El esquema que elaboraron los investigadores brasileños, donde señalan al estudio uruguayo como parte central de la maniobra. 

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

Otra vez el estudio jurídico y contable que lleva el nombre del exministro de Economía Ignacio de Posadas aparece señalado en una causa judicial en el exterior como el articulador de maniobras de lavado de dinero. En este caso, fue uno de los principales exdirectivos de la empresa Petróleos Brasileiros SA (Petrobras) el que se valió de sus servicios para ocultar el rastro del dinero.

En el curso de la investigación, la Policía Federal brasileña definió al estudio Posadas, Posadas & Vecino como “responsable de la administración de las empresas extranjeras” de un escritorio de Rio de Janeiro denominado “JRF Consultoria Empresaria Ltda”. Este bufete, según los investigadores, se dedica “a ocultar la titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y consecuentemente ocultar su patrimonio”.

JRF son las iniciales del abogado José Reginaldo Filpi, dueño del estudio y centro de las maniobras para ocultar el origen ilícito de millones de dólares de sobornos. Filpi murió en mayo de 2015. Quienes, a través de su confesión, permitieron desenredar la madeja y revelar la operativa fueron la abogada Christina María da Silva Jorge (socia de Filpi) y João Antônio Bernardi Filho, un exfuncionario de la constructora Odebrecht que ofició como testaferro del exdirector de Petrobras Renato de Souza Duque.

Los delitos imputados en Brasil

João Antônio Bernardi Filho, el testaferro.

Corrupción pasiva, lavado de dinero y ocultamiento del producto de crímenes fueron las tres imputaciones que recibieron el exdirector de Servicios de Petrobras Renato de Souza Duque y su viejo amigo João Antônio Bernardi Filho por parte de la jueza Gabriela Hardt. Según la magistrada, el instrumento para sus maniobras fue la sociedad anónima Hayley, con sede en Montevideo.

La jueza Hardt sustituyó en 2018 a Sergio Moro al frente de la investigación conocida como “Lava Jato”, y el fallo contra Duque y Bernardi fue el primer dictamen de la magistrada desde que reemplazó al actual ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro.

El caso reviste importancia para Uruguay porque en la investigación vuelve a quedar claro cómo la plaza financiera uruguaya sirvió para el enjuague ilegal de 10,6 millones de dólares, según la declaración de Bernardi en 2017 ante Moro, a cuyo audio accedió Sudestada.



En este caso la pantalla para la maniobra de blanqueo fue la sociedad anónima Hayley, creada en enero de 2009 en Montevideo. La abogada brasileña Christina María da Silva Jorge figura en el registro uruguayo como su presidenta, con el domicilio fiscal en el piso 5 de la calle Convención 1382, sede del estudio Echevarría Petit & Asociados.

Sin embargo, el bufete que aparece como administrador de la empresa es Posadas, Posadas & Vecino, desde su sede en el barrio de Carrasco, tal como surge de la documentación obtenida por Sudestada.

En esta causa, la pena inicial para Duque fue de 6 años y 8 meses, pero luego se redujo a la mitad en consideración de su acuerdo de colaboración con la Justicia de Brasil. En el caso de Bernardi la pena fue de 5 años y 6 meses, pero también se vio beneficiado por haber aportado información a los investigadores.


Renato de Souza Duque, el funcionario condenado por corrupción. 

Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras desde 2003 hasta 2012. Hoy está preso, al igual que varios de sus antiguos compañeros de trabajo, por haber aceptado millonarias propinas para beneficiar al cártel de empresas constructoras que esquilmó a la petrolera estatal de Brasil.

Entre las constructoras que, según la Justicia, sobornaron a Duque se encuentran la brasileña Odebrecht, la argentina Techint y la italiana Saipem.

La empresa uruguaya Hayley fue usada, por ejemplo, como vehículo para pagar las coimas que esta empresa italiana ofreció a De Souza Duque a fin de “aceitar” la firma de un contrato con Petrobras para la construcción de un gasoducto submarino.

