Alan García junto a Marcelo Odebrecht. Foto: IDL-Reporteros.

En la noche del sábado, el expresidente peruano Alan García, líder del Partido Aprista, se presentó en la casa del embajador uruguayo Carlos Barros, como un perseguido político. Dijo que sufre una persecución por parte de los “agentes” del gobierno del presidente Martín Vizcarra y solicitó asilo político en Uruguay.

Las razones de García, quien gobernó Perú en dos períodos (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011), están expuestas en una carta de tres páginas que envió al presidente Tabaré Vázquez desde la residencia diplomática uruguaya, ubicada en el aristocrático barrio de San Isidro, en la ciudad de Lima.

“Recurro a usted para solicitar asilo político en Uruguay”, escribió García, según la nota difundida por su partido. “Hoy, una vez más, en mi patria las leyes y los procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución”, aseguró el exmandatario en referencia a las acusaciones que lo involucran con el caso Odebrecht.

Según una investigación periodística del sitio peruano IDL-Reporteros, que dirige el periodista Gustavo Gorriti, García cobró 100 mil dólares de Odebrecht por una charla en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) mediante la conocida como “Caja 2”, es decir el dinero que la constructora brasileña utilizaba para el pago de favores.


El recibo de pago de Odebrecht firmado por Alan García. Fuente: IDL-Reporteros. 

IDL-Reporteros también reveló el testimonio de Marcelo Odebrecht, quien admitió que la empresa aportó dinero a todos los candidatos presidenciales peruanos de todos los partidos. En el caso específico de García negó estar al tanto de los detalles
pero dijo que quien manejaba ese vínculo era Jorge Barata, un exejecutivo de Odebrecht que vivió 12 años en Perú.

La carta a Vázquez

En su carta a Vázquez pidiendo asilo, García acusó al gobierno de su país de lanzar una persecución política luego de haber comprobado que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuszynsky, así como la candidata opositora Keiko Fujimori, tuvieron vínculos ilícitos con Odebrecht.

“En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones”, sostuvo García, sobre quien pesa un impedimento de salida del país por 18 meses por orden judicial. Está investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y organización criminal.

“Desde que concluí mi segunda presidencia he hecho frente a múltiples acusaciones y a todas he respondido, asistiendo en cuarenta y ocho (48) ocasiones a las fiscalías, a los juzgados, y al Congreso de la República. Ninguna condujo a proceso, pues ninguna evidencia ni prueba se halló. Pero sirvieron para la destrucción sistemática y periodística de mi imagen política”, escribió García.

El exmandatario calificó al gobierno de Martín Vizcarra como “en apariencia democrático” y detalla la situación en que se encuentra la Justicia peruana debido a un escándalo de corrupción que terminó con la renuncia del Consejo Nacional de la Magistratura.

García comparó su situación actual con la que vivió en 1992, cuando fue acogido por Colombia ante las acusaciones del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.

“Por tal causa, como presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay, hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país. Es gracia que espero alcanzar”, finaliza la carta dirigida a Vázquez.