Aviso de Google donde consta que retiró la publicación del resultado de algunas búsquedas. 

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

Dos investigaciones periodísticas publicadas por Sudestada sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en complejas estructuras internacionales de lavado de activos fueron retiradas de los resultados de búsqueda de Google, según notificó la empresa, sin dar espacio a una defensa previa ni dar garantías de debido proceso. Ante la falta de posibilidades de defenderse, Sudestada presentó este viernes una acción de amparo ante la Justicia uruguaya, con el patrocinio del abogado Matías Jackson y el asesoramiento jurídico de Observacom.

La medida unilateral adoptada por la plataforma se tomó pocos días después del inicio de las publicaciones conocidas como "Pandora Papers", una investigación periodística colaborativa a nivel mundial que reveló cómo políticos, empresarios y otras personas influyentes utilizan guaridas fiscales para lavar dinero. En dichas revelaciones, de un notorio interés público e impacto global, aparecen derivaciones de la investigación de Sudestada que fue censurada.


La censura y los Pandora Papers


Pandora Papers. Ilustración del ICIJ. 

La serie de publicaciones de "Pandora Papers", impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) comenzó el 3 de octubre, y en Uruguay las primeras notas se difundieron en el semanario Búsqueda el día 7.

El día 11 de octubre, Google notificó a Sudestada su decisión de retirar de sus resultados de búsqueda la nota titulada "Lava Jato: estudio De Posadas fue un centro de blanqueo de los sobornos". En el informe, publicado el 1° de agosto de 2017, se informa que la Fiscalía brasileña afirmó en su acusación que el estudio tuvo una “actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado”. También se publicaron documentos que demostraron que el bufete había cobrado al menos 264 mil dólares del político derechista Eduardo Cunha, acusado de corrupción en el caso Lava Jato.

La decisión del buscador de censurar los contenidos, comunicada a través de un correo electrónico en idioma inglés, se basó en la presunta violación de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Según explica Google en su notificación, "La DMCA es una ley de derechos de autor de los Estados Unidos que proporciona pautas para la responsabilidad del proveedor de servicios en línea en caso de infracción de derechos de autor".

El buscador aclara: "Estamos en el proceso de eliminar de los resultados de la Búsqueda de Google el material que presuntamente infringe los derechos de autor de otros. Si no lo hicimos, podríamos estar sujetos a un reclamo por infracción de derechos de autor, independientemente de sus méritos".

La notificación refiere a un registro de la base de datos Lumen donde consta el supuesto nombre de la persona que realizó la denuncia. En este caso, figura como denunciante "Cindrel Kashawnu", pero el mismo buscador de Google no arroja ningún resultado cuando se pone ese nombre. Tampoco dice cuál es la presunta infracción denunciada, ni da posibilidades de contestarla antes de la remoción del contenido, violando el derecho a la defensa.

La "desindexación", como se conoce a esta medida en la jerga del buscador, implica un proceso unilateral en el que la víctima (en este caso Sudestada) es notificada de la situación cuando ya se produjo la remoción y la afectación a sus derechos ya se produjo. No hay forma de evitarla previamente y existe una sola vía para reclamar ante la empresa, mediante una "contranotificación".

El uso de esta vía de reclamo importa para la víctima una serie de riesgos, entre los cuales incluso se incluye la posibilidad de ser denunciado judicialmente y tener que defenderse fuera del país.

"Tenga en cuenta que se le pueden exigir responsabilidades por perjuicios (que pueden incluir el pago de costas procesales y honorarios de abogados) si denuncia sin fundamento que el contenido se ha retirado o inhabilitado por error o porque se identificó incorrectamente. Por lo tanto, si no sabe con seguridad si un determinado material infringe los derechos de autor de otros, le sugerimos que busque asesoramiento legal antes de presentar la contranotificación", advierte Google.

Luego plantea otro aviso: "si envía una contranotificación (a través de nuestro formulario web o por otros medios), su información de contacto se remitirá al demandante original". Al final del formulario, la víctima de la desindexación del contenido debe aceptar una última imposición: "Acepto someterme a la jurisdicción del tribunal federal del distrito judicial en el que resido (o el distrito norte de California si mi residencia se encuentra fuera de Estados Unidos)".


La primera investigación censurada por una denuncia de derechos de autor. 

A pesar de estos riesgos, y de la falta de garantías de un proceso justo, Sudestada decidió apelar por la remoción de su investigación del buscador de Google, hecho que se produjo cuando el tema del uso de guaridas fiscales para ocultar dinero había vuelto a la agenda pública.