Para intentar ocultar el origen ilícito de sus fondos el exdirector de Petrobras ordenó la compra de 11 inmuebles en San Pablo y Rio de Janeiro y 14 obras de arte, además de abrir cuentas bancarias en Suiza, “invertir” en fondos fantasma y contratar servicios de consultoría por labores que nunca se realizaron.

La empresa Hayley también fue identificada en Argentina, como parte del esquema que permitió a la multinacional Techint “pagar coimas y manejar millones en negro”, lo cual derivó en una investigación judicial que sigue abierta en Italia, según publicó el diario argentino Perfil.

Techint es la misma empresa que Sudestada denunció en 2014 por violar la ley de partidos políticos al aportar a las campañas electorales del Frente Amplio y el Partido Nacional en 2009 a pesar de estar impedida por tener concesiones de obra pública. Techint, a través de su subsidiaria Tenaris, aportó 416 mil pesos a cada partido y la Corte Electoral recibió la denuncia pero no la investigó.

La ruta del dinero pasa por Carrasco

Estudio Posadas, Posadas & Vecino, en la calle Mones Roses 6937, en Carrasco. 

João Antônio Bernardi tenía una amistad de más de 30 años con De Souza Duque y por eso no sólo lo puso como encargado de gestionar las coimas sino que además le pidió que fuera el titular de la empresa formada a tales efectos.

“Hayley era mía pero el dinero era de Duque”, declaró Bernardi, en 2017, ante el entonces titular de la causa Lava Jato, el hoy ministro Sergio Moro.

En base al testimonio de Bernardi y otros colaboradores, la investigación judicial brasileña obtuvo pruebas que demuestran que Uruguay jugó otra vez un rol fundamental en el blanqueo de los capitales. Y vuelve a ser el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV), desde sus oficinas en Carrasco, el que aparece como asesor y administrador de esos bienes obtenidos gracias a la corrupción.

En su confesión, Bernardi contó que, a fin de administrar las coimas destinadas a De Souza Duque, contactó al abogado brasileño José Reginaldo Filpi para que lo asesorara en la apertura de una cuenta en el exterior. Fue mediante los contactos de Filpi que las coimas recibidas por Duque tuvieron su estación de lavado en Uruguay.

Así fue que abrió la sociedad anónima uruguaya Hayley (con su correspondiente filial en Brasil, Hayley do Brasil), junto a la cuenta bancaria 0482375100654700001 en el Banque de Commerce et Placement en Ginebra, Suiza, donde el estudio PPV tiene una sucursal.

Según el informe de la Policía brasileña al que accedió Sudestada, el estudio de José Reginado Filpi se dedica “a ocultar la titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y consecuentemente ocultar su patrimonio”.

Para llevar adelante este fin, Filpi y sus colaboradores tercerizan servicios tanto en Brasil como en el exterior, dice el informe, que pone el ejemplo de dos países a los que recurre de manera asidua: Uruguay y Panamá. En el primero, la Policía identifica como asistente de Filpi al “escritorio Posadas, Posadas & Vecino, localizado en la dirección: Mones Roses 6937, Montevideo, Código Postal 11.500, Uruguay”.


Perfil profesional de Ignacio de Posadas en la página web de su estudio, www.ppv.com.uy

En Panamá, la Policía brasileña señala al estudio “Morgan & Morgan”, donde todavía figura como socio un exempleado del escritorio uruguayo. Como ya informó Sudestada, el abogado panameño Luis Miguel Hincapié Corcó aparece como “agente residente” del estudio PPV en aquel país centroamericano, para la creación de la empresa Vonderex, una de las offshore usadas en la trama “Lava Jato”. 

En varios de los correos electrónicos registrados entre miembros del estudio del abogado brasileño Filpi y sus pares del uruguayo PPV, queda claro que las tareas que realizaba este último tenían que ver con la “administración” de las empresas de papel y de los fondos que estas manejaban, además de asesorar en el flujo de los fondos entre esas empresas y sus cuentas.

