranas” de una eventual disputa laboral.

Números enormes y dudas ambientales

La empresa dio números para defender la inversión. Giambruno, Solari, Hakkanen y Martínez. Foto: Sudestada.

Asimismo, se consultó a la empresa sobre la necesidad de aumentar el caudal mínimo del río y a los reparos de los pobladores de Rincón del Bonete ante la posibilidad de que esa medida implique la inundación de una parte de su planta urbana.

Giambruno dijo que la condición de un flujo mínimo de agua en todo el caudal del río busca que se “mantengan las condiciones del curso de agua”. Según el vocero de UPM, “esto no es nuevo, la tendencia ambiental es que todos los ríos represados tengan un caudal mínimo para mantener la condición de curso de agua”.

Además negó que haya consecuencias para la población por la existencia de un flujo mínimo del río y aseguró que los parámetros establecidos por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no implican ninguna “afectación a los niveles ni a la práctica habitual en el manejo del río”, del que existen datos disponibles recogidos durante muchos años.

Solari dijo que la nueva planta “tiene una complejidad particular porque hay una gran separación entre la planta y el puerto” y porque su emplazamiento será en una zona que presenta un desarrollo “bastante atrasado”, donde se registran niveles de actividad económica, inversión, infraestructura y educación menores al promedio, así como necesidades básicas insatisfechas más altas. “Todo eso hace que sea un proyecto más desafiante desde todo punto de vista”, aseguró.

Más de 3 mil millones de dólares de inversión, sumando los 2.700 millones de la planta industrial y los 350 en infraestructura portuaria y las instalaciones de Paso de los Toros, según informó la empresa. Hakanen sostuvo que la construcción de la planta demandará 6 mil puestos de empleo y que, durante la etapa de producción, se llegarán a emplear a 10 mil personas en toda la cadena logística.

“Se espera que la planta comience a funcionar en la segunda mitad de 2022. La parte principal del total de los 3 mil millones de dólares de gastos de capital se llevará a cabo en 2020-2022. UPM tendrá el 91% de participación en el proyecto y el restante 9% pertenecerá a un grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos”, señaló la empresa finlandesa.

Si bien nunca se lo nombró, el inversor uruguayo es el Grupo Otegui, que ya integra el consorcio que construyó la planta en Fray Bentos cuando era propiedad de Botnia. Otegui tuvo el 9 por ciento de las acciones hasta que el 100 por ciento del paquete accionario fue comprado por UPM en octubre de 2009. 

Hakanen explicó que estos son proyectos a largo plazo y que desde hace 10 años UPM analiza la instalación de una nueva planta. La demanda de celulosa en Asia, Europa y otros continentes justifican la obra, manifestó.

Satisfacción en el oficialismo

Imagen de la planta proyectada por los finlandeses, y anunciada este martes. Ilustración: UPM.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que la confirmación de la instalación de esta segunda planta de celulosa le causa “mucha satisfacción”.

“No se sabía exactamente el momento en que podía llegar esta decisión por parte de la empresa inversora pero se habían hecho los mejores esfuerzos para crear las condiciones favorables”, aseguró en declaraciones a Radio Uruguay. Para Rossi “es una satisfacción que este esfuerzo haya terminado exitosamente en esta etapa” y consideró que con este emprendimiento se dinamizará la economía con una inversión muy significativa para Uruguay.

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, también destacó el impacto que tendrá la instalación de esta nueva planta y aseguró que se logró “un muy buen acuerdo” con la empresa. Por su parte, el subsecretario del MVOTMA, Jorge Rucks, dijo que desde su cartera se hará el seguimiento de todas las autorizaciones ambientales y que, en forma paralela, se trabaja en el manejo de la cuenca del Río Negro, que ya tiene problemas de contaminación.

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, también se mostró satisfecho por el anuncio de los finlandeses y remarcó que hay desafíos que el Estado uruguayo debe atender, como el diseño de estrategias de cuidado del ambiente.

Dudas y críticas en la oposición

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou destacó el emprendimiento, pero advirtió que el gobierno uruguayo “negoció mal”. “Creemos que no supo representar los intereses” y consideró que se entregó “demasiado”.

Para Lacalle Pou se deben respetar los compromisos asumidos, pero, si se observan aspectos perjudiciales para Uruguay, se podrá revisar lo pactado.

El candidato colorado Ernesto Talvi aseguró que el acuerdo con la multinacional de origen finlandés fue alcanzado “a puertas cerradas”, pero reconoció que “mueve la aguja” en la industria y en la generación de fuentes de trabajo.

El ex presidente Julio María Sanguinetti también criticó el “secretismo” de las negociaciones y destacó que la instalación de la nueva planta de celulosa es fruto de la política de estímulo de la industria forestal iniciada, a partir de 1985, durante su primera administración.

El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, también manifestó que la confirmación de la construcción de la planta de celulosa “es una buena noticia”, pero advirtió que toda la negociación fe realizada de manera “poco transparente” y sin consultar a la oposición.

El candidato de Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dijo que se debe analizar el impacto de la planta de celulosa y destacó que hubo algunos puntos que se deberían haber negociado de otra manera.

Por su parte, el candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abella, dijo que este es “un día triste” para el país, debido a los problemas ambientales que generará la construcción y puesta en funcionamiento de la que será la tercera planta de celulosa.

Rechazo en la sociedad civil

El proyecto entró en la etapa III, según la presentación que hizo la empresa. 

Desde la sociedad civil, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado en rechazo al anuncio de la empresa por considerar que “convierte todas las cláusulas del documento ahora devenido en contrato firmado por el gobierno en obligaciones para el Uruguay”. Según el Movus, esto “anula o al menos complica de gran manera cualquier posibilidad de renegociar aspectos altamente negativos para el país que se pactaron en ese documento”.

De acuerdo a la interpretación de la organización ambientalista, en ese acuerdo “el Poder Ejecutivo comprometió al país, por fuera de sus atribuciones constitucionales y legales, a gastos que suman más de 4.000 millones de dólares así como modificaciones en lo laboral, lo educativo y graves consecuencias en lo ambiental y social, sin obtener de la operación de esa planta en zona franca ni un peso”.

Por otro lado, uno de los voceros de Movus, Raúl Viñas, inició este lunes una acción de amparo por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) contra la negativa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a entregar información sobre el proyecto de Ferrocarril Central.

El documento a cuyo acceso se negó la Presidencia es el informe por el cual se decidió que el ferrocarril en construcción para las cargas de UPM atraviese zonas densamente pobladas de Montevideo.

Viñas había pedido en abril al MTOP “Copia de los estudios y análisis realizados por ese Ministerio o que obren en poder del mismo, por los que se descartó el trazado de la vía para el tren de UPM al Oeste de Montevideo como habían propuesto los Intendentes de Montevideo y Canelones”.

El ministerio derivó la solicitud a la Presidencia, que a través del secretario Miguel Ángel Toma denegó el acceso. La negativa, fechada el 18 de junio, se basó en un decreto del Ejecutivo del 8 de agosto de 2017 que declaró como "información confidencial y reservada toda aquella relativa al potencial proyecto industrial y de infraestructura" que pueda instalarse en Uruguay por la empresa UPM.

Según el recurso interpuesto por el abogado Rodrigo Speranza, la negativa adolece de “vicios de forma y ausencia de fundamentos sustanciales”, porque la Secretaría de la Presidencia “no tiene facultades para tomar esa resolución y la falta de respuesta en plazo del MTOP configura el ‘silencio positivo’ por el cual se debe entregar la información solicitada”.