La Nota entregada a Barros asegura que en Perú “impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

A la salida de la reunión con el vicecanciller peruano Hugo de Zela, que duró 50 minutos, el embajador uruguayo Carlos Barros dijo que recibió la documentación que "va a ser enviada de inmediato al gobierno del Uruguay”. Barros añadió que el gobierno uruguayo evaluará la solicitud del líder aprista “todo el tiempo que sea necesario”.

El documento agrega que “no existe persecución política de ningún tipo” y que “el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del ex Presidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.

La comunicación oficial del gobierno del presidente Martín Vizcarra resalta que el “Compromiso de Lima” denominado “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, adoptado durante la Cumbre de las Américas celebrada en Lima en abril de 2018, “recoge el compromiso de los países de América, entre ellos Uruguay y Perú, de adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y de cooperar en esa tarea, habiéndose acordado de manera expresa respetar la autonomía de las instituciones que investigan posibles casos de corrupción”.

La Nota Diplomática también señala que Uruguay y el Perú “son Estados parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, cuyo objetivo es precisamente fortalecer los mecanismos anticorrupción para defender a las instituciones democráticas de sus efectos corrosivos”.

El informe recibido por el embajador uruguayo en Perú fue acompañado de un documento explicativo elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “a fin de que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay cuente con todos los elementos objetivos que le permitan un análisis completo de la situación legal del ex Presidente García”.