Ante esta apelación, Google respondió enviando el siguiente mensaje: "Recibimos muchas solicitudes de este tipo cada día; su mensaje está en nuestra cola y lo recibiremos tan pronto como lo permita nuestra carga de trabajo. Debido al gran volumen de solicitudes que recibimos, solo podremos brindarle una respuesta si determinamos que su solicitud puede ser una queja legal válida y procesable, y podemos responder con preguntas o solicitudes de aclaración".

Pocos días después de la primera notificación, el jueves 14 de octubre, el semanario Búsqueda realizó una nueva publicación de "Pandora Papers", pero esta vez se refirió a la participación del estudio Posadas, Posadas & Vecino en el esquema de lavado de Cunha y del ex diputado Henrique Eduardo Lyra Alves, otro de los políticos corruptos encarcelados por el caso Lava Jato que fue denunciado por Sudestada.

"Los más de US$ 900.000 que recibió Bellfield en 2011 —en tres transferencias sucesivas de US$ 352.000, US$ 372.000 y US$ 180.000— fueron pagos de coimas a Lyra Alves, según un fallo judicial de Brasil de 2018. En esa sentencia, cuyo contenido fue divulgado por Sudestada, se menciona que el estudio uruguayo trabajaba para el político y su sociedad anónima", publicó Búsqueda, en la nota escrita por el periodista Guillermo Draper.

El semanario también informa que remitió consultas al bufete sobre su participación en el caso, pero "el estudio decidió no responder a las preguntas".


Censura y derecho al olvido


La segunda nota censurada involucra a políticos españoles corruptos. 

Pocos días después de estos episodios, Google envió dos nuevas notificaciones a Sudestada anunciando su decisión de quitar de sus resultados otra nota periodística sobre el caso Lava Jato. Esta vez, la legislación en la que se basa la medida unilateral de la plataforma es la ley de datos personales de la Unión Europea, una normativa regional que consagra el denominado “Derecho al Olvido”. Al igual que en el caso anterior, no se proporcionó información sobre la persona denunciante, no se sabe qué contenido de la nota violaría datos personales, ni hubo posibilidad de contestar la denuncia en forma previa.

"Debido a una solicitud en virtud de la ley europea sobre protección de datos, Google ya no puede mostrar una o más páginas de tu sitio en los resultados de la Búsqueda de Google. Esto solo afecta las respuestas de algunas búsquedas de nombres o de otros identificadores personales que posiblemente aparezcan en las páginas. Solo se ven afectados los resultados de las versiones de resultados de búsqueda de Google correspondientes a los países que aplican la ley europea sobre protección de datos. No es necesario que realices ninguna acción", dice la notificación.

La nota afectada se titula "Se afianza vínculo de estudio uruguayo en la trama de la corrupción española", y contiene información sobre una denuncia presentada por tres diputados españoles involucrando al estudio jurídico del abogado uruguayo Oscar Algorta. El caso de corrupción afectó a una empresa pública de agua de la comunidad de Madrid, que terminó con el encarcelamiento del político derechista Ignacio González.

En esta segunda nota, también se da cuenta que el abogado uruguayo figura en la base de datos de otra investigación colaborativa global, conocida como "Panamá Papers", también impulsada por el ICIJ.

En este caso, ante la gravedad de ya no ser un hecho aislado sino una estrategia de silenciamiento y la indefensión para hacer frente a la decisión de Google de retirar los contenidos de sus resultados de búsqueda, Sudestada decidió presentar una acción de amparo ante la Justicia uruguaya "ante la vulneración y ataque contra los derechos a la libertad de expresión y a ser oído, a una decisión fundada y al debido proceso", dice el escrito presentado por el abogado Matías Jackson. La acción de amparo busca restituir "de manera inmediata los contenidos desindexados y se ordene la adopción de medidas de no repetición de violación de derechos humanos y garantías procesales aquí afectados, respecto de futuras denuncias contra el medio y el periodista".


Notificación de Google del retiro de la segunda investigación. 

A juicio de Sudestada, la sucesión de hechos muestra la existencia de una estrategia deliberada para restringir la circulación de información de interés público, que si bien fue publicada hace cuatro años, ahora volvió a cobrar relevancia por la publicación de la investigación trasnacional conocida como Pandora Papers.

La notificación enviada por Google implica una violación de varios derechos fundamentales, como el de presunción de inocencia, el debido proceso y también la libertad de expresión. También implica una afectación al medio a difundir información de interés público, especialmente relevante en el actual contexto global.

Por añadidura, si bien la medida no asegura la desaparición del contenido de las búsquedas, sí restringe de manera significativa su circulación, impidiendo su acceso a un número indeterminado de personas que procuran saber sobre un asunto de interés público como la corrupción pública y privada, el lavado de activos a nivel internacional y la participación de estudios jurídicos en la construcción de redes para ocultar el origen de fondos millonarios.