Walter Pernas/ Sudestada / @PernasWalter



El 17 de enero de 2013, en Punta del Este, Martín Carlos Darriulat Andrealo, firmó un compromiso de compraventa con Daniel Weiss Callejas, presidente del directorio de Dilony SA, la empresa constructora creada por el estudio WSW para la creación del edificio “Imperiale Rambla”, que se convertiría en el Hyatt Hotel de la bahía de Pocitos.

Darriulat actuaba como “apoderado especial y en nombre y representación de Gilson Overseas SA”, empresa panameña cuyo dueño real es el ex vicepresidente de FIFA y ex presidente de Conmebol, Eugenio Figueredo, a través de su esposa María del Carmen Burgos.

En Montevideo, esta sociedad fantasma –creada como velo del blanqueo de las coimas recibidas por Figueredo, hoy procesado por estafa y lavado de activos– figura con domicilio en la calle Buenos Aires 484, piso 2, escritorio 10. Allí funcionaba el estudio Damiani & Asociados, dirigido hoy por el presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani Sobrero.

“De acuerdo a la escritura que autorizó el 4 de enero de 2013 el escribano José Pedro Damiani Blengio, Gilson Overseas SA confirió poder especial a Martín Carlos Darriulat” para la firma el 17 de enero de ese año de los contratos de compraventa de los apartamentos 807, 808, 1103 y 1203 del edificio que se transformaría en el Hotel Hyatt Centric, según la documentación notarial a la que accedió Sudestada.

Esos lujosos apartamentos adquiridos a través de Darriulat están valuados hoy en más de dos millones de dólares y forman parte de los bienes confiscados por la justicia de Crimen Organizado.

Según el contrato “todas las unidades del edificio tienen como destino obligatorio la explotación hotelera” y, por ejemplo, el apartamento 807 –uno de los comprados por Figueredo a través de Darriulat– se encuentra “en el octavo piso a cota vertical más 22 metros 19 centímetros”, tiene “una superficie de 43 metros 94 decímetros aproximadamente”, y le corresponde “el uso exclusivo de la cochera número 12 ubicada en el garaje Q de la planta baja”.





Darriulat Andrealo es un rematador público –inscripto en el padrón de “supernumerarios avaluadores de inmuebles” de la Agencia Nacional de Vivienda– que gerencia la Inmobiliaria Bilbao y que se ha vinculado con el mundillo de la dirigencia del fútbol, especialmente con el entorno del presidente de Peñarol y de otros empresarios relacionados con la institución deportiva.

En esos ambientes se le ha tildado de “testaferro” del estudio Damiani, puesto que se le convoca desde esas oficinas para firmar como apoderado en negocios con empresas offshore, lo que –según pudo constatar Sudestada– incluye ser el presidente de una sociedad panameña que lavó dinero para la organización delictiva identificada con el gobierno kirchnerista, de acuerdo a la documentación judicial de los Tribunales argentinos que investigan la llamada “Ruta del dinero K” y que mantienen a Juan Pedro Damiani como indagado.

Pero Martín Carlos Darriulat Andrealo es además el esposo de la contadora Irene Güenaga Laguardia, ex directora general de Servicios Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (2010-2015) y actual encargada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF 2), administrado y gestionado por la Contaduría General de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El SIIF 2 es el sistema que “da soporte a la gestión de las finanzas públicas en el Uruguay” y entre sus principales objetivos se encuentra el de la “eficiencia en la rendición de cuentas, generando información contable oportuna y confiable que le permita dar mayor transparencia a la rendición de las cuentas públicas”, según las actas oficiales.

La contadora Güenaga fue designada por el MEF como “jefa de proyecto” en esta etapa de “modernización” del sistema que cuesta 21,5 millones de dólares, de los cuáles 14,5 otorga en préstamo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y siete invierte el gobierno nacional.

El SIIF 2 (2014-2019) reparte en salarios 1,3 millones de dólares (260 mil dólares por año) entre el equipo del proyecto comandado por la esposa del testaferro de Figueredo y del Grupo K en negocios de lavado de activos.

Amante de las velas, socio del Yacht Club, y miembro oficial de la delegación del Comité Olímpico Uruguayo que viajó a los Décimos Juegos Suramericanos de Santiago (2014), Darriulat fue también uno de los votantes del Frente Amplio “indignados” que firmó una carta que cuestionó al vicepresidente, Raúl Sendic "por haber “ostentado un título que no posee”.

