El presidente Tabaré Vázquez anunció en la mañana de este lunes su decisión de rechazar el pedido de García, luego de explicar en detalle cómo se dio el proceso desde que el exmandatario se presentó en la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros.

Cuando García pidió “refugio” en la embajada el gobierno uruguayo lo concedió en base a consideraciones “jurídicas”. “Había que darle una respuesta rápida”, justificó Vázquez.

Al explicar su decisión el presidente citó al jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga, quien es su obra “Derecho Internacional Público” escribió: “Tratándose del asilo territorial ingresado por cualquier medio al país, el pretenso asilado será considerado como tal. En el Uruguay, el decreto del 5 de julio de 1956, en su artículo 1º establece que se considera refugiado (asilado) político a todo extranjero residente en la República por motivos derivados de una persecución política presumiblemente cierta”.

Además, Jiménez de Aréchaga señala que “En caso de solicitarse asilo, el decreto del 5 de diciembre de 1978 establece que la solicitud “será resuelta por el presidente de la República en acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores”. Es tradición del Uruguay en esas circunstancias conceder asilo y refugio hasta se determine si se le dará o no a quien lo ha solicitado”.

Vázquez contó que recibió una llamada del presidente peruano Martín Vizcarra quien le planteó su interés de enviar información sobre la situación procesal de García, lo cual fue aceptado por el gobierno uruguayo. Así, según el mandatario uruguayo, se recibieron “más de mil hojas, que tuvimos que estudiar, con mucho gusto”, así como las cartas que presentaron los abogados de Alan García.

Vázquez dijo que se “dejaron de lado” otras “múltiples comunicaciones” recibidas por el gobierno, de organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales de Derechos Humanos, opiniones políticas, de dirigentes políticos de distintos lados, y “un torrente de llamadas de medios de prensa internacionales” interesados en el tema.

Asimismo, el mandatario dijo que la situación se analizó con el canciller Rodolfo Nin Novoa y la División Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de la Presidencia, y se tuvieron en cuenta otros elementos jurídicos

Por su parte, Nin Novoa dijo que García pidió asilo en base al Tratado de Caracas de 1954, acuerdo regional que establece en su artículo 2 que “Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega”.

El canciller también citó el tercer artículo del Tratado, en el cual se señala que “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.

Nin también dijo que el gobierno tomó su decisión tomando en consideración la opinión del profesor Manuel Vieira, en su obra “Derecho sobre asilo diplomático”, quien sostuvo que “Este derecho constituye uno de los valores fundamentales para la protección de vidas humanas cuya única culpa es la de clamar por sus creencias filosóficas, políticas o religiosas”.

El ministro añadió que en dicha obra también se advertía sobre los “graves peligros” que podía causar “el mal uso del instituto de asilo para impedir el accionar de la Justicia, proclamando así la impunidad”.

De inmediato, el canciller aseguró que “el gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú”.

En consecuencia, añadió Nin Novoa, “se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos hablado ya con el canciller del Perú, para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática”.

Vázquez complementó: “En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo. Entre otras cosas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú”.

El impacto en Perú

Residencia del embajador uruguayo en LIma. 

Si bien Vázquez fue consultado durante la conferencia de prensa sobre el plazo que tenía García para abandonar la residencia del embajador, y el mandatario dijo que debía ser "inmediatamente", Sudestada pudo confirmar en Lima que al momento del anuncio oficial en Montevideo el expresidente peruano ya había abandonado el edificio. 
 
La Cancillería peruana emitió un comunicado esta mañana informando sobre la decisión de su par uruguaya y dando cuenta de la salida de García de la sede diplomática. “De conformidad con la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, el gobierno uruguayo, tras denegar el asilo político, solicitó al expresidente García que se retirase de la sede de su embajada en Lima, hecho que ocurrió esta mañana”, dice la comunicación.

En la capital peruana existe incertidumbre respecto a la situación de García, quien decidió pedir asilo a Uruguay luego de que se prohibiera su salida del país a fin de indagarlo sobre el cobro de sobornos de la empresa constructora Odebrecht para obetener beneficios en contratos de obra pública durante la segunda gestión presidencial del líder del Partido Aprista (2006-2011). 

En la mañana de este lunes tanto su secretario personal Ricardo Pinedo, como su hija Carla García, aseguraban que el exmandatario se encuentra visitando a su nieta y que luego se dirigirá a su casa.