Jussi Pesonen, CEO de UPM, a la izquierda de la mesa, junto al presidente Vázquez, en febrero de 2019. Foto: Presidencia. 

Víctor L. Bacchetta

La planta de celulosa y zona franca de UPM sobre el río Negro recibió, el 14 de mayo último, la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Para cumplir los plazos acordados, la ministra Eneida de León culminó a marcha forzada el proceso de evaluación ambiental cuatro días antes de la visita del director ejecutivo de la multinacional finlandesa, Jussi Pesonen.

El gobierno se comprometió en el Contrato ROU-UPM a resolver la autorización de la planta de celulosa en 12 meses desde la entrega del proyecto, mientras las anteriores insumieron 16 meses. Para cumplir el plazo, descontando retrasos de la empresa y el conflicto gremial, el MVOTMA tuvo que disponer incentivos extraordinarios para los funcionarios y superponer la Audiencia Pública con la Puesta de Manifiesto.

Desde la Presidencia se dio por concluida la segunda etapa del proyecto, que daría paso a aquella donde UPM decide si realiza o no la inversión. Sin embargo, Pesonen reconoció avances pero dijo que había tareas pendientes. En la urgencia por anunciar la concreción del proyecto, se dijo desde el gobierno que la decisión de UPM se tomaría antes del 30 de junio, pero tampoco ocurrió y ahora se afirma que será a fines de julio.

Mientras tanto, la autorización del MVOTMA aumentó a 80 metros cúbicos por segundo (m3/s) la necesidad del caudal mínimo para la operación del proyecto, que por la propuesta de UPM era de 65 m3/s. La exigencia de un caudal mínimo para diluir el efluente de esta planta de celulosa no tiene precedentes porque no se planteó con las anteriores plantas de Botnia/UPM en Fray Bentos y Montes del Plata en Conchillas.

La resolución ministerial cita como referencia el Informe Final de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) pero, curiosamente, ese documento no está publicado. La autorización de un caudal mínimo para UPM afecta la gestión de las represas del río Negro, es una decisión con consecuencias económicas, sociales y ambientales, que modificaría la norma en vigor sobre la generación de electricidad.

"El aprovechamiento hidroeléctrico del río Negro a partir del potencial hidráulico de su cuenca, es una de las mayores fuentes de generación de energía eléctrica renovable de la República Oriental del Uruguay", explica un folleto de la UTE. La represa Gabriel Terra, con el embalse de Rincón del Bonete, se inauguró en 1945 y, aguas abajo, le siguieron Rincón de Baygorria en 1960 y Constitución (Palmar) en 1982.

La generación de energía hidroeléctrica es regulada por el Decreto 160/80, del 19 de marzo de 1980, que asignó a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) la prioridad para el uso de las aguas de los tres embalses del río Negro. "Dicha prioridad se hará efectiva frente a todos los demás aprovechamientos", agrega, excepto para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones.

Ese decreto admite "la extracción de aguas para usos productivos que permitan el retorno de las mismas al embalse, después de su utilización". Por este motivo, UPM enfatiza que su consumo de agua sería menor al retornar 107 de los 136 millones de litros tomados diariamente, pero no retorna agua sino un efluente que debe diluirse como mínimo 65 veces para no agravar la contaminación del río Negro.

Consecuencias del caudal mínimo para UPM

Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León. Foto: Presidencia. 

¿Qué significa suministrar a UPM en forma continua 80 metros cúbicos por segundo de agua del lago de Rincón del Bonete? Si no fue modificada la prioridad establecida por el Decreto 160/80, ¿la UTE fue consultada para tomar esta decisión? Hoy en día, las represas no siempre liberan agua y hacerlo sin necesidad tiene el riesgo de faltar cuando se necesita y esto genera gastos económicos significativos.

En 1979 comenzó a operar la represa de Salto Grande en el río Uruguay, que alcanzó funcionamiento a pleno de sus 14 turbinas en 1983. Desde entonces, las represas del río Negro no necesitan generar electricidad en todo momento sino que sirven como reserva para situaciones de emergencia y/o la venta a los países vecinos, al tener el país excedentes por el aporte de las energías eólica, de biomasa y solar.

Si tomamos los caudales erogados por la represa Gabriel Terra entre el año 1979 y 2010, el caudal fue menor a 80 m3/s el 24% del tiempo o 89 días, casi tres meses, en el año. Esto significa que en esos días la represa deberá soltar agua para atender a la planta de UPM, no porque deba generar energía. Para conocer las consecuencias de esta situación sobre la gestión de las represas Sudestada consultó a la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).

Creada en 1997 por la Ley Reguladora del Marco Energético, la ADME tiene a cargo el mercado mayorista de energía eléctrica y el Centro Nacional de Despacho de Cargas. El Centro programa y ejecuta la operación integrada del sistema de generación eléctrica, público y privado, en forma económica dando prioridad a los parámetros de calidad y confiabilidad vigentes.

Sería lógico que la decisión del MVOTMA sobre el caudal mínimo establecido para el funcionamiento de la planta de celulosa de UPM estuviera apoyada por una evaluación de sus consecuencias sobre la gestión del sistema de generación en conjunto y el plan de operación de la represa Gabriel Terra en particular, así como de los costos económicos para el estado uruguayo de su aplicación.

"Esta administración no realizó un estudio que considere el plan de operación de la represa Gabriel Terra con una imposición de erogado mínimo de 80 m3/s al que hace referencia en su nota", fue la escueta respuesta de las autoridades de ADME. Por la declaración se puede deducir que ni siquiera fueron informados de la resolución que otorgó la autorización ambiental a la planta de UPM con ese requisito.



En este contexto, se replantea la interrogante sobre el plan de la UTE para atender el suministro de agua a UPM, que fue asociado con el proyecto del ente de elevar en un metro, hasta la cota #81, el nivel máximo del lago de Rincón del Bonete. Anunciado por el Directorio de UTE en conferencia de prensa en diciembre de 2018, el proyecto fue suspendido por la entonces ministra de Industria Carolina Cosse.

En los últimos días, la llegada de cedulones de desalojo en predios cercanos a Paso de los Toros reavivó las inquietudes con ese proyecto de la UTE. Llevarlo a cabo significaría la inundación de 10 mil hectáreas de campos mayormente ganaderos y daría un golpe de gracia al destino turístico de San Gregorio de Polanco, que además de perder la playa vería inundada buena parte de su planta urbana.