“El cuestionamiento que realizamos es de carácter ético porque, para la izquierda uruguaya, la ética en la política ha sido un rasgo distintivo de su accionar así como una fuente de orgullo para militantes y votantes”, señala la carta a la que adhirió Martín Darriulat.

Damiani, Darriulat y la ruta del dinero K

A mediados de 2011, la contadora Güenaga se encontraba en plena función pública como titular de la Dirección General de Recursos Financieros del MDN, cartera que por entonces estaba en el ojo de la tormenta por corrupción en la Armada y en otras áreas de la institución.

En el ámbito privado, su esposo Darriulat Andrealo participaba en asambleas de accionistas de empresas panameñas vinculas a la financiera suiza “Helvetic Services Group” –manejada en las sombras por el empresario kirchnerista, Lázaro Báez, a través de su testaferro Néstor Marcelo Ramos– que servían de blanqueadoras en la llamada “Ruta del dinero K”: Báez se encuentra en la cárcel por lavado de activos y sobre Ramos pesa un pedido de captura internacional.

El juez argentino Sebastián Casanello interrogó, el 2 de agosto, a Juan Pedro Damiani al entender que sería un “beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos y radicada en Suiza”. En ese momento pudo haber trascendido el papel que jugó Darriulat como testaferro, pero el caso pasó inadvertido.

De un informe entregado a la justicia por la Unidad de Información Financiera argentina “se desprende importante información en torno a la hipótesis criminal que atañe a la formación de una estructura jurídica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez”, y en la que Damiani tuvo una participación relevante desde su estudio, al que más de una vez debió acudir Darriulat a prestar su nombre para negocios que hoy se saben delictivos.

Una de las actas registrales panameñas obtenidas por Sudestada señala: “En la ciudad de Montevideo, a los seis días del mes de junio de 2011, en el local de la calle Buenos Aires 484, Piso 2, escritorio 10, siendo las 12 horas, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Finsek SA, en primera convocatoria y con la asistencia de la accionista Helvetic Services Group representada en este acto por el señor Martín Scheiner Fuster”, otro testaferro que aportó el estudio Damiani para las operaciones financieras requeridas desde la organización argentina vinculada al Kirchnerismo.



El propósito de la reunión era que la empresa uruguaya Finsek SA, creada por el estudio Damiani & Asociados “sea continuada como una sociedad para negocios internacionales bajo el nombre de Finsek Services SA en la jurisdicción de la República de Panamá”.

Aprobada la iniciativa, el “nombre del agente residente” en el país centroamericano es “la firma de abogados Patton, Moreno & Avast con oficinas en el edificio Capital Plaza, Piso 8, avenida Roberto Motta, Costa del Este, Panamá”.

El acta señala a continuación los nombres de los directores y primeros “dignatarios” de Finsek Services SA. Y allí como “presidente”, con dirección en “Montevideo-Uruguay” figura “Martín Darriulat” junto a los directores Martín Scheiner (secretario) y Berta Acoca de Patton (tesorera).





De acuerdo al Reporte de Operaciones Sospechosas del Banco Columbia SA con sede en Argentina, fechado el 25 de abril de 2013, la cuenta corriente de la financiera SGI Argentina SA –conocida como La Rosadita–, cuyo socio mayoritario es Helvetic Services Group (con el 96% de las acciones), recibió 49 millones de pesos argentinos (7,2 millones de dólares de la época) entre el 23 de junio de 2011 y el 22 de abril de 2013.

La denuncia del banco radica en la “inusualidad” de los movimientos y “refiere a la presencia de indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el sujeto obligado no cuente con una explicación”.

Entre la documentación complementaria al Reporte de Operaciones Sospechosas se encuentra “una nota presentada por la firma “SGI Argentina SA” al Banco Columbia SA mediante la cual acompañó, entre otras cosas, detalle de inversiones en el país y en el extranjero de “Helvetic Services Group”, en el que destaca las recibidas en Uruguay por las empresas “Lionat SA, Dysona SA y Finsek SA”, esta última presidida por el uruguayo Martín Darriulat.