En sus investigaciones, la Policía brasileña concluyó que Hayley SA era usada para el lavado de dinero y apuntó sus esfuerzos a probar ese delito. Cuando estos intentos se hicieron notables, Bernardi temió verse involucrado y dio directivas para ocultar su participación en las maniobras.

A partir de ese momento “las personas vinculadas a la administración de esta empresa desarrollaron una nueva alternativa para mantener ocultos los recursos financieros que se encontraban bajo su tutela”, dice el informe policial.

El documento de los investigadores agrega: “Debido a que las investigaciones de la Operación Lava Jato identificaron que la empresa Hayley SA posiblemente esté envuelta en el ilícito de lavado de dinero, las personas involucradas en la administración de esta empresa desarrollaron una nueva alternativa para mantener ocultos los recursos financieros que se encontraban bajo su tutela”.

Para ello decidieron abrir nuevas empresas y transferirles el dinero desde Hayley para ocultar quiénes eran los beneficiarios finales. Así nacieron la panameña Worly International SA y Deepwater Rio Ltda en las Islas Vírgenes Británicas.


Primera página del acta fundacional de Worly International SA, concretada por el estudio Morgan & Morgan. 

Para esta tarea, el testaferro Bernardi y la abogada Jorge contaron con el asesoramiento de Enrique Navarrete, un contador del estudio PPV. Así queda demostrado (entre otros documentos) en un correo electrónico que Navarrete escribió a la abogada Christina Jorge, funcionaria del estudio Filpi y presidenta de Hayley, desde su casilla del estudio (enavarrete@ppv.com.uy), el 11 de diciembre de 2014 a las 16 horas:

“Apreciada Christina
Vamos a hacer una distribución de ganancias para Worly y el pago lo hacemos transfiriendo la inversión en Deepwater.
1) Para avanzar con la operación de transferencia de la inversión de Deepwater para Worly vamos a necesitar que nos envíe copia de los Share Certificates de Deepwater a nombre de Hayley.
2) Si consigues un balance de Deepwater podemos utilizar el valor del balance para hacer esa transferencia. En caso contrario haremos esa transferencia utilizando el costo de la adquisición (actualmente la inversión está valuada en la contabilidad de Hayley al costo de adquisición).
3) Después de hacer la transferencia tienes que hablar con los encargados de la administración de Deepwater para cancelar esos Share Certificates y emitir nuevos a nombre de Worly.
Quedamos a la espera de una respuesta.
Atentamente
Enrique Navarrete”

Sudestada intentó, sin éxito, contactar al contador Navarrete, quien ya no trabaja más en PPV.

Empresas fantasma y contratos ficticios

La trama de empresas, contratos ficticios y compras simuladas se siguió complicando, y apareció una nueva empresa, esta vez en las islas Vírgenes Británicas, que también recibió parte de los fondos que Bernardi intentaba ocultar de las autoridades brasileñas.

"Howard Consolidated Limited" es el nombre de la empresa offshore que suscribió junto a Hayley un acuerdo de inversión con DeepWater Rio por un total de 750 mil dólares, como parte de las maniobras de lavado del dinero de las coimas que había cobrado De Souza Duque.

En su declaración ante el juez Moro, el testaferro Bernardi detalló la inversión de 1,5 millones de dólares en Deepwater, como una de las maniobras realizadas para ocultar los activos ilícitos. 


Estado de cuenta bancaria de Deepwater hallado por los investigadores brasileños, donde consta la compra de acciones por parte de la uruguaya Hayley y de Howard Consollidated, de Islas Vírgenes Británicas. 

En el documento aparece, por un lado, Hayley con el domicilio fijado en Montevideo, en el estudio PPV, y por otro la empresa de Islas Vírgenes Británicas "Holding Consolidated Limited", donde también figura la abogada Christina Jorge. Pero, además, en el documento surge entre los inversores una misteriosa empresa con sede en Bahamas denominada "Queluz International Holding Ltd", que también fija un domicilio en Montevideo. Esta vez la sede uruguaya de la empresa fantasma es la calle Rivera 6329 oficina 102, donde funciona la representación del banco suizo PKB.



El acuerdo está firmado por Christina Jorge en nombre de Hayley y por DeepWater Rio lo hizo Marcelo Antonio Castro Muller, un exdirectivo de la empresa AEM Sistemas, investigado en la causa Lava Jato por pagar coimas a la empresa constructora Andrade Gutierres.

El acta de directorio de Hayley, que integra únicamente la brasileña Christina Jorge, fue redactada el 31 de octubre de 2014 en idioma español y en pesos uruguayos. En ella consta la decisión de transferir a Worly International la cifra de 750 mil dólares “en concepto de distribución de utilidades definitivas” correspondientes a acciones de la otra offshore involucrada, DeepWater Rio. Esta es la maniobra que recomendó Navarrete, el contador del estudio Posadas & Vecino, donde se consuma una de las partes del lavado.


Acta de Directorio de Hayley SA, en la que Christina Jorge decide "comprar" las acciones de DeepWater Rio Ltda. 


Certificado de las acciones de Deepwater que Hayley compró con los 750 mi dólares transferidos a Worly, como sugirió el contador del estudio Posadas, Posadas & Vecino. 

Para la Justicia brasileña, Bernardi “como efectivo gestor de Hayley, vació sus activos en cuentas en el exterior y en inversiones, transfiriéndolos para otra offshore, Worly International, en aparente intento para frustrar la aplicación de la ley penal, previniendo el secuestro de los activos mantenidos en la cuenta Hayley en Suiza”.

Según el juez de Lava Jato, todas estas “alteraciones simuladas en el cuadro social de la empresa Hayley y las extracciones de cuentas y las inversiones en el exterior ocurrieron después de las prisiones cautelares dispuestas por la operación Lava Jato, en noviembre de 2014”.

El 3 de marzo de 2015 Worly International (y no Hayley, como debería suponerse, siendo la empresa que pidió el asesoramiento) ordenó la transferencia de 6.680 dólares de su cuenta a la del estudio PPV por concepto de “servicios jurídicos y contables”. El dinero fue depositado en la cuenta del Banco Itaú de Montevideo número 6550245101. Y el origen de los fondos fue la cuenta en Suiza, en el banco Crédit Agricole, de la panameña Worly, que también era controlada por el testaferro Bernardi. La factura se pagó con dinero negro.


El 3 de marzo de 2015 el testaferro Bernardi ordenó el pago de servicios profesionales al estudio Posadas, Posadas & Vecino. 

Por aquellos días, el escándalo mediático ya había trascendido fronteras, y en Uruguay también los titulares de los medios daban cuenta del operativo judicial que perseguía a los lavadores de dinero de Odebrecht y sus cómplices. A pesar de eso, el estudio PPV continuaba enviando correos electrónicos a Christina Jorge, presidenta de Hayley, para decirle cómo tenía que proceder para transferir el dinero a las otras offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

De hecho, en su declaración judicial, la mujer aseguró que la offshore panameña Worly Internacional “fue constituida directamente por Bernardi por indicación de los abogados uruguayos en razón de cuestiones tributarias en Uruguay” y amplió: “Posadas & Vecino es el escritorio de abogados y contabilidad responsable por la empresa Hayley en aquel país”.

Esto fue confirmado por Bernardi el 15 de octubre de 2015 durante su declaración ante los fiscales Orlando Martelo y Diogo Castor de Matos. Allí explicó de quién fue la idea y cómo se creó la panameña Worly: “Fue sugerida por los abogados de Uruguay la creación de un holding en paraíso fiscal para que Hayley SA. se mantuviera en una faja de impuesto a la renta más favorable”. Además de lavar millones querían pagar pocos impuestos.